Se aprueba la Estrategia Minera de Andalucía 2020
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Acuerdo de 28 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Minera de Andalucía 2020. (BOJA núm. 129, de 7 de julio de 2016)
Temas Clave: Minería; Integración ambiental; Regulaciones sectoriales
Resumen:
La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un gran potencial de recursos naturales y con una larga tradición minera. Si bien en los últimos años, algunos subsectores del sector minero extractivo han experimentado un retroceso, otros como es el caso de la minería metálica, se encuentran en pleno auge.
Entre los objetivos fundamentales de la Estrategia Minera de Andalucía 2020 figuran el aprovechamiento de la potencialidad minera del territorio andaluz, la creación de empleo y mejora de la competitividad del sector minero; la mejora de los servicios públicos vinculados al sector minero, adecuando la gestión administrativa a las necesidades del sector; la integración ambiental de la actividad minera y puesta en valor del patrimonio minero andaluz, como recurso turístico, cultural, social y económico que ayude al desarrollo sostenible del territorio. En
Aguas:
EMBID IRUJO, Antonio. “Treinta años de la ley de aguas de 1985”. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters – Aranzadi, 2016. 340 p.
Aguas subterráneas:
MERLA, Andrea. “Transboundary aquifers and groundwater systems of small island developing states: status and trends; volume 1: groundwater; summary for policy makers”. Nairobi (Kenya): United Nations Environmental Programme (UNEP), 2016. 13 p. , [en línea]. Disponible en Internet: http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?lin=1&catno=244912 [Fecha de último acceso 31 de agosto de 2016].
Biodiversidad:
ALLI TURRILLAS, Juan-Cruz. “La protección de la biodiversidad: estudio jurídico de los sistemas para la salvaguarda de las especies naturales y sus ecosistemas”. Madrid: Dykinson, 2016. 334 p.
Cambio climático:
TAMAMES, Ramón. “Frente al apocalipsis del clima: la lucha contra el calentamiento global. De Río-92 a París-2015”. Barcelona: Profit, 2016. 255 p.
Derecho constitucional:
MAY, James R.; DALY, Erin. “Global environmental Constitutionalism”. Cambridge (Reino Unido): Cambridge University Press, 2016. 409 p.
Desarrollo sostenible:
LARRAZ IRIBAS, Beatriz (Coord.); FERNÁNDEZ PÉREZ, Ana (Coord.). “Desarrollo sostenible en el siglo XXI: economía, sociedad y medio ambiente”. Madrid: Iprolex, 2016. 229 p.
Economía sostenible:
LARRAZ IRIBAS, Beatriz (Coord.); FERNÁNDEZ PÉREZ, Ana (Coord.). “Desarrollo sostenible en el siglo XXI: economía, sociedad y medio ambiente”. Madrid: Iprolex, 2016. 229 p.
Energía:
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Diego Córdoba Castroverde)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 3079/2016- ECLI: ES:TS: 2016:3079
Temas Clave: Regulación; energías renovables; retroactividad; confianza legítima; sanciones
Resumen:
Esta Sentencia reitera, parcialmente, los pronunciamientos de Sentencias que ya se comentaron en el mes anterior (específicamente STS de 7 de junio de 2016, ROJ 2689/2016 , y STS de 10 de junio de 2016, ROJ 2692/2016), en el recurso contencioso-administrativo 536/2014 interpuesto por varias Sociedades Mercantiles, contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos; y contra la Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, siendo parte demandada la Administración del Estado.
Como en las Sentencias señaladas, y en otras posteriores (STS de 28 de junio de 2016,
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 141/2016, de 21 de julio de 2016 (Ponente: Andrés Ollero Tassara)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 196, de 15 de agosto de 2016
Temas Clave: EMAS; Entidades de acreditación; Verificadores medioambientales; Entidad Nacional de Acreditación
Resumen:
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña promueve un conflicto positivo de competencias a través del cual impugna los arts. 9.1 y 2, 11.1 y 2, 12.1 y 4, y 13.2, la disposición transitoria primera y la disposición final tercera del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
La cuestión se centra en la aplicación en nuestro ordenamiento del sistema EMAS y, en particular, en la designación de las entidades de acreditación de los verificadores medioambientales.
El Gobierno de la Generalitat entiende que se han vulnerado las competencias en materia de medio ambiente reconocidas en
Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental (Chile), causa R 35-2014
Autora: Pilar Moraga Sariego, Profesora Asociada Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Centro de Derecho Ambiental y Sabiñe Susaeta, Ayudante del Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
Fuente: Sentencia de la causa R 35-2014, del Segundo Tribunal Ambiental
Temas Clave: Silencio administrativo, participación ciudadana en materia ambiental, fraccionamiento de proyectos
Resumen:
Con fecha 02 de junio de 2014, terceros al proyecto EFE, sometido a evaluación de impacto ambiental, presentan reclamación del artículo 17 n°6 de la Ley 20.600[1], ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Fundamenta tal reclamación el hecho de no haberse considerado debidamente las observaciones efectuadas por la comunidad durante el periodo de participación ciudadana (PAC) realizada durante el proceso de evaluación de impacto ambiental. Tales observaciones decían relación con los impactos acústicos y los pasos vehiculares y peatonales previstos en el proyecto.
Paralelamente se presentan dos reclamaciones del artículo 17 n°8 de la Ley 20.600[2], una de las cuales es declarada inadmisible por extemporánea y la otra rechazada.
El proyecto aludido lo ejecuta la empresa pública EFE y contempla los siguientes subproyectos: 1. Rancagua Express, 2. Seguridad y Confinamiento; 3.
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