Acceso a la justicia:
DARPÖ, Jan. On the Bright Side (Of the EU’s Janus Face) The Eu Commission’s Notice on Access to Justice in Environmental Matters. Journal for European Environmental & Planning Law, vol. 14, n. 3-4, diciembre 2017, pp. 373-398. Disponible en: https://doi.org/10.1163/18760104-01403007 (Fecha de último acceso 09-06-2021).
Actividades clasificadas:
JORDANO FRAGA, Jesús. El control ambiental municipal de las actividades y la vulnerabilidad: la calificación ambiental y la liberalización del acceso a los servicios. Revista de estudios locales: Cunal, n. 236, 2020, pp. 80-105
Agricultura:
ANKER, Helle Tegner; BACKES, Chris W.; BAANER, Lasse; et al. Natura 2000 and the Regulation of Agricultural Ammoia Emissions. Journal for European Environmental & Planning Law, vol. 16, n. 4, diciembre 2019, pp. 340-371. Disponible en: https://doi.org/10.1163/18760104-01604003 (Fecha de último acceso 09-06-2021).
GARCÍA AZCÁRATE, Tomás. La agricultura española ante la reforma de la política agraria europea. Temas para el debate, n. 316, abril 2021, pp. 18-22
Aguas:
ACOSTA, Aída Cecilia. Autoconvocadxs Tunuyán por el Agua: entrevista a Benche Galdame. Relaciones Internacionales (Universidad Autónoma de Madrid), n. 45, octubre 2020, pp. 359-363. Disponible en: https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/12903
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 28 de enero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Miguel Pedro Pardo Castillo)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 658/2021 – ECLI:ES:TSJAND:2021:658
Palabras clave: Infracción. Vertidos. Sanción. Competencias. Ayuntamiento. Comunidad de propietarios.
Resumen:
El Ayuntamiento de Linares formula recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de fecha 22 de septiembre de 2017, dictada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que impuso una sanción de multa por importe de 8.000 euros y la obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico en la cantidad de 1.564,40 euros al propio Ayuntamiento y a una Comunidad de Propietarios para que corrijan inmediatamente los vertidos denunciados y para que en el plazo de un mes soliciten su preceptiva legalización.
El Ayuntamiento considera que la propiedad y la responsabilidad de la depuración de aguas residuales, y, por ende, de la realización de vertidos a cauces públicos, corresponde exclusivamente a la Comunidad de Propietarios y al promotor de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de enero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Javier Albar García)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AR 132/2021 – ECLI:ES:TSJAR:2021:132
Palabras clave: Ayuntamientos. Clasificación de suelos. Desastres naturales. Planeamiento urbanístico. Urbanismo.
Resumen:
Una asociación ecologista interpone recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca de 29 de noviembre de 2017, a través del cual se aprueba definitivamente la Modificación aislada número 13 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio pirenaico de Sallent de Gallego.
Esta modificación del Plan General afectaba al núcleo de Formigal, muy próximo a las pistas de esquí alpino del mismo nombre, y, más en concreto, consistía en la exclusión de una porción de unos 11.100 metros cuadrados de suelo no urbanizable delimitado de uso residencial, para pasar a clasificarse como suelo urbano no consolidado.
Todo ello enmarcado en una operación urbanística de mayor envergadura. Pues en realidad, el sector del que se desgajaban estos suelos ahora clasificados como urbano no consolidado,
Éstos son los títulos donde se ha encontrado algún capítulo jurídico ambiental:
CHIRINOS ARAQUE, Yamarú; RAMÍREZ GARCÍA, Adán; GODÍNEZ LÓPEZ, Roberto (Coords.); et al. Tendencias en la investigación universitaria: una visión desde Latinoamérica. Colombia: Universidad Continente Americano; Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero”; Alianza de Investigadores Internacionales (ALININ), 2020. BAS SOTELO, Miguel Ángel de; GARCÍA-MONTEAVARO MARTÍN, María (Coords). Buenas prácticas en la innovación pública. Madrid: El Consultor – La Ley, 2021. SOTO CARRASCO, David; PALACIOS MORENO, Mario A. (Coords). El reto de la Agenda 2030: desafíos éticos y experiencias ambientalistas en Iberoamérica. Ecuador: UPACIFICO, 2020. Disponible en: http://www.upacifico.edu.ec/revistacaracter/libros/LIBRO-3-Colecci%C3%B3n-Pac%C3%ADfico-2020.pdf (Fecha de último acceso 10-03-2021). LAPIEDRA, Rafael; RODRÍGUEZ, Rosa María (eds). Turismo: Nuevo Paradigma Tras la Covid-19. XXIII Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
Ayuntamientos:
Capítulo 43. Impulso de la Responsabilidad Social Corporativa en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. En: BAS SOTELO, Miguel Ángel de; GARCÍA-MONTEAVARO MARTÍN, María (Coords). Buenas prácticas en la innovación pública. Madrid: El Consultorr – La Ley, 2021.
Biodiversidad:
MUÑIZ PÉREZ, Julio César. El nuevo convenio ONU para la protección de la biodiversidad: axiología, objetivos y realidad. En. SOTO CARRASCO, David;
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 16 de septiembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Rafael Pérez Nieto)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ STSJ CV 5266/2020 – ECLI:ES:TSJCV:2020:5266
Temas clave: Responsabilidad Administración. Plan General Ordenación Urbana. Red Natura 2000. Indemnización.
Resumen:
En este asunto, el objeto de la impugnación que establece el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas es la resolución de 18-10-2018 de la Consellería d`Habitage, Obres Públiques y Vertebració del Territori, Generalitat Valenciana, que denegó la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados de la declaración judicial de nulidad del plan general de ordenación urbana (en adelante, PGOU) mediante STSJCV de 13-11-2013 confirmada por STS de 27-11-2015. En concreto, el Ayuntamiento alega haber padecido daños y perjuicios a consecuencia de la anulación del PGOU, tales como los gastos invertidos en su elaboración (244.236,88 euros) o con la devolución de las tasas por la tramitación del PAI (programa de actuación integrada) (209.419,68 euros).
En su demanda, el Ayuntamiento manifiesta que en este caso se
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