Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de junio de 2016, que impone a Portugal suma a tanto alzado (3.000.000 euros) y multa coercitiva (8.000 euros por día), por falta de ejecución de la Sentencia de 7 de mayo de 2009 de condena por incumplimiento de la Directiva 91/271, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas
Autora: Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C‑557/14, ECLI:EU: C:2016:471
Temas Clave: Aguas residuales urbanas; condena por incumplimiento; inejecución de Sentencia; multas pecuniarias
Resumen:
El TJUE, tras analizar las contradictorias alegaciones de la Comisión y de Portugal sobre el cumplimento de la Sentencia de condena de 2009, concluye que Portugal no ha adoptado las medidas necesarias para ejecutarla debidamente, ya que el 21 de abril de 2014 (fecha fijada en el escrito de requerimiento de la Comisión) no se había dotado de un tratamiento de las aguas residuales conforme con la Directiva (art. 4) en dos de las 22 aglomeraciones afectadas.
La Sentencia fija la cuantía de la multa coercitiva impuesta hasta el pleno cumplimiento de teniendo en cuenta, entre otros factores, que únicamente persiste el
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 9 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Querol Carceller)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AS 1307/2016 – ECLI:ES:TSJAS:2016:1307
Temas Clave: Derecho de propiedad; Espacios naturales protegidos; Ordenación de los recursos naturales; Parques Naturales
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por unos particulares contra el Decreto 10/2015, de 11 de febrero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de Fuentes del Narcea, Degañas e Ibias y Muniellos y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado (IGI) de diversos espacios protegidos en los Concejos de Cangas de Narcea, Degaña e Ibias (Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en Asturias).
Los recurrentes, todos ellos propietarios de tierras integradas dentro del ámbito espacial del IGI aprobado, interesan, con carácter principal, el derecho a ser indemnizados por vía expropiatoria de la propiedad y de los derechos e intereses legítimos a ella vinculados. Subsidiariamente, solicitan que:
-Sus fincas resulten excluidas del IGI del Parque Natural, o
-Que se declare la nulidad del IGI del Parque Natural por irregularidades en
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2016 (Sala de lo Penal, Ponente: Andrés Martínez Arrieta)
Autor: José Antonio Ramos Medrano. Técnico de Administración General. Ayuntamiento de Madrid
Fuente: Cendoj 28079120012016100488; STS 2616/2016 – ECLI:ES:TS:2016:2616
Temas Clave: Delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente; Responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas; Dolo eventual
Resumen:
Desde el año 1.968 en el término municipal de Carucedo (León) estaba en explotación una cantera situada en terrenos clasificados como suelo rústico de protección forestal en la zona periférica de protección del espacio natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Esta cantera ocasionaba una gran afección paisajística al entorno natural en el que se ubica, habiendo llegado a tener un frente de explotación de más de 1 km, siendo visible desde el conocido mirador de Orellan de Las Médulas, a pesar de esta situado a unos 5 km.
La cantera estaba inscrita en el Registro Industrial Minero y contaba con una autorización provisional de funcionamiento del Delegado de Industria de León y autorización de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, pero la activad se desarrollaba sin sujeción a procedimiento de
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Pedro José Yagüe Gil)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 2692/2016- ECLI: ES:TS: 2016:2692
Temas Clave: Regulación; energías renovables; retroactividad
Resumen:
En línea de continuidad con otras Sentencias dictadas por el Tribunal en este mes de junio, la Sala Tercera resuelve el recurso contencioso-administrativo1/553/2014 interpuesto por la Mercantil Hidroeléctrica de la Isabela, S.L contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, solicitando la anulación de la norma por completo o, en su caso, la de la Disposición Final Segunda del Real Decreto.
La Abogacía del Estado presentó, junto a su escrito de conclusiones, los informes de 17 de junio de 2.015 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) sobre Metodología General para la definición de instalaciones tipo de la Orden 1045/2014 y sobre Metodología específica para la definición de instalaciones tipo de la Orden 1045/2014 en cada área. Y, asimismo, aportó escrito adjuntando la
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 22 de junio de 2016, que desestima recurso de casación interpuesto por “DK Recycling” contra la Sentencia del Tribunal General que anuló parcialmente la Decisión 2013/448, de la Comisión, relativa a las medidas nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Autora: Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), Asunto C‑540/14 P, ECLI:EU:C:2016:469
Temas Clave: comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; asignación gratuita; registro; supuestos de “dificultades específicas”
Resumen: La Sentencia trae causa de la decisión de la Comisión que rechazó la inscripción de la empresa recurrente en las listas de instalaciones contempladas en la Directiva 2003/87 y las cantidades de derechos de emisión propuestas por Alemania y de la posterior Sentencia del Tribunal General que apreció falta de motivación en la misma.
El Tribunal de Justicia, como punto partida, sustituye los fundamentos jurídicos de la Sentencia impugnada, pues cometió un error de derecho al considerar que la Comisión podía asignar derechos de emisión en supuestos de “dificultades excesivas”, en lugar de declarar que
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