Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-administrativo. Sección 1, Ponente: María Nieves Buisan García)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 726/2020 – ECLI: ES:AN:2020:726
Palabras clave: Red Natura 2000. Sostenibilidad. Confederación Hidrográfica. Responsabilidad patrimonial administración. Comunidad de Regantes. Aprovechamiento de aguas. Concesión administrativa. Aguas.
Resumen:
La actora es una Comunidad de Regantes que interpone un recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de una reclamación de responsabilidad patrimonial que interpuso frente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (en adelante CHG). La causa del recurso eran unos daños originados a consecuencia de una serie de obras construidas por la Comunidad de Regantes para captar y canalizar, el aprovechamiento de aguas en una zona conocida como “El Maguillo”, en la cual, la CHG le había otorgado una concesión de aprovechamiento, con una limitación temporal.
Posteriormente, se dictó por la CHG resolución que acuerda la prohibición total temporal de la explotación de los sondeos y la apertura de expediente de
Decreto 73/2020, de 24 de abril, por el que se regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, de corcho, de pastos, micológicos y de resinas en montes o terrenos forestales de gestión privada en la Comunidad Autónoma de Galicia
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOG número 97 de 20 de mayo de 2020
Palabras clave: Aprovechamientos. Madera. Corcho. Micología. Terrenos forestales. Gestión privada.
Resumen:
Los aprovechamientos forestales en montes de gestión privada se regularon en los artículos 92 a 95 de la Ley 7/2012. Posteriormente, estos artículos se desarrollaron en el Decreto 50/2014, de 10 de abril, por el que se regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, de corcho, de pastos y micológicos en montes o terrenos forestales de gestión privada en la Comunidad Autónoma de Galicia y el contenido, organización y funcionamiento del Registro de Empresas del Sector Forestal.
La Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia, modificó por medio de su disposición final décima los artículos 92
Andalucía aprueba el plan anual de inspección de vertidos y el programa anual de inspecciones de vertidos al dominio público hidráulico intracomunitario y al dominio público marítimo terrestre andaluz para el año 2020
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos (BOJA núm. 75, de 21 de abril de 2020)
Palabras clave: Planificación. Vertidos. Inspección. Dominio público hidráulico. Autorizaciones.
Resumen:
Las inspecciones se efectuarán con arreglo a los siguientes criterios:
Adecuación de las instalaciones de tratamiento de los vertidos. Incumplimientos detectados con anterioridad. Población atendida o volumen que vierte la industria. Peligrosidad del vertido industrial. Existencia en núcleos urbanos de un número importante de industrias o de industrias altamente contaminantes por la toxicidad potencial de sus vertidos o por el volumen de los mismos. Cercanía y tamaño de la población que pudiera verse afectada, en su caso, por el vertido. Existencia de espacios naturales protegidos o especies en peligro. Aquellos otros que se consideren necesarios por la calidad del
Agricultura:
DEMARTY, Jean-Luc; MÖGELE, Rudolf; HANIOTIS, Tassos. 60 ans de polotique Agricole commune. Revue du droit de l’Union Européenne, n. 21, 2019, pp. 17-38
SVABY, D. Una concertación sobre los precios y las cantidades entre varias organizaciones de productores agrícolas y asociaciones de dichas organizaciones puede constituir una práctica colusoria: TJ, Gran Sala, 14 Nov. 2017. Asunto C-671/15: APVE y otros. La Ley Unión Europea, n. 54, 2017
Aguas:
GONZÁLEZ IGLESIAS, Miguel Ángel. Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el Texto Refundido de la de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 d. Ars Iuris Salmanticensis (AIS): revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología, vol. 6, n. 2, diciembre 2018, pp. 248-250. Disponible en Internet: https://revistas.usal.es/index.php/ais/article/view/20183/20660 (Fecha de último acceso 20 de abril de 2020).
OBANDO CAMINO, Iván Mauricio. Fiscalización y sanción administrativa en materia de aguas: comentarios a la reforma de la Ley N° 21.064 de 2018. Revista de Derecho Administrativo Económico, n. 29, enero-junio 2019,
Decreto 48/2020, de 31 de marzo, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOPV número 78 de 24 de abril de 2020
Palabras clave: Energía. Autorización administrativa. Instalaciones distribución. Energía eléctrica.
Resumen:
El marco normativo para otorgar la autorización administrativa para construir, modificar o cerrar instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica lo establece la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
El otorgamiento de las autorizaciones de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento no afecte a otras Comunidades o cuando el transporte o la distribución no salga de su ámbito territorial corresponde, de conformidad con el artículo 3.13 del citado texto legal, a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivos Estatutos, así como el ejercicio de las competencias de inspección y sanción que afecten a dichas instalaciones.
Por ello, si bien la Disposición Final Segunda del citado texto consagra
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