Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16 de marzo de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Julio Cesar Diaz Casal)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ GAL 1655/2021 – ECLI:ES:TSJGAL:2021:1655
Palabras clave: Urbanismo. Instrumentos de gestión y planificación. Evaluación ambiental.
Resumen:
El pronunciamiento analizado versa sobre la impugnación de dos acuerdos adoptados por el Pleno del Concello de Oleiros. El primero, de 29 de noviembre de 2018, de aprobación del Plan Parcial del Sector -30 A Ferrada en Liáns; el segundo, de 11 de abril de 2019, por el que se rechazó el requerimiento de anulación formulado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Son parte demandante la Xunta de Galicia, parte demandada el Concello de Oleiros y codemandada la Comisión Urbanística de Ferrala.
Centrándonos en las cuestiones de trascendencia ambiental, el FJ7 versa sobre la ausencia del informe preceptivo sobre la adecuación del Plan parcial al Plan de Ordenación del Litoral (POL), aprobado mediante el Decreto
Decreto 94/2021 de 11 de noviembre, por el que se regula el Fondo de Mejoras, los Planes Particulares de Mejoras y la Comisión Regional de Montes de Cantabria
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOC núm. 222, de 18 de noviembre de 2021
Palabras clave: Montes de utilidad pública. Fondo de Mejoras. Financiación. Aprovechamientos forestales. Planes.
Resumen:
Cantabria cuenta en la actualidad con 483 montes catalogados de utilidad pública pertenecientes, principalmente, a las Entidades locales menores que ocupan una superficie próxima al 50% de la Comunidad Autónoma. La legislación forestal del siglo XIX ya determinaba que una parte de los ingresos generados por los montes debía ser destinado a la realización de mejoras en el propio monte. En Cantabria, la gestión del Fondo de Mejoras se ha realizado en base al Decreto 55/1985, de 5 de julio, que ahora se considera necesario derogar para adaptar sus previsiones a la actual normativa de régimen jurídico y de finanzas.
El Decreto establece en el Capítulo I, el objeto y ámbito de
Derecho constitucional:
BARBOSA CIRNE, Mariana. O que é o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado?. Revista de Direito Ambiental, vol. 23, n. 90, abril-junio 2018, pp. 223-244.
FONTOUA DE MEDEIROS, Fernanda Luiza; RODRIGUES PETTERLE, Selma. Análise crítica do Código civil de 2002 à luz da Constituição brasileira: animais não humanos. Revista de Direito Ambiental, vol. 24, n. 93, enero-marzo 2019, pp. 65-88.
IGLESIAS ROSSINI, Gonzalo F. La protección del medio ambiente en la Constitución de la República. Revista de derecho público, n. 57, 2020, pp. 139-157
MEDEIROS PINTO, Edgar de. A definição da pequeña propriedade rural e sua impenhorabilidade com base no Artigo 5º da Constituição Federal, inciso XXVI. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, vol. 20, n. 118, julio-agosto 2021, pp. 37-54.
MÉRIDA, Carolina; PEREIRA DUARTE JÚNIOR, Dimas; SILVA GUIMARÃES, Rejaine. Uma análise do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 42 à luz da hermenêutica jurídica por que não se trata de uma crise apenas ambiental?. Revista de Direito Ambiental, vol. 24, n. 95, julio-septiembre 2019, pp. 53-76.
RIGO SANTIN, Janaína; MATTEI SANTOS, Marianna. Plano diretor e patrimônio histórico: análise a partir da Constituição
Decreto 234/2021, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Acción por el Clima
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: (BOJA extr. n. 87, de 23 de octubre de 2021)
Palabras clave: Planificación. Cambio climático. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Transición energética. Emisiones. Participación. Financiación.
Resumen:
La lucha contra el cambio climático, la aplicación de medidas para la adaptación frente a los efectos del mismo en el territorio andaluz, unida a la solidaridad con los esfuerzos a nivel estatal, europeo e internacional, en materia de mitigación de emisiones, se consolidan como actuaciones ineludibles del Gobierno andaluz en su apuesta por el desarrollo sostenible.
En cuanto a las iniciativas propias de la Comunidad Autónoma Andaluza, la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, aprobada por unanimidad en el Parlamento Andaluz, representa un punto de inflexión. Dos hitos fundamentales en el desarrollo reglamentario contemplado en la citada ley han sido el
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 12 de julio de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María de la Encarnación Lucas Lucas)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 2828/2021 – ECLI:ES: TSJCL: 2021:2828
Palabras clave: Red Natura 2000. Patrimonio natural. Biodiversidad. Evaluación ambiental. Informes. Planes, programas o proyectos.
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la “Federación de Ecologistas en Acción Castilla y León” contra la Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se publican para general conocimiento evaluaciones de afecciones a la Red Natura 2000 relativas a tres tipologías de afecciones derivadas de determinadas actuaciones (BOCyL de 15 de noviembre de 2019).
En esta Resolución se resuelve: 1.- La publicación de los informes de evaluación de afecciones a la Red Natura 2000 de las tipologías que figuran en los Anexos adjuntos, para conocimiento general y, en particular, de los organismos encargados de
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