Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 31 de marzo 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: Antonio López Tomas)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 1232/2022 – ECLI: ES:TSJCV:2022:1232
Palabras clave: Residuos. Plan Integral. Plásticos de un solo uso. Responsabilidad ampliada. Encendedor. Máquina de afeitar.
Resumen:
En la presente sentencia constituye el objeto del recurso, el Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana, en concreto, los apartados c.2 y c.4 y el último párrafo del apartado c) del artículo 24.1.
Básicamente, la parte actora, una mercantil productora de artículos afectados por el Plan de Residuos, centra su argumento en que no pueden considerarse las versiones no recargables de encendedores y maquinillas de afeitar como productos de un solo uso, señala los siguientes motivos de impugnación:
En primer lugar, considera que el artículo 24.1. c.2 del Decreto resulta contrario al artículo 31 de la Ley 22/2011, pues es el Estado quien ostenta en dicha materia la competencia
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 12 de mayo de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6, Ponente: José Ramón Giménez Cabezón)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 5656/2022 – ECLI:ES: TSJM:2022:5656
Palabras clave: Aguas. Concesión. Central hidroeléctrica. Instalaciones. Dominio público hidráulico. Proyecto. Autorización. Restitución del cauce.
Resumen:
Conoce la Sala del recurso contencioso-administrativo formulado por una sociedad mercantil frente a la Resolución de 24-11-20 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que acuerda:
A) Declarar la extinción del derecho al aprovechamiento de 5.000 l/s de aguas a derivar del Río Hoz Seca, con destino a usos hidroeléctricos (Central “Hoz Seca”), en el término municipal de Checa (Guadalajara), inscrito a favor de la mercantil actora.
B) Cancelar la inscripción que figura en el Registro de Aguas de la cuenca.
C) Otorgar al titular un plazo de tres meses para que presente un proyecto en virtud del cual ponga fuera de servicio las instalaciones e infraestructuras asociadas a la concesión, con la finalidad de obtener la autorización correspondiente. Aprobado el citado proyecto y otorgada la correspondiente autorización, proceda a la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 28 de febrero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Rafael Losada Armada)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 213/2022- ECLI:ES:TSJCANT:2022:213
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Competencias. Montes. Dominio público. Actividades extractivas.
Resumen:
La sentencia analizada versa sobre la impugnación de varios artículos de la Ordenanza reguladora de la utilización del dominio público municipal para la extracción y transporte de maderas de los montes sitos en Entramasaguas, de 7 de agosto de 2020. En concreto, aquellos relativos a i) la ampliación del uso de caminos de titularidad municipal a los de administración municipal (art.1); ii) el concepto de camino municipal, por incluir los de administración municipal (arts. 2 y 3); iii) la ilegalidad de la obtención de licencia (art.4); iv) la prohibición de entrada de determinados vehículos que cuentan con autorización administrativa (art.5); v) contradicción con una norma de rango superior al regular el silencio administrativo (art.6); vi) el establecimiento de una fianza mínima y extralimitación competencial al tipificar una serie de infracciones de tipo medioambiental (art.8).
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de junio de 2022: la República Eslovaca ha incumplido las Directivas 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (arts. 6.3 y 6.2, en conexión con el art. 7); y, 2009/147, relativa a la conservación de las aves (art. 4.2)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Sexta, asunto C‑661/20, ECLI:EU:C:2022:496
Palabras clave: Hábitats. Aves. Evaluación ambiental apropiada. Zonas especiales de conservación. Zonas de protección de aves. Urogallo. Bosques. Gestión forestal.
Resumen:
La Comisión, a raíz de las denuncias presentadas por varias asociaciones ambientales relativas a la supuesta desprotección del urogallo frente a la gestión forestal en las zonas designadas en dicho Estado conforme a las Directivas de hábitats y de Aves, inició un procedimiento de infracción contra la República de Eslovaquia y, tras constatar que dicho Estado no había adoptado las medidas consideradas necesarias a la fecha de expiración del plazo previsto en su dictamen motivado, interpuso contra el mismo recurso por incumplimiento de dichas normas europeas.
La demanda de la Comisión se
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 27 de mayo de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 2ª. Ponente: Antonio Martínez Quintanar)
Autora: Jennifer Sánchez González. Profesora de Derecho Administrativo. Universidad de A Coruña
Fuente: Roj: STSJ GAL 3799/2022 – ECLI: ES: TSJGAL:2022:3799
Palabras clave: Concesión. Rehabilitación. Caducidad.
Resumen:
La sentencia resuelve un recurso contencioso-Administrativo interpuesto por un particular (D. Marcos), contra la resolución de la Conselleria do Mar (5 abril 2021), por la que se le denegaba la rehabilitación de concesiones para acuicultura y contra la resolución (16 julio 2021) por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la primera.
La parte recurrente fundamenta su demanda en las siguientes consideraciones, que se pueden resumir del siguiente modo:
En virtud de la Ley de Costas de 1988 sus concesiones, adquiridas a perpetuidad, no vencerían hasta 30 años después (29 julio 2018, prórrogas al margen), pero conforme a la resolución impugnada, han quedado extinguidas el 30 de diciembre de 1995 (o en el mejor de los casos el 2 de noviembre de 2016), por no haberse solicitado prórroga
La Administración competente decidió en su día no declarar la caducidad de las concesiones, sino rehabilitarlas, por
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