Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOPA n. 58, de 24 de marzo de 2023
Palabras clave: Calidad ambiental. Prevención. Desarrollo sostenible. Actividades. Autorizaciones. Gestión medioambiental. Huella de carbono. Economía circular. Compra verde. Fiscalidad ambiental. Autorización ambiental integrada. Evaluación de impacto ambiental. Cooperación. Ayuntamientos. Información. Participación. Inspección ambiental. Infracciones. Sanciones.
Resumen:
La presente ley pretende ser el instrumento jurídico para garantizar un elevado nivel de protección de la calidad ambiental del Principado de Asturias que contribuya al bienestar de los ciudadanos y a la preservación, restauración y valoración del capital natural, y, como resultado, al incremento de su resiliencia frente al cambio climático y a otros riesgos medioambientales. La ley pretende compatibilizar el objetivo de mejora de la calidad ambiental con el desarrollo social y económico, en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La vocación de la Ley es convertirse en el marco esencial del ordenamiento jurídico
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de marzo de 2023 (cuestión prejudicial de interpretación), sobre las Directivas 2010/75/UE, de emisiones industriales (arts. 15.4 y 18); y, 2008/50/UE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (arts. 13 y 23): las excepciones puntuales concedidas en los permisos al cumplimiento de los valores limite de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles deben tener en cuenta las normas de calidad ambiental y no pueden concederse si en la zona se vulneran dichas normas
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala segunda, asunto C‑375/21, ECLI:EU:C:2023:173
Palabras clave: Emisiones industriales. Prevención y control integrados de la contaminación. Mejores técnicas disponibles. Valores límite de emisión. Excepción. Normas de calidad ambiental. Planes de calidad del aire. Dióxido de azufre (SO2). Central termoeléctrica.
Resumen:
El Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo de Bulgaria suspendió el proceso que fiscalizaba -en segunda instancia- sobre la actualización del permiso de funcionamiento de una instalación sometida a la Directiva de emisiones
Actividades marítimas:
ZURUTUZA ARIGITA, Iñaki. La exoneración de responsabilidad del porteador marítimo por la concurrencia del supuesto exceptuado (excepted peril) del art. 4.2.g) de las Reglas de La Haya Visby. Remisión del art. 277.2 LNM al régimen de responsabilidad de Convenio de Bruselas (Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona, Sentencia de 3 de febrero de 2021). Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, n. 27, 2021, pp. 262-278.
Calidad del aire:
El TJUE declara que España ha incumplido los límites de contaminación del aire en Madrid y el Área Metropolitana de Barcelona. Práctica urbanística: revista mensual de urbanismo, n. 180, 2022.
Cambio climático:
La Ley de cambio climático de la Comunitat Valenciana crea nuevos impuestos ambientales. Práctica urbanística: revista mensual de urbanismo, n. 180, 2022.
Contratación pública verde:
ANTONIO, Maniatis. El derecho ambiental y la contratación pública ambiental. Revista española de derecho administrativo, n. 223, 2022, pp. 189-204.
Derecho ambiental:
ANTONIO, Maniatis. El derecho ambiental y la contratación pública ambiental. Revista española de derecho administrativo, n. 223, 2022, pp. 189-204.
BADULES IGLESIAS, Darío;
Real Decreto 34/2023, de 24 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire; el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: (BOE n. 21, de 25 de enero de 2022)
Palabras clave: Calidad del aire. Contaminación atmosférica. Planes de acción. Umbrales de contaminación. Publicidad. Autorización ambiental integrada. Garantías financieras. Residuos.
Resumen:
La calidad del aire y la protección de la atmósfera han sido, desde hace décadas, una prioridad de la política ambiental. En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 22 de diciembre de 2022, por la que se resuelve la cuestión prejudicial en relación con la interpretación de los artículos 13, apartado 1, y 23, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa. Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Navarra
Fuente: Asunto C‑61/21
Palabras clave: Calidad del aire. Incumplimiento. Daños. Indemnizabilidad. Derecho a respirar.
Resumen: La cuestión prejudicial se plantea en el seno de un litigio entre JP y el Gobierno francés (Ministro de Transición Ecológica y Primer Ministro), en el que JP solicita la anulación de la resolución tácita del Prefecto del Departamento de Val-d’Oise por la que este denegó la adopción de las medidas necesarias para solucionar sus problemas de salud derivados de la contaminación atmosférica y, por otro lado, el resarcimiento por parte de la República francesa de los diversos daños que JP atribuye a dicha contaminación y que cuantifica en 21 millones de euros.
En primera instancia, el Tribunal de lo
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