Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 29 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Olga González-Lamuño Romay)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AS 3346/2018 – ECLI:ES:TSJAS:2018:3346
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Autorizaciones y licencias; Procedimiento sancionador; Vertidos
Resumen:
Por una mercantil se interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 19 de septiembre de 2017, del Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la cual se desestimaba el recurso de reposición contra la anterior Resolución de fecha 24 de julio de 2017 por la que se imponía una sanción consistente en multa económica de 90.001 euros por la comisión de una infracción grave a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Según parece, la infracción traía causa de unos vertidos al dominio público marítimo-terrestre en colector que habían superado el valor límite fijado en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que sustentaba la actividad del recurrente.
Entre los argumentos de la recurrente se encuentra la vulneración del artículo 24 de la Constitución, en relación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 6 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Carlos Altarriba Cano)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ:STSJ CV 2704/2018 – ECLI:ES:TSJCV:2018:2704
Temas Clave: Licencia; Vivienda en medio rural; Suelo forestal; Suelo no urbanizable protegido
Resumen:
En el supuesto de autos, se recurre en apelación la sentencia confirmatoria de la denegación de la solicitud de licencia de construcción de una vivienda familiar, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Onda, de 10 de octubre de 2013. El motivo de denegación fue la falta de informe de la Conselleria sobre viviendas rurales vinculadas a explotaciones agrarias.
El juzgador a quo puso de manifiesto que los informes preceptivos de la Conselleria de agricultura, pesca y alimentación resultaron desfavorables, por lo que el Ayuntamiento tuvo que denegar la solicitada debido al carácter reglado de la licencia. El contenido de un informe de 2013 al proyecto conjunto de construcción y explotación agrícola unido a la demanda, corroboró que la ejecución de la edificación se realizó con
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 11 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier Oraa González)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3657/2018 – ECLI: ES:TSJCL:2018:3657
Temas Clave: Minería; Concesión; Espacios contaminados; Expropiación; Declaración de urgencia; Propiedad
Resumen:
Conoce la Sala del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil “BEGIKO”, S.A. contra el Acuerdo 39/2016, de 23 de junio, de la Junta de Castilla y León, que declaró la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados que resultan necesarios para la ejecución del proyecto de aprovechamiento de la concesión de explotación denominada “Barruecopardo” otorgada a la mercantil “SALORO S.L.U.”
Este proyecto de aprovechamiento se situó sobre la antigua mina a cielo abierto de wolframio, que llevaba abandonada desde el año 1982. El deterioro ambiental provocado por el abandono tuvo su reflejo en el estudio realizado por la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León bajo el título “caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos en la mina de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Eduardo Rodríguez Laplaza)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CAT 7136/2018 – ECLI:ES:TSJCAT:2018:7136
Temas Clave: planeamiento urbanístico; usos del suelo; explotación ganadera; urbanismo
Resumen:
El 2 de febrero de 2016, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lérida dictó sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto por un particular contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Naut Aran, de 28 de noviembre de 2013, de concesión de licencia de actividad a otro particular para una explotación de vacas de carne sita en Arties. La entonces recurrente interpuso el recurso de apelación que da origen al presente pronunciamiento. De una parte, pretende la nulidad de la resolución impugnada y de todas las que ella traen causa, solicitando el cese de la actividad, y en su caso, el precinto y las medidas pertinentes para evitar el desarrollo y efectos de la referida actividad. De otra, solicita indirectamente que se declare nulo el artículo 80.m) de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Eduardo Rodríguez Laplaza)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ:STSJ CAT 6291/2018- ECLI:ES:TSJCAT:2018:6291
Temas Clave: instalación fotovoltaica; licencias de obra
Resumen:
A 8 de abril de 2014, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona dictó sentencia estimatoria del recurso contencioso administrativo formulado contra la Resolución del Alcalde de Les Masies de Roda, de 11 de julio de 2011. Dicha resolución requería al apelado que paralizase las obras desarrolladas en su propiedad “Más Casa del Mig” por no haberse formalizado, de un lado, los trámites previos de solicitud de licencia municipal, y de otro, la solicitud, en el plazo de dos meses, de la licencia de obras. Se advierte de la eventual instrucción del correspondiente expediente sancionador. La sentencia apelada anula el acto impugnado, reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado como consecuencia de los perjuicios derivados de la orden de paralización, tomando como base el daño emergente y el lucro cesante por la imposibilidad de efectuar
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