Título: Recensión: Peñalver I Cabré, Alexandre (Dir.). Litigación climática: el papel de la ciudadanía y los jueces, Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions, 2024, Págs. 421
Autor: Manuela Mora Ruiz, Catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Huelva, ORCID: 0000-0002-5056-0204
Fecha de recepción: 24/12/2025
Fecha de aceptación: 08/01/2026
DOI: https://doi.org/10.56398/ajacieda.00461
Palabras clave: Cambio climático. Litigios estratégicos. Derechos humanos.
Keywords: Climate change. Strategic litigation. Human rights.
Documento completo: “Recensión: Peñalver I Cabré, Alexandre (Dir.). Litigación climática: el papel de la ciudadanía y los jueces, Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions, 2024, Págs. 421”
Título: De la arbitrariedad del legislador y la asunción de cuestiones materialmente administrativas y científicas por el poder legislativo: la descatalogación del lobo ibérico
Title: On the arbitrariness of the legislative branch and the assumption of substantially administrative and scientific matters by the legislative power: the delisting of the Iberian wolf
Fecha de recepción: 03/11/2025
Fecha de aceptación: 12/12/2025
DOI: https://doi.org/10.56398/ajacieda.00460
Autor: Pedro Brufao Curiel, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Extremadura, pbrufao@unex.es, ORCID: 0000-0002-0407-4053
Documento completo: “De la arbitrariedad del legislador y la asunción de cuestiones materialmente administrativas y científicas por el poder legislativo: la descatalogación del lobo ibérico”
Resumen:
La prohibición de la arbitrariedad es uno de los principios constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico y la actuación de los poderes públicos. En la historia de nuestro pensamiento jurídico clásico se ha considerado que el capricho o la intervención veleidosa desplaza ilegítimamente a la razón como criterio central de ordenación, razón que se encuentra imbuida de criterios científicos, objetivos y constatables en una actividad normativa que descansa en la contrastación de hechos probados gracias al método y órganos científicos.
En este trabajo se expone la doctrina de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, extendida
Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE n. 291, de 4 de diciembre de 2025
Palabras clave: Movilidad sostenible. Contaminación atmosférica. Transporte terrestre. Transporte de viajeros. Transporte de mercancías. Transportes aéreos. Vehículos no tripulados. Derechos de los ciudadanos. Carreteras. Circulación vial. Ferrocarril. Puertos. Tecnología. Energía. Acceso a la información. Alquiler de vehículos automóviles. Ayudas. Programas. Tasas. Contratación administrativa. Políticas medioambientales.
Resumen:
Quiero comenzar este apartado transcribiendo una parte de la introducción del artículo “Movilidad Sostenible y Régimen Jurídico Autonómico”, que forma parte de la obra colectiva publicada en 2024 bajo el título “El Desarrollo Autonómico de los Objetivos Climáticos”, dirigida por los profesores Juan Rosa Moreno y Germán Valencia Martín. En aquel momento examiné un proyecto de ley de movilidad sostenible cuya publicación definitiva no vio la luz por la celebración de elecciones generales en julio de 2025 y que ahora, con no demasiados cambios, se ha convertido en esta nueva norma.
El concepto “sostenibilidad” o el adjetivo “sostenible” se han extendido como manchas de aceite por diversos sectores, si bien su origen
Sentencia del TEDH de 11 de noviembre 2025: Asunto Peter Fliegenschnee y otros c. Austria
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Palabras clave: Derechos Humanos. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Derecho Ambiental. Propiedad privada.
Resumen:
En la sentencia de autos, el TEDH resuelve la controversia relativa a la petición formulada por tres personas y una organización medioambiental ante el Ministro Federal de Asuntos Digitales y Económicos de Austria para que dictara una ordenanza que prohibiera la venta de combustibles fósiles, al sostener que la quema de dichos combustibles es la principal causa del cambio climático. A estos efectos, alegan impactos en la vida, la salud y la economía; este último extremo reviste especial interés jurídico, pues se solicita la protección del derecho de propiedad de una agricultora afectada por una serie de sequías que —según aduce— serían consecuencia del cambio climático.
Los solicitantes invocan, entre otras, vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículos 2 y 8), del Acuerdo de París y de la normativa europea sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El Tribunal reconoce que los
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 30 de abril de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 2 Ponente: Luis Alberto Gómez García)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AS 1276/2025 – ECLI: ES:TSJAS:2025:1276
Palabras clave Derechos Humanos. Ruido. Contaminación.
Resumen:
El pronunciamiento analizado resuelve el recurso interpuesto por una particular contra la Dirección de Carreteras del Estado en Asturias, solicitando la instalación de una pantalla acústica para proteger su vivienda de los ruidos generados por la Autovía A-8, P.K.
La recurrente alega que la vivienda, residencia habitual de una persona de avanzada edad, sufre niveles de ruido superiores a 65 dB(A), lo que supone una vulneración de los derechos fundamentales constitucionales (artículos 15 y 18 CE) y de la normativa sectorial aplicable. A estos efectos, presenta un informe pericial acreditativo de los niveles de ruido persistentes y superiores a los límites legales tanto de día como de noche. La Administración se opone, argumentando que el Plan de Acción contra el Ruido del Ministerio de Fomento no incluye la zona afectada como “zona de actuación”.
La Sala, con base en la Constitución Española (arts. 15,
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