Estimados lectores:
Por quinto año consecutivo, tenemos el placer de ofrecerles la Memoria 2017 que gustosamente nos ha facilitado en primicia el Excmo. Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, que detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado a lo largo del año 2017, siguiendo la misma línea fijada en las memorias precedentes.
Se analizan los temas relativos a las actividades e iniciativas desarrolladas por la Fiscalía de medio ambiente y urbanismo, como son sus relaciones institucionales e internacionales o actividades desarrolladas en materia de formación.
Cabe destacar que, a lo largo del año 2017, la Unidad Especializada de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha intervenido en la elaboración del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres, aprobado finalmente en Consejo de Ministros de 14 de febrero de 2018, así como se deben resaltar las comunicaciones de la organización Global Witness en relación a posibles importaciones de madera procedentes de determinados países de África (madera entre la que podría estar la procedente de especies recogidas en apéndices del Convenio CITES) o la investigación sobre
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Buenos Aires, 5 de Septiembre de 2017. “Mamani, Agustín y otros c/Estado Provincial –Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa Cram S.A. s/recurso”
Autora: Noemí Pino Miklavec, Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y Docente de la Universidad Nacional del Comahue Argentina
Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
Temas Clave: Bosques nativos, Autorización de desmonte, Principio precautorio, Acceso a la información, Derecho de participación en los procedimientos administrativos de preservación y protección ambiental, Evaluación de impacto, Audiencia pública
Resumen:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (en adelante CSJN) declara la nulidad de dos resoluciones de la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy, por las que se autorizaba el desmonte de 1470 hectáreas de zona boscosa de la referida provincia.
Comentario:
Un grupo de vecinos de la Localidad de Palma Sola, Departamento de Santa Bárbara, en la Provincia de Jujuy demandó a dicha provincia y a la empresa Cram S.A., para obtener la declaración de nulidad de dos resoluciones de la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy,
Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 164, de 7 de julio de 2018
Temas Clave: Aire; Contaminación atmosférica; Emisiones; Programa nacional de control de la contaminación atmosférica; Informes; Inventarios; Ecosistemas; Información pública
Resumen:
La atmósfera es un bien común indispensable para la vida y por su condición de recurso vital y por los daños que de su contaminación pueden derivarse para la salud humana, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza; la calidad del aire y la protección de la atmósfera han sido, desde hace décadas, una prioridad de la política ambiental.
Pese a los avances realizados en los últimos años sobre las emisiones antropogénicas a la atmósfera y la calidad del aire, la Comunicación de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 2013 «Aire Puro para Europa», señalaba que siguen existiendo importantes efectos negativos y riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
De ahí que la Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
Industria:
FIGUEROA, Elsa. “Industrias extractivas y derechos de los pueblos indígenas: una asignatura pendiente”. Revista argentina de derecho de la energía, hidrocarburos y minería (RADEHM), n. 16, febrero-abril 2018, pp. 173-186
Información ambiental:
HUANG, Tao; YUE, Qingyue. “A Borrowed Cloak: The Institutional Bottlenecks to Legislating Environmental Information Disclosure by Chinese Listed Corporations”. Journal of Environmental Law, vol. 29, n. 3, noviembre 2017, pp. 445-473
Medio rural:
CASTRO PERICACHO, Carlos de. “Disputando la frontera: las dimensiones políticas en las redes globales de producción y en el desarrollo regional y local»”. Ager: Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural = Journal of depopulation and rural development studies, n. 24, 2018, pp. 9-34, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.ceddar.org/content/files/articulof_400_03_01-DeCastro-10.4422ager.2018.03.pdf [Fecha de último acceso 22 de junio de 2018].
Minería:
DEVIA, Leila. “El uso del mercurio en el trabajo y las cooperativas mineras en los países amazónicos, a la luz del Convenio de Minamata”. Revista argentina de derecho de la energía, hidrocarburos y minería (RADEHM), n. 15, noviembre-diciembre 2017 – enero 2018
MARTÍNEZ, Agostina L. “Shared Use of Mining-Related Infrastructure Through Open Access Regulation: A Case Study of Argentina”. Revista argentina de derecho de la energía, hidrocarburos y minería (RADEHM), n. 15, noviembre-diciembre
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BON núm. 98, de 23 de mayo de 2018
Temas Clave: Información; Administración; Participación; Ciudadanía; Transparencia; Publicidad; Grupos de interés
Resumen:
La presente ley foral se fundamenta en el principio de que la propiedad de la información y de los datos públicos es de la ciudadanía y en la obligación de la Administración de suministrarlos, salvo aquellos que estén protegidos por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y aquellos que se encuentran en fases del procedimiento administrativo reservadas.
El título I, Disposiciones generales, recoge los aspectos transversales esenciales de la ley. Su objeto es regular e impulsar la transparencia en la actividad pública y en la acción de gobierno, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promoviendo y garantizando la participación y colaboración ciudadanas en la decisión y gestión de lo público desde el conocimiento, regular los grupos de interés y establecer un conjunto de normas que aseguren el buen gobierno.
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