Fuente: Rapid Press, 19 de marzo de 2009
“La Comisión ha enviado a España una carta de emplazamiento por permitir el depósito de residuos industriales contraviniendo normas comunitarias de medio ambiente, a saber, las Directivas sobre residuos, prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y vertederos. En los últimos 40 años, se han depositado en las marismas del río Tinto, en el estuario de Huelva, al suroeste de España, alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuo de una fábrica de fertilizantes situada en esa zona. (…)
La Comisión planteó el caso por primera vez a las autoridades españolas en mayo de 2008, tras haber expirado el plazo para conceder esos
Ley 1/2009 de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCYL de 2 de marzo de 2009)
La Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, que regula los instrumentos de prevención y control integrado de la contaminación de las actividades que se llevan a cabo en el territorio de esta Comunidad Autónoma, ha sido sometida a ciertas modificaciones que afectan a la distribución de competencias para tramitar y resolver los expedientes de autorización ambiental.
Fuente: Rapid Press, de 29 de enero de 2009.
La Comisión Europea ha tenido que iniciar un procedimiento de infracción contra diez Estados miembros por no haber expedido nuevos permisos o actualizado los ya existentes para más de 4 000 instalaciones industriales (de las 52.000 a las que afecta la Directiva IPPC) que se hallan en funcionamiento en diferentes partes de Europa. Los permisos deberían haberse expedido no después del 30 de octubre de 2007, de acuerdo con lo previsto en la Directiva de la UE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación («Directiva IPPC).
A ocho de esos diez Estados miembros se les envío ya el pasado mes de mayo una primera carta de emplazamiento (véase IP/08/704). Ahora recibirán un segundo apercibimiento por escrito, que es el último paso antes de ser llevados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Los ocho Estados miembros en cuestión son Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal. Por su parte, Dinamarca e Irlanda recibirán una primera carta de emplazamiento por el mismo motivo.
Sentencia del Tribunal De Justicia (Sala Segunda) de 22 de enero de 2009, asunt0 473/07, Association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS, Association OABA/Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables
Palabras clave: control integrado de la contaminación; Directiva 96/61; cría intensiva; concepto de aves de corral; fijación de umbrales; número máximo de animales por instalación.
Resumen:
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del punto 6.6, letra a), del anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 257, p. 26), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003 (DO L 284, p. 1).
El Conseil d’État francés planteó al Tribunal de Justicia la siguiente
Decreto 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula la intervención ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales (DOCV de 16 de diciembre de 2008)
Objeto:
El presente Decreto valenciano excluye de la aplicación del régimen de autorización ambiental integrada o del de licencia ambiental, según corresponda, las actividades, obras e infraestructuras públicas de evacuación, tratamiento, depuración y, en su caso, reutilización de aguas residuales, así como las obras públicas de infraestructura para el abastecimiento de aguas de carácter general, que hayan sido o sean declaradas legalmente de interés comunitario, salvo que se trate de actividades o instalaciones referidas en el artículo 2 y el anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Las nuevas instlaciones actividades, obras e infraestructuras senaladas en el parrafo anterior se tramitarán como un plan especial, incluyendo la
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