Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 12 de febrero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Antonio Martínez Quintanar)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ GAL 905/2021- ECLI:ES: STSJGAL2021:905
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Telecomunicaciones. Competencias.
Resumen:
A 28 de agosto de 2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo estimó mediante sentencia el recurso interpuesto por una mercantil frente a la “declaración de ineficacia de la comunicación previa para la instalación de infraestructura de estación base de telecomunicaciones”, del Concello de Gondomar, de 22 de julio del 2019. Ello en base a la eventual ilegalidad de los artículos 10 y 12 de la Ordenanza municipal del Concello de Gondomar, de 11 de febrero del 2003, relativos a la instalación y funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas. De una parte, el precitado artículo 10 sujeta a licencia las obras de instalación y la explotación de las infraestructuras radioeléctricas incorporadas en el ámbito de aplicación de la Ordenanza. De otra, el artículo
Acceso a la justicia:
POMADE, Adélia; PINTO MOREIRA, Eliane Cristina. Droit à l’information environnementale et gouvernance. Perspective franco-brésilienne. Revista de Direito Ambiental, vol. 22, n. 88, octubre-diciembre 2017, pp. 19-40.
Actividades marítimas:
URBINA, Julio Jorge. Seguridad marítima e interceptación de buques en la represión de actividades ilícitas en el Derecho del mar. Revista electrónica de estudios internacionales (REEI), n. 41, junio 2021, pp. 1-36. Disponible en: http://www.reei.org/index.php/revista/num41/articulos/seguridad-maritima-interceptacion-buques-represion-actividades-ilicitas-derecho-mar (Fecha de último acceso 28-06-2021).
Agricultura:
CAMPAGNE, Armel; ZAHRAWI HAJ-YOUNES, Rami. Las colonias francesas dentro de la ecología-mundo (1830-1962): el caso de los combustibles fósiles, los bosques y las plantaciones tropicales en Argelia y Vietnam. Relaciones Internacionales (Universidad Autónoma de Madrid), n. 46, febrero-mayo 2021, pp. 63-80. Disponible en: https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2021.46.004 (Fecha de último acceso 28-06-2021).
FERREIRA, Rildo Mourao; CAMARGO, Caroline Leite de. Melhoramento genético, biodireito e o agronegócio: uma análise ético-normativa. Cadernos de Dereito Actual: Universidade de Santiago de Compostela, n. 15, 2021 pp. 204-218. Disponible en: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/639 (Fecha de último acceso 28-06-2021).
MORA, Sol Yamila. El acaparamiento de tierras de China desde la ecología-mundo: la búsqueda de soja, arroz y caña de azúcar baratos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 31 de marzo de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Antonio Sánchez Ibáñez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ NA 169/2021 – ECLI:ES:TSJNA:2021:169
Palabras clave: Competencias. Comunidades Autónomas. Especies amenazadas. Fauna. Protección de especies.
Resumen:
Se interpone recurso contencioso-administrativo por una asociación ecologista contra el Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre, por el que se establece el Listado navarro de especies silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece un nuevo Catálogo de especies de Flora amenazadas en Navarra y se actualiza el Catálogo de especies de Fauna amenazadas de Navarra.
Los motivos que sustentan las pretensiones anulatorias de la asociación recurrente son variados, tales como (i) la vulneración de determinados preceptos de la Ley 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, por deficiencias en cuanto a la documentación publicada para la información y participación pública; (ii) ausencia del preceptivo Informe del Consejo Asesor Navarro de Medio Ambiente, contraviniendo la Ley Foral 1/1993, de 7 de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 8 de febrero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Constantino Merino González)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ 409/2021- ECLI:ES: TSJCLM2021:409
Palabras clave: Ganadería. Competencias. Salud pública. Medio Ambiente.
Resumen:
Una asociación ganadera interpone un recurso contencioso-administrativo frente al Decreto 69/2018 de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla – La Mancha, en concreto, el apartado 3 de su artículo 8.
La Asociación alega que el artículo 8 del Decreto 69/2018 contradice la normativa básica en la materia: el artículo 5.2.A del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas en tanto establecen distancias distintas: el primero prevé una distancia de 2.000 m. y el segundo de 1.000 m. De modo que la Sala debe dilucidar sobre el marco competencial en la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 28 de enero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Miguel Pedro Pardo Castillo)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 658/2021 – ECLI:ES:TSJAND:2021:658
Palabras clave: Infracción. Vertidos. Sanción. Competencias. Ayuntamiento. Comunidad de propietarios.
Resumen:
El Ayuntamiento de Linares formula recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de fecha 22 de septiembre de 2017, dictada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que impuso una sanción de multa por importe de 8.000 euros y la obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico en la cantidad de 1.564,40 euros al propio Ayuntamiento y a una Comunidad de Propietarios para que corrijan inmediatamente los vertidos denunciados y para que en el plazo de un mes soliciten su preceptiva legalización.
El Ayuntamiento considera que la propiedad y la responsabilidad de la depuración de aguas residuales, y, por ende, de la realización de vertidos a cauces públicos, corresponde exclusivamente a la Comunidad de Propietarios y al promotor de la
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