Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 31 de enero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Salud Ostos Moreno)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ AND 399/2022 – ECLI:ES: TSJAND: 2022:399
Temas Clave: Inactividad de la Administración. Aguas residuales urbanas. Convenio de colaboración. Aglomeraciones urbanas. Infraestructuras. Proyectos. Comisión de Seguimiento del Convenio.
Resumen:
La Sala se pronuncia en este caso sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira contra la inactividad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, actualmente Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de la Junta de Andalucía, en la tramitación de proyectos y ejecución de obras subsiguientes contenidos en los requerimientos dirigidos a la Administración y no atendidos, en aras a completar las infraestructuras que compete a la Consejería en cuanto al tratamiento de aguas residuales urbanas y ciclo integral del agua.
La parte recurrente considera que concurre tal inactividad por cuanto existe un Convenio, de naturaleza contractual y generador de obligaciones entre las partes, y además una obligación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 21 de enero de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 3ª. Ponente: Juan Carlos Fernández López)
Autora: Jennifer Sánchez González. Profesora de Derecho Administrativo. Universidad de A Coruña
Fuente: Roj: STSJ GAL 550/2022 – ECLI: ES: TSJGAL:2022:550
Palabras clave: Evaluación de impacto ambiental. Ruido. Parque eólico. Red Natura 2000.
Resumen:
La sentencia resuelve un recurso contencioso-administrativo, interpuesto por tres particulares, contra el acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, por el que se aprobó un proyecto de parque eólico (modificación sustancial por repotenciación), promovido por la sociedad mercantil “EDP Renovables España, SLU”, como proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como sus disposiciones normativas.
En el año 1997, en desarrollo del Plan Eólico de Galicia, se autorizó la instalación del parque eólico. En el año 2017 se solicitó la concesión de la autorización y aprobación del proyecto de ejecución de repotenciación de aquel parque, previendo sustituir los 61 aerogeneradores por 7, así como modificar algunas infraestructuras y construir caminos. Dadas las circunstancias de la modificación, se determinó que sería necesaria realizar una evaluación de impacto ambiental.
El proyecto fue declarado de interés especial, por lo que se tramitó de forma
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de abril de 2022: Bulgaria ha incumplido la Directiva 2008/56, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (arts. 5 y 17, apartados 2 y 3)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima), Asunto C-510/20, ECLI:EU:C:2022:324
Palabras clave: Medio marino. Estrategias marinas. Revisión.
Resumen:
La Comisión, tras tramitar el correspondiente procedimiento de infracción contra la República de Bulgaria, interpuso recurso ante el Tribunal de Justicia contra dicho Estado por no haber revisado tempestivamente las estrategias marinas adoptadas en cumplimiento de la Directiva 2008/56 y por no haber notificado a dicha Institución el contenido de dicha actualización.
El Estado demandado, por su parte, alegó el debido cumplimiento, en su día, de sus obligaciones de elaboración de las estrategias marinas iniciales y de notificación de los informes correspondientes así como la dificultad de adjudicar un contrato público convocado con dicha finalidad así como las exigencias procedimentales derivadas de la normativa aplicable (incluido el Derecho europeo).
La Sentencia, tras recordar las obligaciones que impone la
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2022 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy)
Autora: Dra. Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 989/2022- ECLI: ES: TS: 2022:989
Palabras clave: Evaluación ambiental estratégica. Planeamiento. Excepción. Efectos significativos.
Resumen:
La Sentencia comentada resuelve el recurso de casación número 95/2021 interpuesto por la «Federación Ecologistas en acción Granada», contra la sentencia núm. 631/20, de 19 de marzo, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) en el procedimiento ordinario núm. 500/17, relativa a la aprobación definitiva de la modificación del PGOU de Motril, respecto a la reprogramación de suelos urbanizables. Son partes recurridas el Ayuntamiento de Motril, Junta de Andalucía, y entidad mercantil del sector inmobiliario.
En este sentido, la Sala de instancia había considerado que la modificación del planeamiento impugnada, aunque formalmente constituyese una innovación que afecta a la estructura general, sin embargo, no tiene el alcance real y necesario que determinaría la exigibilidad de su sometimiento a la evaluación ambiental estratégica, desestimando el recurso presentado.
La recurrente plantea, así, recurso de casación
Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 17 de febrero de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: Fernando de Mateo Menéndez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 502/2022 – ECLI:ES:AN:2022: 502
Palabras clave: Ayudas públicas. Interés social. Subvenciones. Gestión ambiental. Investigación. Impuesto Renta Personas Físicas (IRPF). Fraude de ley.
Resumen:
En esta sentencia, la Comunidad Autónoma de Cataluña impugna una Orden por la que se convoca para el año 2020 la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones No Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.
La parte actora, alega que dicha Orden incurre en vicio invalidante (a tenor del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), por infracción del principio de jerarquía normativa al vulnerar el marco competencial de distribución de competencias en materia de Medio Ambiente entre la Administración General del Estado y la Generalitat. También se vulneran otras normativas relacionadas con la asignación de fondos procedentes de IRPF con fines de interés social. Destinados a
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