Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2017 (Sala Tercera, Sección 4, Ponente: María del Pilar Teso Gamella)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 2059/2017-ECLI:ES:TS:2017:2059
Temas Clave: Régimen Retributivo; Energías renovables; Cogeneración; Responsabilidad patrimonial de la administración
Resumen:
Se analiza por el Tribunal Supremo el recurso administrativo interpuesto por una mercantil contra la denegación presunta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de la petición de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños causados respecto de una planta de producción de energía eléctrica por cogeneración, tras la aprobación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Es bien sabido que estas dos normas (antes lo había hecho el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio), han supuesto un cambio en el régimen retributivo
Aguas:
EMBID IRUJO, Antonio et al. “Bienes Públicos y patrimonio cultural”. Revista española de derecho administrativo (Civitas), n. 183, febrero 2017, pp. 255-285
Derecho ambiental:
EMBID TELLO, Antonio Eduardo et al. “Medio ambiente”. Revista española de derecho administrativo (Civitas), n. 183, febrero 2017, pp. 287-310
Energía eléctrica:
GRACIA RETORTILLO, Ricard et al. “Derecho administrativo económico”. Revista española de derecho administrativo (Civitas), n. 183, febrero 2017, pp. 311-320
Energías renovables:
GUICHOT REINA, Emilio. “Responsabilidad administrativa”. Revista española de derecho administrativo (Civitas), n. 183, febrero 2017, pp. 199-212
HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael. “El Tratado sobre la Carta de la Energía y el arbitraje internacional de inversiones en fuentes de energías renovables. Caso Charanne B. V. y Construction Investments S. A. R. L. vs. Reino de España”. Revista de Administración Pública (CEPC), n. 202, enero-abril 2017, pp. 223-253
Fractura hidráulica (Fracking):
FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, Dionisio. “Sentencia del Tribunal Constitucional 73/2016, de 14 de abril [boe n.º 122, de 20-V-2016]: La inconstitucionalidad de la prohibición catalana del uso de la técnica de la fracturación hidráulica;… reafirmando, una vez más, las competencias del Estado”. Ars Iuris Salmanticensis (AIS): revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología, vol.
Derechos fundamentales:
LÓPEZ RAMÓN, Fernando. “Los refugiados climáticos”. Derecho Ambiental: El blog de José Manuel Marraco, 16 mayo 2017, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.abogacia.es/2017/05/16/los-refugiados-climaticos/ [Fecha de último acceso 29 de mayo de 2017].
Desarrollo sostenible:
BOUAZZA ARIÑO, Omar. “El desarrollo sostenible del turismo en el Derecho español”. Ambienta: la revista del Ministerio de Medio Ambiente, n. 117, diciembre 2016, pp. 30-39, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Bouazza17.htm [Fecha de último acceso 23 de mayo de 2016].
CALETTI, Leandro; FERNANDES DE AQUINO, Sérgio Ricardo. “Limites econômicos da natureza a partir do decrescimento: reflexões sobre justiça e sustentabilidade”. Argumentum (Universidade da Marília), n. 17, enero-diciembre 2016, pp. 87-109, [en línea]. Disponible en Internet: http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/view/244 [Fecha de último acceso 31 de mayo de 2016].
CHAVES, Vinicius Figueiredo. “Governança da sustentabilidade: o papel do direito”. Argumentum (Universidade da Marília), n. 17, enero-diciembre 2016, pp. 111-133, [en línea]. Disponible en Internet: http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/view/196 [Fecha de último acceso 31 de mayo de 2016].
MOREIRA COSTA, Inés. “A globalização da comunicação e seus reflexos sobre a dimensão econômica, ambiental e social da sustentabilidade”. Cadernos de Dereito Actual: Universidade de Santiago de Compostela, n. 6, 2017, pp. 199-214, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/177 [Fecha de
Título: “El Principio de Precaución, Convenio de Aarhus y las medidas cautelares en el procedimiento contencioso administrativo: comentario de los Autos de 4 de enero y 9 de marzo de 2017 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (REC. 276/2015)”
Autor: Jaime Doreste Hernández, Abogado ambientalista. Magerit Abogados
Sentencia 36/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 1 de marzo de 2017 (Ponente: Adela Asua Batarrita)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 83, de 7 de abril de 2017
Temas Clave: Energía eléctrica; Instalaciones; Información; Inspección; Autorización; Régimen retributivo; Estadística; Competencias ejecutivas
Resumen:
Se plantea en este caso un conflicto positivo de competencia por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra los arts. 8, apartados 1 y 2, 30 y 35.1 a) i) y la disposición final primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Estos preceptos imponen a los titulares de las instalaciones la obligación de remitir determinada información directamente a la Administración General del Estado, o le atribuyen a esta Administración facultades ejecutivas (inspección y autorización) en relación con las instalaciones de producción eléctrica.
La Abogada de la Generalitat alega que a través de estos preceptos se atribuyen al Estado funciones ejecutivas que no le corresponden. Por su parte, el Abogado del Estado entiende que
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