Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 21 de enero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, Ponente: José María Arrojo Martínez)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ:STSJ GAL 412/2021- ECLI:ES:TSJGAL:2021:412
Palabras clave: Fiscalidad. Daño ambiental. Aguas. Competencias.
Resumen:
El pronunciamiento que traemos a colación resuelve la impugnación del Acuerdo de la Xunta Superior de Fazenda, de 2 de mayo de 2017, sobre la liquidación derivada del acta de disconformidad sobre el Impuesto sobre el daño ambiental causado por determinados usos o aprovechamientos del agua embalsada, en este caso, del embalse de Peñarrubia, durante los ejercicios 2009 2012.
La mercantil recurrente alega lo siguiente: i) el impuesto no tiene finalidad ambiental; ii) es ajeno al principio de externalización de costes; iii) vulnera los artículos 133.2 156.1 y 157.3 de la Constitución, en relación con el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); iv) vulnera el reparto competencial constitucional y los artículos 157.2
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 17 de diciembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Antonio Sánchez Ibáñez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ NA 594/2020 – ECLI:ES:TSJNA:2020:594
Palabras clave: Agricultura. Aves. Biodiversidad. Espacios naturales protegidos. Red Natura. Zona de especial protección para las Aves (ZEPA)
Resumen:
Por unos particulares se interpone recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 27 de marzo de 2019, por el que se aprueba el expediente de modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra y su zona regable.
Según consta en la sentencia analizada, los recurrentes son una serie de agricultores de parcelas afectadas por el proyecto, algunos de los cuales desde los años 90 del siglo pasado contaban con distintas concesiones administrativas para el riego de sus tierras. Al respecto, la tramitación y aprobación del proyecto recurrido, implicaría la ampliación de zonas de regadío, siendo que las parcelas de los recurrentes se quedarían fuera de dicha ampliación, dejando sus parcelas
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 22 de octubre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Jesús Martínez-Escribano Gómez)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CLM 2508/2020 – ECLI: ES: TSJ CLM: 2020: 2508
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Montes. Procedimiento sancionador.
Resumen:
Mediante sentencia de 15 de octubre de 2018, un Juzgado de lo Contencioso Administrativo estimó el recurso contencioso administrativo presentado por una mercantil contra la desestimación del recurso de alzada interpuesto frente a Resolución del Director General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de 29 de junio de 2016, mediante la que se sancionó a la recurrente por la comisión de dos infracciones graves en materia de montes. La Administración recurrió en apelación la declaración de nulidad de pleno de derecho de estas resoluciones, dando origen al procedimiento de autos.
Entre las controversias suscitadas, la primera versa sobre la supuesta vulneración del principio non
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de once de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Desamparados Iruela Jimenez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ. STSJ CV 36/2021 – ECLI:ES:TSJCV:2021:36
Palabras clave: Plan Acción Territorial Infraestructura Verde. Litoral. Playas.
Resumen:
Sentencia de gran trascendencia para el futuro del escaso litoral que queda en la Comunidad Valenciana, en esta ocasión, la recurrente, Torreviñas S.L.U., interpuso recurso contencioso-administrativo frente al Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 8293, de 11 de mayo de 2018).
Este plan, denominado PATIVEL, tiene como objetivo: “definir y ordenar la infraestructura verde supramunicipal del litoral, protegiendo sus valores ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de protección frente a riesgos naturales e inducidos y del cambio climático; garantizar la conectividad ecológica y funcional entre los
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 2 de octubre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Inmaculada Donate Valera)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ CLM 2529/2020 – ECLI: ES: TSJ CLM: 2020: 2529
Palabras clave: Dominio público. Fiscalidad. Energía. Energía eléctrica.
Resumen:
Hoy comentamos la impugnación de la “Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos” publicada en el Boletín oficial de la provincia de Guadalajara el 5 de enero de 2018. En concreto, se controvierten los preceptos relativos a la regulación de la cuantía de la tasa (artículo 4), los preceptos del “Anexo de Tarifas” aplicables al transporte de energía eléctrica, y la regulación de la gestión de la tasa (artículos 6 y 7).
Siendo parte actora Red Eléctrica de España SAU y parte demandada el Ayuntamiento de Alcolea del Pinar, la mercantil alega que
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