Real Decreto 899/2025, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE n. 244, de 10 de octubre de 2025
Palabras clave: Carreteras. Corredores de carretera. Ordenación del territorio. Informes sectoriales. Planificación. Plan estratégico de las carreteras del Estado. Proyectos. Programas. Evaluación ambiental de infraestructuras viarias. Zona de influencia de las carreteras.
Resumen:
La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, ha supuesto un importante cambio en la normativa reguladora de la materia, con profundas consecuencias en todos los órdenes. El presente reglamento contribuye a afianzar la seguridad jurídica, definiendo con precisión conceptos que emplea esta Ley y concretando el alcance de alguno de sus preceptos. En cuanto a su estructura, sigue básicamente la misma disposición sistemática y ordenación de materias de la ley que desarrolla. Incluye tanto aquellos extremos susceptibles de desarrollo porque imperativamente así venía impuesto, como aquellos otros que, sin previsión de desarrollo específica, se ha considerado oportuno abordar, toda vez que abren oportunidades y ventajas para la gestión general de las carreteras que han de
Título: Electrocución de avifauna en líneas eléctricas: de la sanción administrativa a la responsabilidad penal
Title: Electrocution Of Birds On Power Lines: From Administrative Sanctions To Criminal Liability
Autora: Dra. María Teresa Montero Ruiz. Profesora del área de Derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Abogada
Fecha de recepción: 19/09/2025
Fecha de aceptación: 17/10/2025
Fecha de modificación: 27/10/2025
DOI: https://doi.org/10.56398/ajacieda.00447
Documento completo: “Electrocución de avifauna en líneas eléctricas: de la sanción administrativa a la responsabilidad penal”
Resumen:
La electrocución de aves en tendidos eléctricos plantea un desafío jurídico entre el Derecho administrativo sancionador y el Derecho penal ambiental. Dentro del marco normativo español —que incluye la Ley 42/2007, el Real Decreto 1432/2008 y la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental—, este análisis explora cómo la insuficiencia de las medidas administrativas ha impulsado progresivamente la vía penal. Esta tendencia se ha visto reforzada por la introducción de los artículos 326 bis y 340 bis del Código Penal. El estudio examina la relación entre las infracciones administrativas y los delitos contra el medio ambiente y la fauna, la responsabilidad de personas físicas y jurídicas, y criterios clave como la imputación objetiva, el nexo causal y la carga de la prueba.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 31 de marzo de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Autora: Dra. María Pascual Núñez. Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CANT 278/2025 – ECLI:ES:STSJCANT:2025:278
Palabras clave: Energías renovables. Evaluación Ambiental. Información pública. Modificación sustancial.
Resumen:
El objeto del recurso resuelto por el pronunciamiento de autos es la desestimación por silencio del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución que otorgó la autorización administrativa previa para el parque eólico Somaloma-Las Quemadas y su infraestructura de evacuación.
La parte actora impugna la autorización administrativa previa del parque eólico alegando, en síntesis, la falta de una evaluación ambiental estratégica y de planificación adecuada, la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental y del PNIEC, la insuficiente valoración de impactos acumulativos y sinérgicos, afecciones a la salud y al medio ambiente. A lo anterior, menciona deficiencias en la información y participación pública, así como diversas infracciones urbanísticas y legales, solicitando la nulidad de la autorización y la retroacción del procedimiento para subsanar estas deficiencias.
La administración demandada se opone a la impugnación defendiendo la legalidad del procedimiento, argumentando que se
V Jornada Jurídica de actualización en materia de evaluación ambiental “Evaluación ambiental: integrar y proteger”, Cabildo Insular de Tenerife, on line, 23 de octubre
Palabras clave: Formación. Evaluación ambiental.
Resumen:
El próximo 23 de octubre tendrá lugar la V Jornada Jurídica de actualización en materia de evaluación ambiental “Evaluación ambiental: integrar y proteger”, organizada por la Oficina de Apoyo Técnico Jurídico a la Comisión de Evaluación Ambiental, perteneciente a la Dirección Insular de Planificación del Territorio, Paisaje y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife. Como en años anteriores, la sesión tiene el formato de webinar en el que las personas interesadas podrán conectarse, previa inscripción gratuita, para asistir a las intervenciones de los diferentes ponentes que impartirán por vía telemática. Se entregará certificado de asistencia a las personas que superen el 75% de las horas lectivas de la jornada.
En esta ocasión participará nuestra querida compañera María Pascual Núñez, además de estimados miembros de AJA como Blanca Lozano Cutanda, Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa y otros especialistas en la materia.
Programa (HORARIO INSULAR):
8.45: Presentación de la Jornada.
9.00: Actualización Jurisprudencial en materia de evaluación ambiental. Apuntes sobre el Parque Eólico Campelo. Blanca Lozano Cutanda. Catedrática de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 31 de marzo de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª. Ponente: Clara Penín Alegre)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid. Asesora y consultora jurídico-ambiental
Fuente: STSJ CANT 332/2025 – ECLI:ES:TSJCANT:2025:332
Palabras clave: Evaluación ambiental. Autorización ambiental. Energías renovables. Derecho ambiental.
Resumen:
El pronunciamiento que analizamos resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria contra la autorización para la instalación del parque eólico El Escudo en suelo no urbanizable de varios municipios.
La parte recurrente argumenta la falta de participación informada de los afectados, aludiendo al catálogo de Montes de Utilidad Pública (MUP) y su propiedad pública, así como a la autorización para una ocupación industrial de montes del Catálogo de Utilidad Pública (CUP). En concreto, menciona el interés de la Plataforma y la solicitud de información conforme al Convenio de Aarhus.
Alega igualmente la omisión del trámite de evaluación ambiental estratégica (EAE) previa, partiendo de la nulidad del concurso público para asignación de potencia eólica, según la Sentencia de 17-10-2012, rec. 139/2010 del TSJ de Cantabria, confirmada por el TS, rec. 108/2013. Añade
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