Sentencia 171/2026 de 26 de febrero de la Sección Primera de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (rec. 7648/2023)
Autoras: Paula Echeverría Sánchez, Abogada y Jaime Doreste Hernández, Abogado ambientalista en Magerit Abogados y Profesor Asociado de Derecho Urbanístico y Ambiental en la UAM
Palabras clave: Urbanismo. Derecho Penal. Demolición.
Resumen:
En la Sentencia que hoy comentamos, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó la condena del Alcalde de La Acebeda, Comunidad de Madrid, como autor de un delito de prevaricación urbanística del artículo 320.2 del Código Penal.
El condenado otorgó en 2014 una licencia municipal para construir un cobertizo en suelo no urbanizable de especial protección, omitiendo de manera consciente y voluntaria el preceptivo procedimiento de calificación urbanística exigido por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, y actuando en contra de los informes desfavorables emitidos por la Secretaria y el Arquitecto municipales.
La resolución resulta especialmente relevante por dos motivos. En primer lugar, porque refuerza la interpretación jurisprudencial del elemento subjetivo del tipo penal —“a sabiendas de su injusticia”— en los delitos de prevaricación urbanística, descartando
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2026 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: José Luis Quesada Varea)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1592/2026- ECLI: ES: TS: 2026:1592
Palabras clave: Trasvases. Demarcaciones hidrográficas. Caudal ecológico. Cambio climático.
Resumen:
La Sentencia seleccionada resuelve el recurso contencioso-administrativo número 1004/2023 interpuesto por «Coda-Ecologistas en Acción» y «Greenpeace España», contra el Real Decreto 689/2023, de 18 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras. Son parte recurrida la Administración General del Estado, y la Junta de Andalucía.
La parte recurrente fundamenta el recurso en tres motivos de nulidad del Plan que afectan a varios extremos del mismo, a saber: en primer lugar, se la ausencia de cobertura legal de la transferencia de agua de la Demarcación hidrológica del Guadiana a la Demarcación de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, en el entendido de que cualquier trasvase de recursos entre Demarcaciones Hidrográficas precisa la aprobación de Ley previa aprobada en las Cortes Generales (45.1.d) del texto refundido de la Ley de
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2026 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: José Luis Quesada Varea)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1431/2026- ECLI: ES: TS: 2026:1431
Palabras clave: Calidad del aire. Planes ambientales. Zonificación. Ozono.
Resumen:
En esta ocasión seleccionamos una Sentencia que resuelve el recurso de casación núm. 9108/2023 interpuesto por la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra la sentencia núm. 718/2023, de 20 de junio, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el procedimiento ordinario 265/2022, sobre el plan de mejora de calidad del aire por ozono troposférico. Es parte recurrida la federación Ecologistas en Acción Castilla y León.
Así, el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia se vincula a la determinación de la compatibilidad entre la regulación estatal en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera y el hecho de que una Comunidad Autónoma apruebe un plan de mejora de la calidad del aire de carácter único, esto es, para todo el territorio de la Comunidad; o, por el contrario, si tiene la obligación
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2026 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: José Luis Quesada Verea)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1054/2026- ECLI: ES: TS: 2026:1054
Palabras clave: Cambio Climático. Transición energética. Prohibición. Permisos hidrocarburos.
Resumen:
En esta ocasión, la Sentencia seleccionada resuelve el recurso contencioso-administrativo número 238/2023, interpuesto por Mercantil, contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de responsabilidad patrimonial del Estado legislador y subsidiaria indemnización a título de expropiación forzosa por los daños y perjuicios causados por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, compareciendo como parte recurrida la Administración General del Estado.
En esencia, la recurrente plantea reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador (que fue desestimada por silencio administrativo) en la medida en que, a la entrada en vigor de la citada Ley, era titular de cinco permisos de investigación de hidrocarburos que, conforme a la legislación sobre la materia, conferían el derecho a obtener, en exclusiva, la concesión de explotación de los recursos descubiertos. Sin embargo, el artículo 9 de la Ley, así como la disposición transitoria segunda, implicaban la imposibilidad de
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2026 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Fernando Román García)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 961/2026- ECLI: ES: TS: 2026:961
Palabras clave: Especie en peligro de extinción. Autorización. Caza. Protección.
Resumen:
La Sentencia seleccionada resuelve el recurso de casación núm. 7119/2024 interpuesto por el Gobierno de Cantabria, contra la sentencia núm. 166/2024, de 27 de mayo, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que estimó el recurso contencioso-administrativo núm. 282/2022 interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico contra la Resolución de 8 de septiembre de 2022 -confirmada en alzada por resolución de 14 de septiembre- del Director General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria por la que se autorizaba la extracción de un lobo en terrenos del municipio de la Hermandad de Campoo de Suso. Es parte recurrida la citada Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico.
De esta manera, el interés casacional se vincula a “determinar el alcance del análisis a realizar para aplicar las medidas de extracción y captura
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