Galicia regula el mecanismo para solicitar arrendamientos de fincas rústicas asociadas al Banco de Tierras
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOG Núm. 183, 26 de septiembre de 2019
Temas Clave: Banco de tierras; Predio; Desarrollo rural; Explotaciones agroganaderas; Arrendamiento; Superficie agraria infrautilizada; Custodia del territorio; Custodia agraria; Participación
Resumen:
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) tiene atribuidas las funciones gestoras del Banco de Tierras de Galicia en base a la disposición transitoria segunda de la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
El objetivo del Banco de Tierras de Galicia, en funcionamiento desde el año 2007, trata de poner a disposición de las explotaciones agroganaderas la superficie agraria denominada “infrautilizada”. Según dicha Orden, se pretende alcanzar una doble finalidad, por un lado se amplía la base territorial de las explotaciones y, por otro lado, se lucha contra el avance del abandono del territorio rural gallego. Para conseguir este objetivo, el Banco de Tierras cuenta en la actualidad con más de 10.000 parcelas, que suponen más de 5.000 hectáreas y que son ofertadas para que todas aquellas personas que así lo deseen puedan solicitar
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 12 de septiembre de 2019, que desestima el recurso de casación interpuesto por varias asociaciones ambientales contra la Sentencia del Tribunal de General que confirmó la Decisión de la Comisión rechazando revisar la autorización de comercialización de soja modificada genéticamente a Monsanto Europa
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), asunto C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019: 719
Temas Clave: Productos Modificados Genéticamente; Autorización; Participación del público; Acceso a la justicia; Asociaciones ambientales; Revisión; Soja modificada genéticamente
Resumen:
La decisión del Tribunal de Justicia cierra el litigio iniciado por varias asociaciones ambientales alemanas (TestBioTech, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility y Sambucus) contra la Comisión Europea a raíz de la autorización de comercialización de productos que contengan determinada soja modificada genéticamente, concedida a Monsanto Europa el 28 de junio de 2012 conforme al Reglamento 1829/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente.
Las citadas asociaciones solicitaron, en su día, a la Comisión la revisión de la decisión autorizatoria, de conformidad con el Reglamento 1367/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la aplicación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 5 de marzo de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Ignacio López Cárcamo)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 151/2019- ECLI:ES:TSJCANT:2019:151
Temas Clave: Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convenio de Aarhus); Acceso a la justicia; Información ambiental; Participación
Resumen:
En supuesto de autos, la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria impugnó la resolución de la Dirección General de Innovación e Industria, de 13 de marzo de 2014, mediante la que se aprobó el proyecto de ejecución, autorización y declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica a 220 kilovatios. Este acto fue confirmado en alzada por resolución de 19 de mayo de 2017.
Los motivos de impugnación aducidos con interés en materia ambiental fueron desestimados por no satisfacer la exigencia de que la parte que impugna el acto administrativo aporte “la fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente quepa esperar” en atención a su pretensión,
Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial del País Vasco, n. 181, 24 de septiembre de 2019
Temas Clave: Plan Territorial; Ordenación territorial; Infraestructura verde; Paisaje; Economía circular; Gobernanza; Participación; Patrimonio cultural
Resumen:
Tal y como establece en el preámbulo de la norma que se procede a comentar, mediante la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco y el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, se aprobaron definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, primer instrumento de planificación territorial para toda la comunidad autónoma. Asimismo, como desarrollo de estas se han redactado y aprobado 14 Planes Territoriales Parciales y 10 Planes Territoriales Sectoriales, en lo que ha supuesto en conjunto una primera generación de planeamiento territorial.
La primera parte se inicia con un análisis del contexto, tanto a nivel de planificación territorial como de encuadre socioeconómico y territorial: territorialmente en cuanto que con orografía accidentada, con un asentamiento denso de la
La Comunidad Valenciana aumenta su red de microrreservas de flora
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOCV 8617, de 21 de agosto de 2019
Temas Clave: Biodiversidad; Flora amenazada; Microrreserva; Endemismos; Espacios naturales protegidos; Comunidad autónoma; Propiedad privada, Custodia del territorio; Participación
Resumen:
El marco normativo de la Comunidad Valenciana en materia de espacios naturales viene establecido por la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos. Es esta Ley se configuran diferentes categorías de protección. A continuación, se aprobó el Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura de protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal, se definieron las microrreservas vegetales. Posteriormente su denominación pasó a ser «microrreserva de flora» mediante el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación.
Realmente se trataría de una iniciativa dentro de lo que se conoce como la custodia del territorio. En sus comienzos, durante los años 1997, 2007 y 2008 se concedieron subvenciones a los propietarios de terrenos
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