Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 15 de enero de 2026 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, José Manuel Izquierdo Salvatierra)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ AND 97/2026- ECLI:ES:TSJ AND:2026:97
Palabras clave: Acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Resumen:
La sentencia que traemos a colación resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Cultural de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y el Grupo Ecologista Mediterráneo contra la sentencia de 16 de febrero de 2023 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Almería, dictada en materia medioambiental. El recurso se dirige contra la inadmisión de los recursos de alzada presentados en el expediente de autorización ambiental unificada relativo a la puesta en producción de una finca de 10 hectáreas mediante invernaderos en Níjar (Almería), promovida por una mercantil.
La Sala confirma la sentencia de instancia al considerar que, aunque las asociaciones apelantes ostentan legitimación conforme a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 16 de abril de 2026: recurso contra una autorización excepcional en materia de especies protegidas en el marco de un proyecto sujeto a evaluación ambiental. Autonomía procesal y plazo de tres meses
Autora: Mª del Carmen de Guerrero Manso, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Zaragoza. Grupo de investigación ADESTER (S22_23R)
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), asunto C-58/24, ECLI:EU:C:2026:300
Palabras clave: Medio ambiente. Directiva hábitats. Directiva EIA. Convenio de Aarhus. Acceso a la justicia. Plazos de recurso. Autonomía procesal. Principio de efectividad.
Resumen:
La sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2026 tiene su origen en un litigio relativo a un proyecto de construcción de viviendas en el antiguo monasterio carmelita de Delgany, situado en el condado de Wicklow (Irlanda). Dicho proyecto afectaba a especies animales sometidas a una protección estricta según el Anexo IV de la Directiva sobre los hábitats, concretamente murciélagos orejudos pardos, lo que exigía la obtención de una autorización excepcional conforme al artículo 16 de la misma Directiva.
Dicha autorización excepcional fue concedida con carácter previo a la autorización urbanística del proyecto, y posteriormente se
Sentencia del TEDH de 17 de marzo de 2026, Asunto Franco Vendrame y otros contra Italia
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Palabras clave: Derechos Humanos. Propiedad privada. Política ambiental. Actividades forestales.
Resumen:
El pronunciamiento de autos aborda la demanda presentada por Franco Vendrame, Paolo Vendrame y la Società Agricola F.lli Vendrame e C. s.s. contra Italia.
La parte demandante sostiene que la creación de la zona protegida Risorgive di Codroipo, establecida por el Decreto n.º 156/2007 y publicada el 20 de junio de 2007, coincidía físicamente con terrenos de su titularidad. En particular, considera que las restricciones impuestas —consistentes en la prohibición de plantar nuevos cultivos arbóreos especializados, como los álamos, y de replantar los álamos existentes sin compensación suficiente— constituían una carga excesiva y vulneraban el derecho a la protección de la propiedad reconocido en el artículo 1 del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por su parte, el Gobierno italiano alegó la inadmisibilidad de la demanda por falta de agotamiento de los recursos internos. En cuanto al fondo, defendió que los demandantes habían recibido compensaciones al amparo de diversos planes de desarrollo rural
Sentencia 171/2026 de 26 de febrero de la Sección Primera de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (rec. 7648/2023)
Autoras: Paula Echeverría Sánchez, Abogada y Jaime Doreste Hernández, Abogado ambientalista en Magerit Abogados y Profesor Asociado de Derecho Urbanístico y Ambiental en la UAM
Palabras clave: Urbanismo. Derecho Penal. Demolición.
Resumen:
En la Sentencia que hoy comentamos, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó la condena del Alcalde de La Acebeda, Comunidad de Madrid, como autor de un delito de prevaricación urbanística del artículo 320.2 del Código Penal.
El condenado otorgó en 2014 una licencia municipal para construir un cobertizo en suelo no urbanizable de especial protección, omitiendo de manera consciente y voluntaria el preceptivo procedimiento de calificación urbanística exigido por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, y actuando en contra de los informes desfavorables emitidos por la Secretaria y el Arquitecto municipales.
La resolución resulta especialmente relevante por dos motivos. En primer lugar, porque refuerza la interpretación jurisprudencial del elemento subjetivo del tipo penal —“a sabiendas de su injusticia”— en los delitos de prevaricación urbanística, descartando
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete), de 2 de marzo de 2026 (Sala de lo Contencioso, Sección 1.ª, Ponente: María Pérez Pliego)
Autora: Dra. Paula Cisneros Cristóbal, Profesora Ayudante Doctora del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ CLM 552/2026 – ECLI:ES:TSJCLM:2026:552
Palabras clave: Ayudas PAC. SIGPAC. Humedales temporales. Red Natura 2000. Condicionalidad ambiental.
Resumen:
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 552/2026 resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una mercantil frente a la resolución administrativa que redujo parcialmente la línea de ayuda de pago básico correspondiente a la Solicitud Única de ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) para la campaña 2018. La reducción se fundamentó en dos motivos principales: por un lado, la declaración de recintos no compatibles con el uso asignado en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC); por otro, la existencia de una superficie declarada que, junto con la superficie no admisible, superaba la superficie SIGPAC del recinto.
El conflicto se centra en tres parcelas situadas en el polígono correspondiente del término municipal de El Bonillo (Albacete), incluidas en el ámbito de la denominada Laguna o Nava de Navalcudia. La recurrente sostenía que
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