Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 30 de abril de 2024 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Miguel Blanco Domínguez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 2025/2024 – ECLI:ES: TSJCL:2024:2025
Palabras clave: Incendios forestales. Maquinaria agrícola. Estado de alarma. Prevención.
Resumen:
Conoce la Sala del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el “Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Soria -ASAJA SORIA- contra la desestimación presunta del recurso de alzada formulado contra la Resolución dictada por el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de fecha 15 de julio de 2022, por la que se incrementa la situación de riesgo meteorológico de incendios forestales declarando la situación de alarma en la Comunidad Autónoma de Castilla y León del 16 al 19 de julio. Ha sido parte demandada la Junta de Castilla y León.
Entre otras medidas, la resolución impugnada prohibió que en esos días se llevaran a cabo trabajos con maquinaria que pudieran generar chispas o deflagraciones en monte y en la franja de 400 metros que lo circunda, como son, cosechadoras, empacadoras, desbrozadoras,
Sentencia 76/2024, recurso de inconstitucionalidad 6243-2023, del pleno del Tribunal Constitucional (Ponente: Laura Díez Bueso)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial del Estado, de 10 de junio de 2024, número 140
Palabras clave: Competencias. Litoral. Costas. Restitución. Reposición. Sostenibilidad. Dominio Público Marítimo-Terrestre. Imprescriptibilidad. Plazos administrativos. Servidumbre protección costas.
Resumen:
El presente recurso tiene por objeto los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de Galicia 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
La base del recurso es totalmente competencial, en concreto, se denuncia la posible invasión de las competencias estatales ex artículo 149.1.23 CE, en relación con la regulación de los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre. En concreto, se impugnan: el artículo 10 por haber establecido un plazo de prescripción de quince años para la acción de restitución de las cosas y su reposición al estado anterior en zona de servidumbre de protección de costas, supuesto para el que la Ley de costas no prevé limitación de plazo para su ejercicio; el artículo 11 por no constituir una «norma
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 12 de abril de 2024 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6, Ponente: Luis Fernández Antelo)
Autora: Sara García García, Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid.
Fuente: STSJ M 3592/2024 – ECLI:ES:TSJM:2024:3592
Palabras clave: Evaluación de impacto ambiental. Procedimiento administrativo. Nulidad de pleno derecho. Órgano sustantivo. Rectificación de errores.
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso administrativo formulado por la Asociación Ciudadana Per L´Horta contra la Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se declara la subsanación de resoluciones de evaluación de impacto ambiental de proyectos portuarios.
El contexto en el que se enmarca esta cuestión se sitúa en las obras de ampliación del Puerto de Valencia y la evaluación de su impacto ambiental, pero indirectamente guarda relación con hasta veinte proyectos al efecto, relativos a diferentes puertos de toda la geografía española.
La mencionada Resolución modifica las declaraciones de impacto ambiental emitidas al respecto desde el año 2007 hasta el 2021
Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de abril de 2024 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5, Ponente: Carlos Lesmes Serrano)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 2266/2024 – ECLI:ES:TS:2024:2266
Palabras clave: Planes hidrológicos. Demarcación Hidrográfica del Segura. Agua desalinizada. Convenios. Concesión administrativa. Sociedad pública estatal. Regadío.
Resumen:
El Alto Tribunal se pronuncia en este caso sobre el recurso contencioso-administrativo formulado por dos mercantiles y dos particulares contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño- Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
En realidad, el recurso se ciñe a la impugnación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, cuyo régimen jurídico se prevé en el Anexo X del RD 35/2023.
Todos los demandantes se dedican a la actividad agraria de regadío en el Campo de Cartagena. Su
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 5 de febrero de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 1 Ponente: Julián Manuel Moreno Retamino)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ AND 913/2024 – ECLI: ES:TSJAND:2024:913
Palabras clave: Fiscalidad ambiental. Residuos. Residuos peligrosos. Impuesto sobre depósito de residuos.
Resumen:
La sentencia de autos aborda la impugnación de la Resolución de 18 de enero de 2022 del Tribunal Económico Administrativo de la Juntade Andalucía que desestima reclamación contra la liquidación girada por la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Huelva, en relación en el impuesto sobre depósito de residuos peligrosos ejercicio de 2018.
La mercantil actora argumenta que la liquidación impuesta no es correcta, ya que se debería distinguir entre residuos peligrosos depositados en vertederos específicos y aquellos depositados en vertederos de residuos no peligrosos. En concreto, basa su reclamación en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, específicamente en su artículo 67, que establece el hecho imponible del impuesto sobre el depósito de residuos peligrosos. Asimismo, cita el artículo
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