Foro UNIR “IA y sostenibilidad: desafíos ambientales, energéticos y territoriales”, Universidad Internacional de La Rioja, 3 de junio de 2026, online
Palabras clave: Administración pública. Derecho ambiental. Inteligencia artificial. Sostenibilidad.
Resumen:
La sesión se inserta en el marco de los Foros UNIR y propone una reflexión sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial, con atención específica al consumo energético, la huella de carbono, el uso intensivo de recursos naturales y el papel estratégico de los centros de datos, así como a la necesidad de una regulación que oriente un desarrollo responsable de esta tecnología.
Durante el foro se abordará, en particular, la intersección entre inteligencia artificial, sostenibilidad y Derecho, con especial atención al análisis normativo, a los retos regulatorios y a las oportunidades que plantea esta convergencia. La convocatoria subraya, asimismo, cuestiones como los desafíos en materia de políticas urbanas, la integración de la IA en ciudades inteligentes sin comprometer los objetivos climáticos y la función del Derecho ambiental y energético en la ordenación de estos procesos.
Nuestra compañera, la Dra. María Pascual Núñez, abrirá la sesión abordando la cuestión de la gobernanza sostenible de la IA y los retos ambientales desde la gestión pública.
A continuación, intervendrán
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 4 de febrero de 2026 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Juan Varea Orbea)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CANT 151/2026- ECLI:ES:TSJCANT:2026:151
Palabras clave: Calidad del aire. Planificación. Urbanismo. Transporte. Zonas de bajas emisiones.
Resumen:
La sentencia examinada resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Salvar Torrelavega contra el Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Torrelavega, de 30 de julio de 2024, por el que se aprobó definitivamente la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones del municipio de Torrelavega.
La parte actora alega falta de motivación y vicios formales en la ordenanza, especialmente en la memoria de análisis de impacto normativo (MAIN), ausencia de valoración de alternativas, insuficiente justificación de la proporcionalidad, carencia de memoria económica y deficiencias en los informes técnicos y económicos. Sobre esta base, solicita la anulación total de la norma y, subsidiariamente, la de su artículo 5.1.
El Ayuntamiento defiende la legalidad del procedimiento, la suficiencia de la documentación aportada y la obligatoriedad legal de implantar la ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes, conforme a la Ley 7/2021, de 20
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 29 de enero de 2026 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Alfonso Pérez Conesa)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ AS 298/2026- ECLI:ES:TSJAS:2026:298
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Autorización ambiental integrada. Cogeneración. Energía. Residuos.
Resumen:
La resolución judicial examinada resuelve el recurso presentado por la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies contra la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias, siendo codemandados una mercantil y el Ayuntamiento de Mieres.
El litigio tiene por objeto la impugnación de la resolución desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la resolución de modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la transformación de la Central Térmica de La Pereda, así como de la resolución por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, relativo al uso de biomasa y combustible sólido recuperado (CSR) en sustitución del carbón.
El primero de los razonamientos de la Sala versa sobre la inadmisibilidad del recurso contra la DIA, alegada por la mercantil en la contestación a la demanda. Esta parte sostiene que la DIA no es recurrible de forma autónoma,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de enero de 2026 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Victoriano Valpuesta Bermúdez)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ AND 1017/2026- ECLI:ES:TSJ AND:2026:1017
Palabras clave: Aguas. Inactividad de la administración. Sanciones.
Resumen:
El pronunciamiento aquí comentado resuelve el recurso de apelación interpuesto por Ecologistas en Acción de Cádiz contra la sentencia de 31 de octubre de 2024 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cádiz. En él se examina la inactividad de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía respecto de la ejecución subsidiaria de la demolición de unas obras ilegales en la ribera del río Guadalete, ordenada al infractor, un particular, mediante resolución firme de 14 de julio de 2015.
Dicho particular fue sancionado por ejecutar un muro de aproximadamente 33 metros de longitud y 1 metro de altura, construido con bloques de hormigón y enfoscado interior, así como por acondicionar una plataforma de hormigón junto al muro, destinada al aparcamiento de vehículos, con una superficie aproximada de 150 m².
La resolución administrativa de 14 de julio de 2015 le impuso la
Actualización y reforma del régimen de las aguas en la Unión Europea: Directiva (UE) 2026/805 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2026 por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro y la Directiva 2008/105/CE relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas
Autora: Sara García García, Profesora Ayudante Doctor de la Universidad de Valladolid
Palabras clave: Aguas. Superficiales. Subterráneas. Contaminantes.
Resumen:
La Directiva 2026/805 pretende reformar y adaptar el marco jurídico de protección de las aguas en Europa, especialmente, a las nuevas líneas de conservación ambiental y de lucha contra el cambio climático desarrolladas en la Unión, especialmente guiadas por el Pacto Verde Europeo.
En este sentido, los cambios propuestos por la Directiva de abril afectan a tres grandes normas en la materia: la norma clave, la Directiva marco del agua 2000/60 (art. 1 de la Directiva 2026/805) y, después, otras dos Directivas específicas, muy relacionadas con los objetivos que se pretenden
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