Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales del País Vasco
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOPV nº 129 martes 9 de julio de 2019
Temas Clave: Ordenación territorial; Urbanismo; Grandes establecimientos comerciales
Resumen:
Una de las principales incidencias ambientales pasa por el correcto desarrollo urbanístico de las ciudades. Esta Ley nace con el fin de regular los procesos de asentamiento de las diferentes actividades económicas y sociales y el equilibrio territorial en base al interés general.
A la consecución de dichos objetivos se orienta el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales del País Vasco, aprobado mediante Decreto 262/2004, de 21 de diciembre.
La justicia, ha impuesto limitaciones a este Plan, concretamente respecto de la superficie máxima para equipamientos comerciales mediante las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 2015 ha obligado a la apertura de un período de reflexión con objeto de acomodar su contenido a estas últimas.
La inspiración de esta Ley se encuentra en la Directiva de Servicios 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre
Decreto 153/2019, de 3 de julio, de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de actuación en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGC núm. 7911, de 5 de julio de 2019
Temas Clave: Fertilizantes; Suelos; Nitratos; Contaminación; Aguas; Economía circular
Resumen:
Una de las principales causas de contaminación de las aguas es la llevada a cabo por los nitratos generados por la agricultura. La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, tiene por finalidad tomar medidas para la reducción de este tipo de contaminación. Dicha Directiva tiene como una de sus principales obligaciones identificar las zonas vulnerables y aplicar programas de actuación para reducir la contaminación de las aguas causada o provocada por nitratos de origen agrario.
El artículo 5 de la Directiva 91/676/CEE prevé, que en el plazo de un año a partir de cada designación complementaria de zonas vulnerables los Estados miembros deben establecer programas de actuación respecto de las zonas vulnerables designadas. El programa de actuación aprobado con el
Ley de Espacios Marítimos
Autora: Noemí Pino Miklavec. Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y Docente de la Universidad Nacional del Comahue Argentina
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina del 16 de diciembre de 2014, número 33031, página 1
Temas Clave: Espacios Marítimos; Áreas Marinas Protegidas; Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas; Reserva Nacional Marina Estricta; Parque Nacional Marino; Monumento Nacional Marino; Reserva Nacional Marina para la Ordenación de Hábitats/especies y Reserva Nacional Marina; Administración de Parques Nacionales
Resumen:
Comentario de la Ley que instituyó en los espacios marítimos establecidos en la ley 23.968, el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, destinado a proteger y conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas bajo los objetivos de política ambiental establecidos en la legislación vigente, junto con las modificatorias introducidas recientemente por la Ley 27.490, sancionada el 12/12/2018[1], que creó las dos primeras áreas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.
Comentario:
La Ley 27.037, sancionada el 19 de noviembre de 2014, tiene por objeto instituir el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, en los espacios marítimos establecidos por la Ley 23.968. Puntualmente, en el mar territorial argentino, que se extiende hasta una distancia de DOCE
Ley 3/2019, de 17 de junio, de los espacios agrarios de Cataluña
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGC, núm. 7900, 19 de junio de 2019
Temas Clave: Política Agrícola Común (PAC); Regadíos; Agricultura; Explotaciones agrarias; Catálogo de explotaciones agrarias; Arrendamientos rústicos; Modernización explotaciones agrarias
Resumen:
Ciertamente, uno de los principales valores de los espacios agrarios es la multifuncionalidad y la sostenibilidad. Hacer compatible la producción, la calidad y la seguridad alimentarias; el equilibrio territorial y la preservación del mundo rural y sus habitantes; el mantenimiento del paisaje y el respeto por las condiciones ambientales y la conservación de la biodiversidad, y su contribución a la mitigación del cambio climático.
Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo recuerda “la fragilidad en que se encuentran los espacios agrarios periurbanos y la propia agricultura periurbana europea” y propone la necesidad de dar estabilidad al suelo agrario periurbano “mediante instrumentos y mecanismos que garanticen dicha estabilidad, reduciendo al máximo la presión urbanística”. El Comité Económico y Social Europeo en el Dictamen sobre la agricultura periurbana recuerda que, junto con la cultura del agua, “es necesario introducir en la sociedad
Decreto 24/2019, de 7 de junio, sobre actuaciones en materia de regadíos en La Rioja
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOR nº 71, 14 de junio de 2019
Temas Clave: Política Agrícola Común (PAC); Regadíos; Agricultura; Explotaciones agrarias; Catálogo de explotaciones agrarias; Arrendamientos rústicos; Modernización explotaciones agrarias
Resumen:
Según el preámbulo de este Decreto, se considera fundamental llevar a cabo determinadas actuaciones en regadíos para conseguir una importante productividad del sector agrario. Estas actuaciones están orientadas hacia una mejor gestión del riego y una mejora tanto cuantitativa como cualitativa de la producción agraria. Igualmente, desde el poder legislativo se considera que estas actuaciones precisan de fuertes inversiones iniciales por el poder público pues según se manifiesta, los promotores privados difícilmente podrían asumirlas de forma íntegra. En concreto en materia de regadíos colectivos, correspondientes a infraestructuras de uso por una comunidad de regantes. Aunque también es cierto que dichas promociones de regadíos deberían estar sometidas a una auditoría para analizar su sostenibilidad desde un punto de vista ecológico, así como su necesidad desde un punto de vista social y económico.
En cuanto a las competencias en materia de
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