Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (A Coruña), de 18 de septiembre de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 2.ª, Ponente: José Antonio Parada López)
Autora: Dra. Paula Cisneros Cristóbal, Profesora Ayudante Doctora del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ GAL 6179/2025 – ECLI:ES:TSJGAL:2025:6179
Palabras clave: Autorización Ambiental Integrada (AAI). Residuos MARPOL. Legitimación activa ambiental.
Resumen:
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) frente a la Resolución de la Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de 20 de septiembre de 2024, por la que se inadmitió el recurso de alzada formulado contra la Resolución del Director Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático de 19 de diciembre de 2022. Esta última otorgaba una Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la empresa Limpieza Marítima de Óleos, S.L. (LIMPOIL) para una planta de recepción y pretratamiento de residuos generados por buques (residuos MARPOL) en el muelle de Oza (A Coruña) en el entorno de la ría de O Burgo.
El Ayuntamiento de Oleiros, que ya había presentado alegaciones en el trámite de información pública del expediente de AAI, impugnó la resolución al considerar que
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 9 de abril de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 3 Ponente: María José Pereira Maestre)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AND 6922/2025 – ECLI: ES:TSJAND:2025:6922
Palabras clave Responsabilidad medioambiental. Acceso a la información ambiental. Participación.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve el recurso presentado por dos mercantiles contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Sevilla (procedimiento 60/2022), en relación con la Resolución nº 792/2021 del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que estimó la reclamación formulada por una particular, en nombre propio y de la plataforma “Coín Salva tu Sierra”, contra la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de Málaga, instando la entrega de la información solicitada.
Las empresas apelantes alegaron la falta de legitimación pasiva de la plataforma ciudadana y de la particular, así como la falta de competencia del Consejo de Transparencia, argumentando que la información requerida tenía naturaleza medioambiental y debía regirse por la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 7 de abril de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 2 Ponente: Daniel Prieto Francos)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AS 1127/2025 – ECLI: ES:TSJAS:2025:1127
Palabras clave: Responsabilidad patrimonial de la Administración. Fauna.
Resumen:
La Sentencia de autos resuelve el recurso ordinario nº 152/2023, presentado por una particular contra la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias por responsabilidad patrimonial, tras sufrir daños personales por el ataque de un oso pardo el 30 de mayo de 2021 en Cangas del Narcea. La Administración inadmitió la reclamación inicial, alegando falta de legitimación y nexo causal, considerando el ataque como fenómeno imprevisible.
La Sala, a la luz del artículo 54.6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza (artículo 38.b), concluye que el Principado debe responder objetivamente por daños causados por fauna silvestre protegida, como el oso pardo, al no existir deber jurídico de soportarlos por parte de los particulares.
La Sala rechaza la exoneración por fuerza mayor,
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 13 de noviembre de 2025 (cuestión prejudicial de interpretación), sobre el Reglamento 995/2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera: no basta con que una empresa filial tenga acceso a los elementos del sistema de diligencia debida de la empresa matriz, debe de disponer de un sistema propio
Autor: Mario Martín García, Doctorando en Derecho de la Universidad de Valladolid
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, asunto C-117/24, ECLI:EU:C:2025:872
Palabras clave: Gestión de riesgos. Diligencia Debida. Grupo de empresas. Comercialización. Madera y productos de la madera.
Resumen:
El Tribunal General de la Capital o Tribunal Metropolitano de Budapest (Fővárosi Törvényszék), órgano judicial de Hungría, ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, que versa sobre la interpretación de los artículos 4.2 y 3, y 6.1 del Reglamento 995/2010, de 20 de octubre de 2010. Deriva de un proceso seguido ante él mismo, en el que la entidad demandante, dedicada a la comercialización de la madera y sus productos, había impugnado ante el tribunal húngaro una resolución sancionadora de la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria.
Sentencia de 23 de octubre de 2025 del Tribunal de París (Chamber 34th)
Autora: Paula Moreno-Cervera De la Cuesta. Abogada especialista en Derecho público, energía y ambiental en DLA Piper España
Autora: Sara González Merinero. Abogada especialista en Derecho de la energía y ambiental en Magerit Abogados
Palabras clave: Greenwashing. Transición energética. Neutralidad de carbono. Publicidad ambiental. Protección del consumidor. Prácticas anticompetitivas.
Resumen: El pasado 23 de octubre de 2025, un Tribunal de París dictó la primera sentencia que condenó a una empresa petrolera por publicidad engañosa sobre sostenibilidad (greenwashing) en Francia.
El caso parte de la demanda interpuesta por tres asociaciones ambientales Greenpeace France, Friends of the Earth France y Notre Affaire à Tous (las “Asociaciones”) contra TotalEnergies SE y TotalEnergies Electricité et Gaz France (“TotalEnergies”), por la difusión de sus objetivos de “neutralidad de carbono para 2050” y su condición de “actor principal en la transición energética”, sin que tales afirmaciones se correspondan con la realidad de sus actividades, especialmente por la continuidad en la inversión y explotación de combustibles fósiles.
En esencia, las Asociaciones demandantes argumentaban que las declaraciones de TotalEnergies resultaban engañosas para el consumidor medio, al presentar una imagen ambientalmente responsable que no se
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