Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 25 de noviembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Antonio López Tomás)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CV 4173/2025- ECLI:ES:TSJCV:2025:4173
Palabras clave: Costas. Planeamiento. Urbanismo.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional Arca Ibérica contra el Ayuntamiento de Almenara y una mercantil, en relación con el Acuerdo del Pleno de 20 de julio de 2023, por el que se aprobó definitivamente el Plan Parcial del Sector Playa de Almenara.
La parte actora alega, entre otros motivos, la falta de publicación de la Declaración Territorial Estratégica, la caducidad de la evaluación ambiental, la insuficiencia de los informes preceptivos y la vulneración de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Por su parte, el Ayuntamiento y la codemandada sostienen la validez del procedimiento seguido y la concurrencia de los informes exigibles.
La Sala examina, en primer término, la legitimación de la asociación recurrente y concluye que esta se halla legitimada para el ejercicio de la acción pública urbanística. A tal efecto, se remite a la Ley del
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 25 de noviembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Edilberto José Narbón Lainez)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CV 3810/2025- ECLI:ES:TSJCV:2025:3810
Palabras clave: Energías renovables. Medidas cautelares.
Resumen:
El pronunciamiento analizado resuelve el recurso de apelación interpuesto por una mercantil dedicada a la explotación de instalaciones agropecuarias y piscícolas, así como a la distribución de los productos obtenidos, contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Alicante, que denegó la medida cautelar de suspensión del Decreto n.º 2024/0100 de la Alcaldía de Salinas, relativo a la concesión de licencia urbanística para la instalación de la planta de energía solar fotovoltaica FV Argos, solicitada por otra mercantil que opera en el sector energético.
La apelante alega la afección a fincas rústicas protegidas, a la actividad de enoturismo de la Finca Collado y la incompatibilidad de la ubicación de la planta con zonas LIC y ZEPA. La planta fotovoltaica ocuparía 1.874.450 m² y tendría una potencia instalada de 84,0 MW.
El Tribunal analiza los intereses en conflicto, el periculum in mora y el
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 21 de noviembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Inmaculada Gil Gómez)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CV 4099/2025- ECLI:ES:TSJCV:2025:4099
Palabras clave: Acceso a la justicia. Evaluación ambiental. Urbanismo.
Resumen:
El pronunciamiento analizado resuelve el recurso interpuesto por una mercantil contra la Resolución de 26 de febrero de 2024, por la que se inadmitió su recurso de alzada frente al informe ambiental desfavorable emitido en relación con el Plan Especial de Ordenación de Suelo No Urbanizable para la implantación de un mercadillo turístico en Guardamar del Segura (Alicante), aprobado mediante Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de 27 de abril de 2023.
La Sala reconoce la legitimación activa de la mercantil recurrente, al haber impulsado la tramitación del plan especial y ostentar un interés legítimo directamente afectado por la resolución impugnada. En este sentido, se menciona el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, de 2 de octubre de 2020, por el que se declara de interés general el mercadillo turístico promovido por la empresa y se solicita la evaluación ambiental
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 3 de noviembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Inmaculada Gil Gómez)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CV 3717/2025- ECLI:ES:TSJCV:2025: 3717
Palabras clave: Minería. Principio de tipicidad. Residuos. Sanciones.
Resumen:
La sentencia que se analiza resuelve el recurso ordinario interpuesto por una sociedad mercantil contra la Resolución de 7 de febrero de 2024, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la Resolución de 30 de octubre de 2023, por la que se le impuso una multa de 200.000 euros por infracción grave, al amparo del artículo 93.3.a) de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
La parte actora alega vulneración del principio de tipicidad, cuestiona la presunción de veracidad de los funcionarios actuantes y denuncia la falta de motivación y de proporcionalidad de la sanción.
A tal fin, se le imputa el ejercicio de una actividad de vertedero de residuos no peligrosos sin autorización ambiental integrada (AAI), calificada como infracción grave conforme al precepto citado. Ahora bien, de los antecedentes obrantes
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 25 de septiembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, María Desamparados Iruela Jiménez)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CV 3057/2025- ECLI:ES:TSJCV:2025:3057
Palabras clave: Combustibles. Contaminación atmosférica. Emisión de contaminantes a la atmósfera.
Resumen:
La sentencia que se trae a colación resuelve el litigio entre una sociedad mercantil y la Generalitat Valenciana en relación con la obligación de instalar sondas de medición en continuo de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y de sólidos en suspensión en su planta de biodiésel y glicerina, sita en Algemesí. En particular, se impugna la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del secretario autonómico de Emergencia Climática y Transición Ecológica, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por la mercantil contra la Resolución del director general de Calidad y Educación Ambiental, de 25 de mayo de 2022 (expediente 023/19/IPPC).
La mercantil solicitó la modificación sustancial de su Autorización Ambiental Integrada (AAI), que fue sometida a información pública y recibió informes de organismos competentes, entre ellos la EPSAR,
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