Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 171/2016, de 6 de octubre de 2016 (Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 276, de 15 de noviembre de 2016
Temas Clave: Eficiencia energética; Cogeneración de alta eficiencia; Funciones ejecutivas; Autorización de instalaciones eléctricas; Evaluación y análisis
Resumen:
El Pleno del Tribunal Constitucional examina a través de este proceso constitucional el conflicto de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el art. 13 y disposiciones finales primera y cuarta del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero (RD), por el que se transpone la Directiva 2012/27/21/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña considera que el Estado se ha excedido en su competencia para la fijación de las bases del régimen energético (art. 149.1.25 CE), lo que se traduce en un menoscabo de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de julio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Isabel Hernández Pascual)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CAT 8231/2016 – ECLI:ES:TSJCAT:2016:8231
Temas Clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una asociación contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona, de 4 de marzo de 2010, a través del cual se aprueba definitivamente el Plan Especial de Desarrollo y Mejora del Parque Agrario de Sabadell. De igual modo, el recurso alcanza indirectamente al Plan General de Ordenación Urbana de Sabadell y diversas modificaciones del mismo, en lo concerniente a determinaciones relativas al ámbito espacial del Plan Especial recurrido.
Entre las determinaciones de este Plan Especial, se encuentra la calificación de suelos circundantes de la ciudad de Sabadell como Sistema Parque Periurbano, Sistema Parque Agrícola y como Sistema Conector Ambiental.
En cuanto al contenido del escrito de demanda, son variados los motivos planteados por la parte recurrente a fin de sostener su petición de nulidad del instrumento objeto de controversia. Así, se hallan
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 17 de noviembre de 2016, asunto C-348/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial en relación con la interpretación de la Directiva de evaluación de impacto ambiental de proyectos
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-348/15
Temas clave: Evaluación de impacto ambiental, proyectos, ámbito de aplicación, acto legislativo
Resumen:
La cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1 de la Directiva EIA y de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. La cuestión deriva de un litigio entre ciudad de Wiener Neustadt, Austria y el Gobierno del Land de Baja Austria, en relación con la legalidad de la decisión por la que éste declaró que debía considerarse autorizada la explotación de una planta de tratamiento de combustibles de sustitución en la que básicamente se trituran residuos de plástico hasta reducirlos a un tamaño que permite emplearlos como combustible industrial de sustitución, principalmente utilizado en la industria cementera.
La autorización de su ampliación se concedió sin haberla sometido a previa evaluación de impacto.
Destacamos
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Autor: José Antonio Ramos Medrano. Técnico de Administración General. Ayuntamiento de Madrid (ramosmja@madrid.es)
Fuente: STS 4838/2016 – ECLI:ES:TS:2016:4838
Temas Clave: Crecimiento justificado. Suelo urbanizable. Evaluación de impacto ambiental. Red Natura 2000. Suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos
Resumen:
La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria, (ARCA) impugnó en vía contenciosa la aprobación del PGOU de Santander por recoger un crecimiento de población que consideraba excesivo e injustificado en la medida en que preveía alcanzar los 261.000 habitantes en el año 2024, lo que implicaba la construcción de 35.316 nuevas viviendas agotando prácticamente todo el suelo urbanizable de la ciudad. Además de considerarlo excesivo e injustificado, lo impugnaba también por no disponer de suficientes recursos hídricos para este crecimiento en la medida en que esta asociación ecologista había impugnado la construcción del bitrasvase Ebro-Pas-Besaya que afectaba a espacios incluidos en la Red Natura 2000.
Este trasvase desde el pantano del Ebro a las poblaciones de Torrelavega y Santander era bidireccional permitiendo llevar agua desde el embalse del Ebro a los núcleos urbanos en los meses de
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili y Subdirectora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 4762/2016 – ECLI:ES:TS:2016:4762
Temas Clave: Costas; Dominio público marítimo-terrestre; Urbanizaciones marítimo-terrestres; Marinas; Retroactividad
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Port d’Empuriabrava, S.A., contra el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de costas, interviniendo como parte demandada la Administración General del Estado.
La recurrente solicitaba que se dictase sentencia estimando el recurso presentado, en virtud de diferentes motivos expuestos en su escrito de demanda. Con carácter principal, solicitaba que se declarase como no conforme a derecho y se anulase el Real Decreto 876/2014, por haberse vulnerado, en su opinión, la normativa relativa al procedimiento de elaboración de reglamentos en el ámbito estatal. En defecto de esta petición, pedía que se declarasen como no conformes a derecho y se anulasen los artículos 181 a 184, que regulan el canon de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, y
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