Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 17 de septiembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Óscar Bosch Benítez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 3548/2025 – ECLI:ES: TSJICAN:2025:3548
Palabras clave: Acuicultura. Planificación. Zona de interés acuícola. Evaluación ambiental. Información pública. Aguas de baño. Banderas azules.
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo formulado por la FEDERACIÓN TURÍSTICA DE LANZAROTE 8 contra la Orden de 11 de febrero de 2021 (BOCAN núm. 41, de 1 de marzo de 2021), que aprueba la Ordenación Detallada de la ZIA LZ-2 (zona de interés acuícola), en la isla de Lanzarote, conforme a lo establecido en el Decreto 102/2018, de 9 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).
Es parte demandada la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca; y codemandada la mercantil “Yaizatun, S.A”.
Adelantamos que la Sala desestima íntegramente el recurso planteado sobre la base de los argumentos esgrimidos por la Administración demandada.
La recurrente esgrime como primer motivo de recurso la infracción, por no aplicación
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de diciembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Santiago Pablo Soldevila Fragoso)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: SAN 5656/2025- ECLI:ES:SAN:2025:5656
Palabras clave: Declaración de impacto ambiental. Evaluación ambiental. Participación. Transportes.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve el recurso interpuesto por la Pedanía de Quintanaurria (Ayuntamiento de Carcedo de Bureba, Burgos) contra la Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se aprobó definitivamente el Estudio Informativo del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria, junto con su expediente de información pública y el trámite de audiencia a las Administraciones.
La parte recurrente alega impactos ambientales, económicos y sociales negativos, tales como la pérdida de puestos de trabajo y la afección a terrenos agrícolas y manantiales. A tal fin, propone alternativas técnicas. Igualmente, invoca supuestas infracciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario; del Real Decreto 2387/2004, de 30 de
Ley 6/2025, de 11 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOPV núm. 250, de 29 de diciembre de 2025
Palabras clave: Evaluación Ambiental. Suelos. Urbanismo.
Resumen:
La Ley 6/2025, de 11 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, afecta a distintas normas ambientales en varios aspectos, principalmente en relación con la evaluación ambiental estratégica y la protección del medio ambiente en el contexto de la planificación urbanística y la ejecución de actuaciones urbanísticas.
En particular, las modificaciones en materia ambiental se reflejan en los siguientes puntos:
Se modifica la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, añadiendo disposiciones que atribuyen competencias al ayuntamiento de municipios de más de 7.000 habitantes para actuar como órgano ambiental en planes y proyectos de actuación prioritaria que modifiquen o desarrollen el planeamiento general con evaluación ambiental estratégica, garantizando una separación adecuada entre el órgano ambiental y el órgano sustantivo y evitando conflictos de interés. Asimismo, incorpora un artículo 75 bis que regula la sincronización del procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de junio de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Ignacio López Carcamo)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CANT 669/2025- ECLI:ES:TSJCANT:2025:669
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convenio de Aarhus). Declaración de impacto ambiental. Energía eólica. Energías renovables. Evaluación Ambiental. Paisaje.
Resumen:
El pronunciamiento de autos versa sobre la impugnación de la autorización administrativa previa de un parque eólico por parte de una asociación. En concreto, la actora solicita la anulación de ciertos actos administrativos relacionados con el Parque Campo Alto y otros polígonos eólicos en Cantabria. Constituyen la parte demandada el Gobierno de Cantabria y, como codemandadas, las sociedades mercantiles promotoras del proyecto.
A los anteriores efectos, la actora interpuso un recurso de alzada que no se resolvió en plazo, por lo que entró en juego el silencio administrativo negativo.
Los motivos alegados por la asociación incluyen la falta de respuesta de la Administración a la solicitud de revisión de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 13 de junio de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 1 Ponente: José Ignacio López Carcamo)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ CANT 668/2025 – ECLI: ES:TSJCANT:2025:668
Palabras clave: Energías renovables. Evaluación ambiental. Participación.
Resumen:
La sentencia analizada resuelve el recurso interpuesto por una asociación contra la resolución de autorización administrativa previa del parque eólico Cuesta Mayor (BOC de 14 de abril de 2023).
La parte actora interpuso recurso de alzada que no fue resuelto en plazo, operando el silencio administrativo negativo. Como partes demandadas figuran el Gobierno de Cantabria y dos mercantiles codemandadas.
La Sala examina las pretensiones de la demandante, que alega, entre otros motivos, falta de respuesta administrativa, ausencia de planificación y de evaluación ambiental estratégica conjunta, impactos negativos no acreditados y vulneración del derecho a la participación. Acotando la cuestión al último de los motivos mencionados, por ser el que conduce a la estimación del recurso, el Tribunal determina que la Administración no acreditó la realización del trámite de consulta legalmente exigido respecto de la asociación demandante, lo que constituye un déficit esencial que
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