Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 9 de enero de 2026 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: María Antonia Lallana Dupla)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 291/2026 – ECLI:ES: TSJCL: 2026:291
Palabras clave: Tasas. Residuos domésticos. Informe técnico económico. Capacidad económica. Quien contamina paga. Proporcionalidad. Cuota tributaria. Evaluación del impacto de género.
Resumen:
La Sala se pronuncia sobre el recurso contencioso-administrativo formulado por un particular y una mercantil contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de León de 28 de diciembre de 2023, por el que se aprobó definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios de transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos domésticos y asimilables a domésticos.
Es parte demandada el ayuntamiento de León.
Los recurrentes interesan la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza por imprecisión y falta de motivación del informe técnico económico; y por conculcar los principios de equivalencia y capacidad económica, y el de quien contamina paga. Al efecto, alegan que las tasas deben cubrir, sin excederse, el coste real o previsible del
Decreto Legislativo 1/2025, de 28 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de los Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón
Autor: Dr. Fernando López Pérez. Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: BOA núm. 108, de 9 de junio de 2025
Palabras clave: Comunidades Autónomas. Energía eólica. Energía solar fotovoltaica. Energías renovables. Fiscalidad ambiental. Principio “Quien contamina paga”.
Resumen:
Este Decreto Legislativo trae causa de la delegación legislativa contenida en la disposición final segunda de la Ley 2/2024, de 23 de mayo, a fin de aprobar un texto refundido que acoja todos los impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón -a excepción del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales regulado en la Ley 8/2021, de 9 de diciembre-, partiendo del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, el cual se toma como referencia para efectuar la refundición, con las modificaciones introducidas por las siguientes normas:
-Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
-Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
–Ley
Sentencia 142/2024, del pleno del Tribunal Constitucional (Ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador Ramón y Cajal del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. IESA-CSIC. Córdoba
Fuente: Boletín Oficial del Estado, número 311, de 26 de diciembre de 2024
Palabras clave: Dominio público. Personalidad jurídica. Convenio Ramsar. Red Natura 2000. Restauración. Ecocentrismo. Principio quien contamina paga.
Resumen:
El objeto de la presente sentencia es el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados. De manera concreta, la totalidad de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Los derechos reseñados objeto de recurso son, el Derecho a existir y a evolucionar naturalmente: El Mar Menor está regido por un orden natural o ley ecológica que hace posible que exista como ecosistema lagunar y como ecosistema terrestre en su cuenca.
La concepción de la ley en cuanto al derecho a existir significa el respeto a esta ley, para asegurar el equilibro y la capacidad de regulación del ecosistema ante el desequilibrio provocado por las presiones antrópicas procedentes mayoritariamente de la cuenca vertiente. El derecho a la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 5 de febrero de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 1 Ponente: Julián Manuel Moreno Retamino)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ AND 913/2024 – ECLI: ES:TSJAND:2024:913
Palabras clave: Fiscalidad ambiental. Residuos. Residuos peligrosos. Impuesto sobre depósito de residuos.
Resumen:
La sentencia de autos aborda la impugnación de la Resolución de 18 de enero de 2022 del Tribunal Económico Administrativo de la Juntade Andalucía que desestima reclamación contra la liquidación girada por la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Huelva, en relación en el impuesto sobre depósito de residuos peligrosos ejercicio de 2018.
La mercantil actora argumenta que la liquidación impuesta no es correcta, ya que se debería distinguir entre residuos peligrosos depositados en vertederos específicos y aquellos depositados en vertederos de residuos no peligrosos. En concreto, basa su reclamación en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, específicamente en su artículo 67, que establece el hecho imponible del impuesto sobre el depósito de residuos peligrosos. Asimismo, cita el artículo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de junio de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Capilla Hermosilla Donaire)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ CAT 6392/2023 – ECLI:ES:TSJCAT:2023:6392
Palabras clave: Principio “Quien contamina paga”. Residuos. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Resumen:
Se recurre en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Barcelona de 25 de abril de 2022, por parte de la abogacía del Estado, la Generalitat de Cataluña y la Fundación ECOTIC. Esta sentencia juzgaba la legalidad de la autorización otorgada a esta Fundación ECOTIC, constituida como sistema colectivo de responsabilidad ampliada de los productores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -en adelante, RAEE-, de conformidad con las obligaciones recogidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados -hoy derogada- y el vigente Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Entre otras cuestiones que soslayo por carecer de interés a los efectos de este análisis, la sentencia de
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