Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 16 de septiembre 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Antonio Cecilio Videras Noguera)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ AND 14674/2025- ECLI:ES:TSJAND:2025: 14674
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Caza. Montes. Responsabilidad patrimonial de la Administración.
Resumen:
La sentencia que traemos a colación resuelve la impugnación formulada contra la resolución administrativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto frente a otra resolución anterior, por la que se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños en el cultivo de olivar causados en 2018 por jabalíes, ciervos y gamos procedentes de los montes públicos que constituyen la Reserva Andaluza de Caza de Cazorla.
A la luz de los elementos de prueba aportados y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual la responsabilidad patrimonial de la Administración requiere que el daño sea efectivo, evaluable e individualizado, y que derive directamente del funcionamiento anormal de los servicios públicos, sin causas externas, el Tribunal considera que los daños se debieron al deficiente vallado de la
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de diciembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Santiago Pablo Soldevila Fragoso)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: SAN 5656/2025- ECLI:ES:SAN:2025:5656
Palabras clave: Declaración de impacto ambiental. Evaluación ambiental. Participación. Transportes.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve el recurso interpuesto por la Pedanía de Quintanaurria (Ayuntamiento de Carcedo de Bureba, Burgos) contra la Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se aprobó definitivamente el Estudio Informativo del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria, junto con su expediente de información pública y el trámite de audiencia a las Administraciones.
La parte recurrente alega impactos ambientales, económicos y sociales negativos, tales como la pérdida de puestos de trabajo y la afección a terrenos agrícolas y manantiales. A tal fin, propone alternativas técnicas. Igualmente, invoca supuestas infracciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario; del Real Decreto 2387/2004, de 30 de
Ley 1/2026, de 5 de febrero, del clima de Galicia
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOG núm. 28, de 11 de febrero de 2026
Palabras clave: Cambio climático.
Resumen:
La Ley del Clima de Galicia articula sus objetivos y principios en torno a la integración de la perspectiva climática en el conjunto de las políticas públicas, la no regresión ambiental, el principio de “quien contamina, paga” y la eficiencia en el uso de los recursos. Su ámbito de aplicación se proyecta sobre todas las administraciones públicas y los distintos actores que operan en Galicia, lo que exige una administración pública profesionalizada y sustentada en datos de calidad para impulsar una transición justa, inclusiva y baja en carbono.
Desde el punto de vista sistemático, la norma se estructura en un Título Preliminar, cinco títulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
– El Título Preliminar define los objetivos generales en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, descarbonización de la economía gallega y adaptación al cambio climático. Entre sus metas destacan la neutralidad climática en 2040 y la reducción de las emisiones en
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 15 de julio de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Julián Manuel Moreno Retamino)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AND 13738/2025- ECLI:ES:TSJAND:2025: 13738
Palabas clave: Autorizaciones ambientales. Autorizaciones y licencias. Energías Renovables.
Resumen:
El presente pronunciamiento resuelve la impugnación de la Resolución de 3 de mayo de 2023 de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, que autorizó el proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica «El Caballo 1» y la infraestructura de evacuación compartida de las plantas «El Caballo 1», «El Caballo 2» y «El Caballo 3» en Bujalance y Montoro (Córdoba). Estos proyectos afectan a zonas de olivar y al arroyo Molinos, con valor ecológico.
La parte recurrente, constituida por tres particulares, alega indefensión por falta de notificación individual y fraude de ley (artículo 6.4 del Código Civil) al fraccionar los proyectos. El proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica «El Caballo» fue dividido en tres plantas de 38 MW cada una (totalizando 114 MW), con la finalidad de eludir la normativa que establece que la competencia para autorizar instalaciones
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 8 de julio de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Julián Manuel Moreno Retamino)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ AND 13707/2025- ECLI:ES:TSJAND:2025: 13707
Palabras clave: Energías renovables. Especies protegidas.
Resumen:
La sentencia que se analiza resuelve el recurso interpuesto por una sociedad mercantil contra la resolución presunta de la Consejería de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, que denegó la autorización administrativa previa para la planta solar fotovoltaica “Mirabal Solar I” (49,987 MWp), en Montoro (Córdoba).
La resolución impugnada se basó en informes técnicos desfavorables, en particular por el impacto sobre el lince ibérico y la biodiversidad local, conforme al principio de precaución de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La demandante alega, en primer lugar, la nulidad del informe vinculante y de la referida resolución por el uso de modos verbales condicionales en dicho informe, aspecto que la Sala considera adecuado tanto gramatical como jurídicamente, en virtud del principio de precaución recogido en el artículo 2.g) de la Ley 42/2007, que exige considerar las
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