Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 1 de octubre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María de las Mercedes Martín Olivera)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 3589/2025 – ECLI:ES: TSJICAN: 2025:3589
Palabras clave: Zona Especial de Protección para las Aves. Procedimiento de declaración. Información pública. Trámite de audiencia.
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo formulado por la Mercantil “Transportes Pablo León, S.L.” contra el Decreto 184/2022, de 15 de septiembre, del Gobierno de Canarias, en el extremo relativo a la declaración y publicación de la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) designada con el código ES0000310, denominada “Llanos y Cuchillos de Antigua”, isla de Fuerteventura, cuyo contenido recurre de forma parcial en lo relativo a la inclusión en el Anexo I de la indicada ZEPA.
Es parte demandada la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Alega la recurrente que la delimitación y designación de la ZEPA incumple los requisitos establecidos en el artículo 175 de la Ley 4/2017,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 1 de octubre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María del Carmen Monte Blanco)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 3580/2025 – ECLI:ES: TSJICAN:2025:3580
Palabras clave: Evaluación de impacto ambiental. Omisión de informes preceptivos. Informe del Servicio de Patrimonio Histórico. Informe de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Mercantil “Hermanos Ramírez Barreto, S.L.” contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático que dio por finalizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario del proyecto “aprovechamiento de recursos mineros de la sección A) Lapilli, cantera la Capellanía” promovido por la propia mercantil recurrente.
Alega la mercantil que con fecha 10 de enero de 2019 presentó el “Proyecto de prórroga y ampliación de la superficie de la autorización de explotación de recursos de la Sección A) Lapilli” conjuntamente con el Proyecto de Explotación y Plan de Restauración, y tras ser sometido
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 17 de septiembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Óscar Bosch Benítez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 3548/2025 – ECLI:ES: TSJICAN:2025:3548
Palabras clave: Acuicultura. Planificación. Zona de interés acuícola. Evaluación ambiental. Información pública. Aguas de baño. Banderas azules.
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo formulado por la FEDERACIÓN TURÍSTICA DE LANZAROTE 8 contra la Orden de 11 de febrero de 2021 (BOCAN núm. 41, de 1 de marzo de 2021), que aprueba la Ordenación Detallada de la ZIA LZ-2 (zona de interés acuícola), en la isla de Lanzarote, conforme a lo establecido en el Decreto 102/2018, de 9 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).
Es parte demandada la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca; y codemandada la mercantil “Yaizatun, S.A”.
Adelantamos que la Sala desestima íntegramente el recurso planteado sobre la base de los argumentos esgrimidos por la Administración demandada.
La recurrente esgrime como primer motivo de recurso la infracción, por no aplicación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 13 de enero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Óscar Bosh Benítez)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ ICAN 340/2022 – ECLI:ES:TSJICAN:2022:340
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Autorización Ambiental Integrada. Ruidos. Urbanismo.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve sobre la ejecución de una sentencia. Comenzando por los antecedentes del caso, la sentencia menciona, un Auto de 3 de marzo de 2020, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1, que declaró ejecutada la sentencia de 3 de septiembre de 2009, que encomendó al Ayuntamiento de Arrecife la adopción de medidas correctoras para evitar producir más daños derivados de la presión sonora ocasionada por una central térmica, y mantener una adecuada calidad atmosférica.
Por remisión a su sentencia de 15 de octubre de 2020, la Sala concluye que el motivo principal de la desestimación del recurso versa sobre la falta de prueba a la hora de contravenir las pruebas periciales y las mediciones realizadas, así como un informe técnico de la Consejería de Política Territorial. El Tribunal menciona
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 17 de junio de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Evaristo González González)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ ICAN 2575/2021 – ECLI:ES:TSJICAN:2021:2575
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Contaminación acústica. Derechos fundamentales. Ruido.
Resumen:
El supuesto de autos que traemos a colación versa sobre la apelación de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife (sin fechar), estimatoria de un recurso contencioso-administrativo frente al Decreto de 6 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Esta resolución declaró la vulneración de los derechos a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de unos particulares (artículos 18.1 y 2 de la Constitución Española) por la producción de ruidos en un local destinado a actividades de hostelería. Mediante la misma, se requirió a la sociedad civil titular para que en el plazo de tres meses realizara obras con el propósito de mitigar el impacto acústico que sufrían los particulares en su vivienda, quienes,
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