Instrumentos y protocolos internacionales:
BELLORIO CLABOT, Dino Luis; NEVE, Juan Pablo. El Acuerdo de Escazú, políticas públicas sostenibles y democratización ambiental para los países de Latinoamérica y el Caribe. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, n. 33, octubre 2019. Disponible en: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=aa5a5ad8ff4b3ab6eb8db8c8b2972f2d (Fecha de último acceso 08-06-2020).
BENEDICTIS, Leonardo de. El cambio climático y la eficacia de los Acuerdos Internacionales ¿Avanzamos en el rumbo correcto?. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, n. 32, agosto 2019. Disponible en: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=6552fbbe8d4423ea26b78b8026a8aae2 (Fecha de último acceso 08-06-2020).
BLOIS, Mariano J. Obligaciones internacionales en relación con el medio ambiente según la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, n. 31, abril 2019. Disponible en: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=d09c0398317a9ee2c10e21471023d290 (Fecha de último acceso 08-06-2020).
LAWRENCE, Peter; REDER, Michel. Equity and the Paris Agreement: Legal and Philosophical Perspectives. Journal of Environmental Law, vol. 31, n. 3, noviembre 2019, pp. 511-531.
MARTINS PEREIRA DA SILVA, Daniela. Análise da jurisdição no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar: ¿uma vocação expansionista? Revista jurídica Portucalense, n. 23, 2018, pp. 49-100. Disponible en Internet: https://revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/12248 (Fecha de último
Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOCM núm. 246, de 26 de diciembre de 2019
Temas Clave: Participación; Sociedad civil; Instituciones públicas; Políticas; Organización; Ejercicio del derecho
Resumen:
En el contexto actual, la profundización democrática se ha convertido en uno de los principales retos a nivel internacional, puesto de manifiesto por diferentes instancias de gobierno y por la propia sociedad civil. El impulso de formas directas de participación ciudadana que complementen las instituciones representativas se ha convertido en una demanda social de primera magnitud.
El derecho a la participación, entendido como el derecho de toda persona a intervenir, por sí o por medio de sus representantes, en el gobierno de su país aparece proclamado en diversos instrumentos internacionales, tanto de ámbito general como sectorial. Por su parte, el artículo 10.3 del Tratado de la Unión Europea, redactado por el Tratado de Lisboa, proclama el derecho de todo ciudadano a participar en la vida democrática de la Unión y a que las decisiones se tomen de la forma más abierta y próxima a
Estimados lectores:
Por sexto año consecutivo, tenemos el placer de ofrecerles la Memoria 2018 que gustosamente nos ha facilitado en primicia el Excmo. Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, que detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado a lo largo del año 2018, siguiendo la misma línea fijada en las memorias precedentes.
Se analizan los temas relativos a las actividades e iniciativas desarrolladas por la Fiscalía de medio ambiente y urbanismo, como son sus relaciones institucionales e internacionales o actividades desarrolladas en materia de formación.
Cabe destacar que se introducen algunos apartados nuevos en el ámbito de la casuística: fondeaderos ilegales, pesticidas, la presencia del cangrejo azul en la Albufera de Valencia, responsabilidad penal de las personas jurídicas y un mayor énfasis en el tráfico de especies protegidas (CITES).
En un detallado capítulo se examinan las aportaciones más reseñables en la materia realizadas por las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías de España, como son el urbanismo y ordenación del territorio, prevaricación en ordenación del territorio y otros delitos de similar naturaleza, demoliciones, incendios forestales, patrimonio histórico, grafiteros, especies protegidas de flora y
Estimados lectores:
Por quinto año consecutivo, tenemos el placer de ofrecerles la Memoria 2017 que gustosamente nos ha facilitado en primicia el Excmo. Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, que detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado a lo largo del año 2017, siguiendo la misma línea fijada en las memorias precedentes.
Se analizan los temas relativos a las actividades e iniciativas desarrolladas por la Fiscalía de medio ambiente y urbanismo, como son sus relaciones institucionales e internacionales o actividades desarrolladas en materia de formación.
Cabe destacar que, a lo largo del año 2017, la Unidad Especializada de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha intervenido en la elaboración del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres, aprobado finalmente en Consejo de Ministros de 14 de febrero de 2018, así como se deben resaltar las comunicaciones de la organización Global Witness en relación a posibles importaciones de madera procedentes de determinados países de África (madera entre la que podría estar la procedente de especies recogidas en apéndices del Convenio CITES) o la investigación sobre
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 29 de diciembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Miguel Blanco Domínguez)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 4095/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:4095
Temas Clave: Consejo Regional de Medio Ambiente; Participación; Información; Organizaciones medioambientales
Resumen:
La “Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León” impugna el Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León. En realidad, pretende que se anulen aquellos preceptos directamente relacionados con la composición del Consejo (artículos 5.1, 6.1, 7.1 y 8.1).
Los motivos alegados para fundamentar su pretensión son los siguientes:
-Vulneración del derecho constitucional de participación al considerar infringidos los artículos 19.3, 1 b) y 3.2.a) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En esta estela considera que la mayoría de los miembros del Consejo son altos cargos de la
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