Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares de 28 de febrero de 2012. Sala de lo Contencioso. Sede de Palma de Mallorca. Sección 1ª. Ponente Dña. María Carmen Frigola Castillón.
Autora: Ana María Barrena Medina. Personal Investigador en Formación, CIEDA-CIEMAT
Fuente: ROJ: STSJ BAL 186/2012
Temas Clave: Aguas; Procedimiento Sancionador
Resumen:
En virtud de la presente sentencia se resuelve la impugnación interpuesta contra la Resolución del Consejero de Medio Ambiente y Movilidad del Gobierno Balear de 15 de febrero de 2011, por la que se desestima el recurso de alzada planteado contra la Resolución del Director General de Recursos Hídricos de 23 de abril de 2010, dictada en el procedimiento sancionador con motivo de los cerramientos colocados en zona de dominio público hidráulico
ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS:
Aguas:
BRUFAO CURIEL, Pedro. “El régimen jurídico de las sequías: crítica a la regulación extraordinaria y urgente de un fenómeno natural y cíclico propio del clima”. Revista de Administración Pública (CEPC), n. 187, 2012
ELGETI, Till; DIETRICH, Lars. “Unkonventionelles Erdgas: Berg- und Wasserrecht”. Natur und recht, vol. 34, n. 4, 2012, pp. 232-239
EuGH. “Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme; Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen”. Natur und recht, vol. 34, n. 4, 2012, pp. 254-259
GUERRA REGUERA, Manuel. “Canon de Regulación, Tarifa de Utilización y Canon de Servicios Generales en la Ley de Aguas para Andalucía”. Noticias de la Unión Europea, n. 327, 2012 (Ejemplar dedicado a: Tributación medioambiental en Andalucía), pp. 53-66
Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (DOGC núm. 6094, de 23 de marzo)
Autora: Celia Gonzalo Miguel. Personal Investigador en Formación del CIEDA-CIEMAT
Temas clave: Fiscalidad ambiental; Residuos; Aguas; Prevención y control integrados de la contaminación ( IPPC )
Resumen:
Para solucionar los problemas estructurales de la economía catalana y que han conducido a la situación actual de crisis, se adopta la presente Ley, en la que las medidas se dirigen fundamentalmente o a incrementar los ingresos, o a reducir el gasto público, intentando lograr así una racionalización y equilibrio de los recursos al servicio de la Administración catalana.
La norma está estructurada en 3 Títulos (Medidas fiscales, medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas, e impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos), veintiocho disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, seis disposiciones derogatorias y once disposiciones finales, por lo que dada su amplia extensión, expondremos solamente aquellas modificaciones relevantes desde el punto de vista ambiental.
MONOGRAFÍAS:
Aguas:
CASAJÚS MURILLO, Lourdes. “Nuevos Paradigmas en la Gestión del Agua en España: crisis de Gobernabilidad del Agua en Aragón: los Conflictos de Yesa y Matarraña”. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic, 2009. 440 p.
“El precio del agua: aspectos jurídicos y financieros en la gestión urbana del agua en España”. Barcelona: Fundación Agbar, 2012. 337 p.
GODFREY, Jayne M.; CHALMERS, Keryn. “Water Accounting: International Approaches to Policy and Decision-making”. Cheltenham Glos (Reino Unido): Edward Elgar, 2012. 336p.
Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie ASBL, asunto C-41/11
Autor: José Pernas García, profesor titular de Derecho administrativo de la Universidade da Coruña
Palabras clave: Evaluación ambiental estratégica; Protección del medio ambiente; Directiva 2001/42/CE; artículos 2 y 3; protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias; falta de evaluación de impacto medioambiental previa; anulación de un plan o programa; posibilidad de mantener los efectos de un plan o programa; nivel elevado de protección del medio ambiente; requisitos.
Resumen:
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto los requisitos para que pueda ser mantenido en vigor con carácter provisional un «plan» o «programa» en el sentido de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que no ha sido objeto de la evaluación de impacto medioambiental, que era obligatoria de acuerdo con las previsiones de la Directiva.
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