Agricultura:
La Rioja suspende dos disposiciones sobre protección paisajística y agrícola de su ley de urbanismo. Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo, n. 177, 2022.
Aguas:
FERNÁNDEZ VALVERDE, Rafael. La municipalización del servicio de agua potable: memoria justificativa y estudio económico financiero. Diario La Ley (Estudios doctrinales), n. 10067, 2022.
MAESTU, Josefina. Transición energética, agua y seguridad alimentaria en España. Temas para el debate, n. 334, octubre 2022, pp. 14-16.
XIOL RIOS, Carlos. Los derechos de aprovechamiento de aguas nacidos al amparo de la ley de 1879 subsisten después de la vigente ley de aguas. Su reconocimiento puede obtenerse mediante una acción declarativa en la que se pruebe que se mantiene su explotación.: Esta acción es imprescriptible. La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, n. 6, 2022, pp. 175-180.
Autorización ambiental:
GARCÍA VALDERREY, Miguel Ángel. El informe urbanístico del Ayuntamiento en los procedimientos de autorización ambiental. Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo, n. 174, 2022.
Autorizaciones y licencias:
ÁLVAREZ VILLA, Javier. La autorización previa de usos en el suelo no urbanizable en la legislación asturiana. Práctica urbanística: Revista mensual de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 29 de julio de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Adriana Cid Perrino)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3380/2022 – ECLI:ES: TSJCL:2022:3380
Palabras clave: Autorización ambiental. Energía eléctrica. Biomasa. Declaración de impacto ambiental. Urbanismo. Estudio de impacto ambiental. Calidad del aire. Efectos sinérgicos. Ecosistemas forestales.
Resumen:
En este supuesto, la Sala examina el recurso contencioso-administrativo formulado por la Asociación “Plataforma Bierzo Aire Limpio” contra:
– La Orden FYM/393/2018, de 9 de abril, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la que se concede autorización ambiental para la instalación de producción de energía eléctrica a partir de biomasa ubicada en el término Municipal de Cubillos del Sil (León) titularidad de “Fuerzas Energéticas del Sur de Europa I, S.L.”.
– La Orden de 5 de abril de 2018 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de 23 de marzo de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: María José Pereira Maestre)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 6995/2022 – ECLI: ES:TSJAND:2022:6995
Palabras clave: Agricultura. Agua. Autorización ambiental unificada. Acuíferos. Concesión. Parque Natural de Doñana. Red Natura 2000.
Resumen:
Las entidades AGROBIONEST S.L. y AGROECOLOGÍA DOÑANA S.L interponen recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Huelva, de 28 de septiembre de 2018, que denegó la autorización ambiental unificada (AAU) para el proyecto de construcción de un depósito de regulación de agua de riego y sus diferentes elementos de explotación y control en una finca sita en el término municipal de Hinojos (Huelva), dentro del Parque Natural de Doñana.
La parte de la finca donde se ubica el proyecto se destina al cultivo de arándanos y frambuesas mediante goteo y cuenta con un aprovechamiento de aguas privadas inscrito con fecha 11/4/2003, compuesto por
Sentencia 18/2022, de 8 de febrero de 2022, del Pleno del Tribunal Constitucional (Ponente: Ricardo Enríquez Sancho)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial de Estado, número 59, de 10 de marzo de 2022
Palabras clave: Litoral. Autorización. Ayuntamiento. Dominio público marítimo terrestre. Playas.
Resumen:
Consideramos de interés la presente sentencia pues el objeto de discusión se centra en los artículos 20.1 b) y 30 d) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral, que atribuyen a los ayuntamientos competencia para otorgar «autorizaciones» para actividades previstas en los planes de uso del litoral y de las playas, de la siguiente manera: «Artículo 20. Servicios de temporada y actividades previstos por los planes de uso del litoral y de las playas. 1. Corresponde a los ayuntamientos, de acuerdo con los respectivos planes de uso del litoral y de las playas: […] b) El otorgamiento de las autorizaciones para el resto de actividades previstas por el plan de uso del litoral y de las playas». «Artículo 30. Competencias de los ayuntamientos. Corresponde a los ayuntamientos, en
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 25 de octubre de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier Oraá González)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3796/2021 – ECLI:ES: TSJCL: 2021:3796
Temas Clave: Proyecto Regional. Residuos. Ordenación del territorio. Planeamiento urbanístico. Autorización ambiental. Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras. Corredores ecológicos. Reserva de dispensación. Flora. “Napeta hispánica”. Vertederos. Declaración de Impacto Ambiental.
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo formulado por la Asociación Ecologistas en Acción de Valladolid contra el Decreto de la Junta de Castilla y León 44/2019, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Proyecto Regional del Centro Integral de tratamiento de residuos industriales no peligrosos (CITR) en San Martín de Valvení (Valladolid). La parte recurrente pretende que se declare la nulidad de pleno derecho, o se anule, el Decreto impugnado, así como también la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Es necesario tener presente que el Decreto recurrido aprueba un Proyecto Regional, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 10/1998, de 5
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