Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada (BORM nº 116, de 22 de mayo de 2009).
Artículo Relacionado. Vid. PERNAS, J. “La Lucha contra la contaminación y la tendencia hacia la codificación del Derecho ambiental Comunitario”. AJA. Boletín de Información sobre Derecho Ambiental de la Empresa y Lucha contra la Contaminación.[Internet]. A Coruña, 10 de marzo de 2009. Fecha de Consulta: 13 de junio de 2009. Disponible en la sección “Artículos” .
La Comunidad Autónoma de Murcia ha aprobado el nuevo régimen jurídico al que deberán someterse los planes, programas, proyectos y actividades susceptibles de afectar al medio ambiente que se desarrollen en el ámbito territorial de ésta Comunidad Autónoma.
El nuevo régimen aprobado por la Ley 4/2009 nace para dotar de coherencia al marco normativo y procedimental a través del que se ha venido articulando el control administrativo de la incidencia ambiental de actividadades públicas y privadas, un objetivo cuya consecución se pretende lograr fundamentalmente a través de la adopción de un enfoque integrado, mejorando la coordinación entre las distintas administraciones públicas e integrando y simplificando los procedimientos de prevención, control y calidad ambiental.
Título: La lucha contra la contaminación y la tendencia hacia la codificación del Derecho ambiental comunitario
Autor: José Pernas García, profesor contratado doctor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña
Doi: https://doi.org/10.56398/ajacieda.00019
Fuente: Rapid Press, 19 de marzo de 2009
“La Comisión ha enviado a España una carta de emplazamiento por permitir el depósito de residuos industriales contraviniendo normas comunitarias de medio ambiente, a saber, las Directivas sobre residuos, prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y vertederos. En los últimos 40 años, se han depositado en las marismas del río Tinto, en el estuario de Huelva, al suroeste de España, alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuo de una fábrica de fertilizantes situada en esa zona. (…)
La Comisión planteó el caso por primera vez a las autoridades españolas en mayo de 2008, tras haber expirado el plazo para conceder esos
Ley 1/2009 de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCYL de 2 de marzo de 2009)
La Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, que regula los instrumentos de prevención y control integrado de la contaminación de las actividades que se llevan a cabo en el territorio de esta Comunidad Autónoma, ha sido sometida a ciertas modificaciones que afectan a la distribución de competencias para tramitar y resolver los expedientes de autorización ambiental.
Fuente: Rapid Press, de 29 de enero de 2009.
La Comisión Europea ha tenido que iniciar un procedimiento de infracción contra diez Estados miembros por no haber expedido nuevos permisos o actualizado los ya existentes para más de 4 000 instalaciones industriales (de las 52.000 a las que afecta la Directiva IPPC) que se hallan en funcionamiento en diferentes partes de Europa. Los permisos deberían haberse expedido no después del 30 de octubre de 2007, de acuerdo con lo previsto en la Directiva de la UE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación («Directiva IPPC).
A ocho de esos diez Estados miembros se les envío ya el pasado mes de mayo una primera carta de emplazamiento (véase IP/08/704). Ahora recibirán un segundo apercibimiento por escrito, que es el último paso antes de ser llevados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Los ocho Estados miembros en cuestión son Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal. Por su parte, Dinamarca e Irlanda recibirán una primera carta de emplazamiento por el mismo motivo.
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