Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha de 27 de julio 2021 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: María Desamparados Iruela Jiménez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ CV 4171/2021 – ECLI:ES:TSJCV:2021:4171
Palabras clave: Caza. Silvestrismo. Silencio administrativo.
Resumen:
En esta sentencia, interviene como recurrente la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana y Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española, contra la desestimación por silencio administrativo por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, de la Generalitat Valenciana, de la apelación anterior contra otra resolución de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental.
Esa resolución inicial concluyó “no conceder durante el año 2018 autorizaciones excepcionales para las capturas anuales de aves fringílidas en la Comunidad Valenciana, repartidas entre las asociaciones silvestristas”. Con esta resolución se trataba de anticipar el final del periodo transitorio establecido provisionalmente en la Orden 20/2016 por la cual de forma excepcional se autorizaba la captura, tenencia y cría de aves fringílidas
Real Decreto 986/2021, de 16 de noviembre, por el que se establecen medidas de aplicación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, y del Reglamento (CE) n.º 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) En tu caso, lo que quieras que aparezca
Fuente: BOE n. 295, de 10 de diciembre de 2021
Palabras Clave: CITES. Autoridades administrativas y científicas. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. CSIC. Competencias.
Resumen:
La adhesión de España al CITES se efectuó el 16 de mayo de 1986. Su artículo IX.1.a) y b) establece que las partes han de designar una o más autoridades administrativas competentes para conceder permisos o certificados en nombre de dicha parte y una o más autoridades científicas.
Este Real decreto tiene por objeto designar a la autoridad administrativa y órgano de gestión
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 19 de marzo de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Pilar Martínez Ceyanes)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ:STSJ AS 1118/2021 – ECLI:ES:TSJAS:2021:1118
Palabras clave: Aves. Biodiversidad. Especies cinegéticas. Especies catalogadas. Especies protegidas.
Resumen:
En el presente supuesto, la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife), impugna la Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, por la que se autoriza el Plan de Actuaciones para el Control del Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) para reducir su impacto sobre la población de salmónidos.
La demandante considera que la precitada resolución vulnera la Directiva 2009/147 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, en concreto, sus artículos 5, 9 y el Anexo II. Los artículos mencionados fueron transpuestos al marco jurídico nacional mediante los artículos 54 y 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Extremadura establece los órganos de gestión, administración y participación de la parte española de la Reserva de la Biosfera y su composición (Decreto 123/2021)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Diario Oficial de Extremadura número 211 de tres de noviembre de 2021
Palabras clave: Reserva Biosfera. Espacio natural. Biodiversidad. Desarrollo sostenible.
Resumen:
En el año 1972, en el seno de la UNESCO se estableció el “Programa El Hombre y la Biosfera” (MaB, según sus siglas en inglés). Una vez definido el concepto de “Reserva de la Biosfera”, en 1976 se designaron las primeras reservas de la biosfera del Programa MaB como conjuntos de ecosistemas terrestres o costeros, representativos de regiones biogeográficas más amplias, en los que la interacción entre sociedad y patrimonio natural y cultural es considerada esencial para conseguir un desarrollo sostenible.
En marzo de 2016 la UNESCO, durante la 28ª Sesión del Consejo de Coordinación Internacional (CCI) del Programa MaB celebrada en la ciudad de Lima (Perú), aprobó la candidatura y designó la Reserva de la
Crónica del ICEL/UC3M International Symposium (Madrid, 19-11-2021), “Towards a global legal framework in harmony and peace with nature”
Autor: Juan Azorín Toboso, Universidad de Castilla-La Mancha
Palabras clave: Universidad. Formación. Derecho ambiental. Derechos fundamentales. Aguas. Salud.
Resumen:
Tal y como se desprende de su rúbrica, la razón de ser del simposio del International Council of Environmental Law, acogido por la Universidad Carlos III, ha sido la reflexión y el debate acerca del establecimiento de una infraestructura jurídica en comunión con la naturaleza, esto es, de la instauración de un marco legal que no sólo respete, sino que también preserve el mundo en que vivimos[1].
Esta loable propuesta se manifiesta ya desde las primeras ponencias relativas a la justicia climática y a la relación entre los seres humanos y la naturaleza. En ellas se han reflejado diversos ejemplos y planteamientos globales, regionales (tanto desde un punto de vista político, como la Unión Europea, como geográfico, por ejemplo, la Patagonia) o nacionales (Colombia) tendentes a erigir la justicia climática en la cúspide hacia la que han de converger los litigios y las políticas concernientes al medioambiente. A partir de ahí,
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