Aguas:
Corte Suprema de Justicia de la Nación – “Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná Control Contaminación y Restauración del Hábitat y otro c. Carboquímica del Paraná S.A. y otro s/ incidente de medida cautelar.” – 02 de Julio de 2020. El Derecho – Ambiental, n. 3, septiembre 2020.
VICENTE GIMÉNEZ, Teresa. La Corte Constitucional de Colombia reconoce al río Atrato como sujeto de derecho: los cambios ontológicos y epistemológicos que implica reconocer derechos propios al medio natural. Jueces para la democracia, n. 98, 2020, pp. 41-60.
Bienestar animal:
BAQUERO RIVEROS, Javier. Los animales, víctimas modernas de la inseguridad jurídica colombiana. Derecho Animal vol. 9, n. 4, 2018, pp. 151-163. Disponible en: https://doi.org/10.5565/rev/da.370 (Fecha de último acceso 22-09-2020).
JIMÉNEZ LÓPEZ, Irene; LORENTE RIVERA, Carles Joan. Comentario sobre la nueva Ordenanza municipal de protección, tenencia y bienestar animal de Sabadell. Derecho Animal vol. 9, n. 4, 2018, pp. 129-137. Disponible en: https://doi.org/10.5565/rev/da.373 (Fecha de último acceso 22-09-2020).
MEDIAVILLA SÁNCHEZ, Claudia. La acusación popular ejercida en los delitos contra la protección de los animales en la modalidad de comisión por omisión. Comentario a Sentencia 116/2018 de 21
Movilidad sostenible:
SOCAS GIL, Yohany Celeste; HERNÁNDEZ PONCE, Luis Enrique. Movilidad sostenible: estrategia fundamental para la transformación integral de la zona industrial Villa Lucre, Panamá. Revista Americana de Urbanismo, n. 1, 2019, pp. 187-230.
Ordenación del territorio:
NORIEGA MORENO, Ledy Helena. Planificación territorial y sostenibilidad ambiental: los conflictos territoriales entre la población, la industria petrolera y la naturaleza en el municipio de Barrancabemeja, Santancer-Colombia. Revista Americana de Urbanismo, n. 1, 2019, pp. 111-156.
VÁSQUEZ SANTAMARÍA, Jorge Eduardo. El paisaje en el ordenamiento territorial en Medellín. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 48, n. 129, julio-diciembre 2018, pp. 587-611. Disponible en: https://doi.org/10.18566/rfdcp.v48n129.a11 (Fecha de último acceso 30-09-2020).
Organizaciones no gubernamentales (ONG):
MUÑOZ MÁRQUEZ, Luz; MOYA MALAPEIRA, David. NGOs environmental legal mobilization and their access to the Spanish Supreme Court. Oñati socio-legal series, vol. 9, n. 3, 2019, pp. 308-332. Disponible en Internet: https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1061 (Fecha de último acceso 28-08-2020).
Organismos modificados genéticamente (OMG):
CABRERA MEDAGLIA, Jorge. Digital Sequence Information (DSI) and national measures: approaches and perspectives. SouthViews, n. 205, agosto 2020, 7 p. Disponible en: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/08/SouthViews-Cabrera.pdf (Fecha de último acceso 22-09-2020).
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Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 2568/2018, Ponente: Inés María Huerta Garicano)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e Investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 2653/2020 – ECLI: ES:TS:2020:2653
Palabras clave: Patrimonio Natural. Biodiversidad. Plan Especial para la Protección del Medio Natural y el Paisaje. Plan Territorial Sectorial. Evaluación Ambiental Estratégica.
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Campings de Sant Pere Pescador contra la Sentencia núm. 895, de 15 de diciembre de 2017, de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó en parte el recurso contencioso-administrativo deducido por dicha Asociación frente al Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña GOV/254/2010, de 23 de noviembre, por el que se aprobó definitivamente el Plan especial de protección del medio natural y del paisaje “Aiguamolls de l’Alt Empordà”, en los términos municipales de Armentera, Castelló d’Empúries, la Escala, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i
Sentencia 96/2020, de 21 de julio del Tribunal Constitucional (Ponente Juan José Gonzalez Rivas)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE número 220, de 15 de agosto de 2020
Palabras clave: Monte público forestal. Deslinde. Catalogación. Utilidad pública
Resumen:
El objeto de inconstitucionalidad se plantea por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, respecto del art. 6.1.3 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía, por posible vulneración del art. 149.1.18 CE.
«Artículo 6.
1. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley, la Comunidad Autónoma ostenta las potestades siguientes:
[…]
3. Investigar, deslindar y recuperar de oficio los montes públicos.»
Se plantea que el precepto cuestionado, al atribuir a la administración forestal autonómica la potestad de deslinde de todos los montes públicos, entra en contradicción con la normativa básica [art. 21.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes (LM, en lo sucesivo)], que reserva esta potestad a la administración titular
Decreto-ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOCAN núm. 187, de 11 de septiembre de 2020
Palabras clave: Pandemia. Economía. Sociedad. Medio ambiente. Simplificación administrativa. Medidas de intervención. Comunicación previa. Declaración responsable. Turismo. Energías renovables. Autoconsumo eléctrico. Recursos naturales. Sostenibilidad ambiental. Suelos urbanos y rústicos. Suelo Rústico de Protección Ambiental. Costas. Instalaciones energéticas. Explotaciones ganaderas.
Resumen:
En un contexto de crisis sanitaria que todavía no ha finalizado, anudado a las intensas consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia, a lo que se suma el riesgo que representa para un destino turístico de relevancia internacional como es el archipiélago canario, se aprueba el presente Decreto-ley que, a su vez, se enmarca dentro de los objetivos del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado el pasado 30 de mayo.
Su objeto es establecer una serie de medidas urgentes de simplificación y agilización administrativas con la finalidad de
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