Creación del Consejo para la transición energética de Canarias
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias (BOCAN núm. 21, de 2 de febrero)
Palabras clave: Organización administrativa. Consultas. Transición energética. Políticas públicas. Energías renovables. Descarbonización.
Resumen:
A través del presente Decreto se crea el Consejo para la transición energética de Canarias como órgano colegiado de carácter consultivo y de asesoramiento en materia de transición energética y sostenibilidad. Se adscribe a la Consejería competente en materia de transición ecológica y energía, y funciona en Pleno y en Mesas Técnicas.
Este Consejo se configura como un instrumento de seguimiento, análisis y promoción de la transición hacia un modelo energético sostenible y renovable, con el fin de promover y evaluar el impacto de las políticas públicas y apoyar la implementación de medidas que aceleren la descarbonización del sector energético y faciliten la integración de energías renovables en el archipiélago canario de manera ordenada.
Aguas:
KING, Marcus DuBois. Weaponizing water: water stress and Islamic extremist violence in Africa and the Middle East. Barnsley (Reino Unido): Lynne Rienner Publishers Inc., 2025. 243 p.
VALLE MELENDO, Javier del. Los conflictos del agua: el gran reto geopolítico de los próximos años. Barcelona: Rosamerón, 2025. 280 p.
Agricultura:
MARTÍN MORENO, Daniel. La tributación simplificada de los agricultores: aspectos problemáticos de la estimación objetiva y soluciones del derecho comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2025. 400 p.
Ayuntamientos:
LACAL ROMERO, Patricia. Las entidades locales como protagonistas del desarrollo urbano sostenible: hacia una planificación holístico-estratégica. Madrid: Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), 2025. 328 p.
Bienestar animal:
GISIE, Laure. El estatuto jurídico del galgo en la caza. Valencia: Tirant lo Blanch, 2025. 378 p.
HURTADO GONZÁLEZ, Luis. Legislación taurina: corridas de toros. Madrid: Tecnos, 2025. 664 p.
Cambio climático:
CASTILLA, Karlos; ESCRIBANO MIRALLES, Pablo. Movilidad humana y adaptación al cambio climático: conceptos clave para la acción. A Coruña: Colex, 2025. 276 p.
Caza:
GISIE, Laure. El estatuto jurídico del galgo en la caza. Valencia: Tirant lo Blanch, 2025. 378 p.
Desarrollo sostenible:
PÉREZ LÓPEZ, Carmen; NAVARRO VALVERDE, Francisco Antonio; PINOS NAVARRETE, Aída. Repensar
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2026 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Carlos Lesmes Serrano)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 515/2026- ECLI: ES: TS: 2026:515
Palabras clave: Conservación. Aves silvestres. Líneas de tensión eléctrica. Especies amenazadas.
Resumen:
La Sentencia objeto de este comentario resuelve el recurso de casación núm. RCA/2422/2023, interpuesto por la Asociación para la defensa de la naturaleza al sur de Valencia (ADENSVA), contra la sentencia núm. 1/2023 de nueve de enero, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en el recurso ordinario núm. 545/2020, interpuesto por Mercantil, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el que se resuelve el procedimiento sancionador por supuesta comisión de una infracción en materia de conservación de la naturaleza.
En este sentido, el interés casacional del recurso apreciado por el Tribunal Supremo se vincula a la necesidad de determinar la conexión entre las previsiones contenidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de diciembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Santiago Pablo Soldevila Fragoso)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: SAN 5656/2025- ECLI:ES:SAN:2025:5656
Palabras clave: Declaración de impacto ambiental. Evaluación ambiental. Participación. Transportes.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve el recurso interpuesto por la Pedanía de Quintanaurria (Ayuntamiento de Carcedo de Bureba, Burgos) contra la Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se aprobó definitivamente el Estudio Informativo del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria, junto con su expediente de información pública y el trámite de audiencia a las Administraciones.
La parte recurrente alega impactos ambientales, económicos y sociales negativos, tales como la pérdida de puestos de trabajo y la afección a terrenos agrícolas y manantiales. A tal fin, propone alternativas técnicas. Igualmente, invoca supuestas infracciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario; del Real Decreto 2387/2004, de 30 de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 3 de noviembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Antonio Sánchez Ibáñez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ NA 738/2025 – ECLI:ES:TSJNA:2025:738
Palabras clave: Comunidades Autónomas. Contaminación acústica. Responsabilidad patrimonial.
Resumen:
En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó sentencia en un procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, instado por un grupo de vecinos de Berrioplano, afectados por los ruidos causados por una infraestructura viaria (la PA-30 de titularidad del Gobierno Foral de Navarra) que generaba inmisiones en sus domicilios colindantes con la carretera citada.
En concreto, la sentencia consideraba acreditada la vulneración de los derechos fundamentales invocados (derecho a la integridad física y moral y derecho a la intimidad personal y familiar), condenando a la administración autonómica a la adopción de las medidas necesarias para el cese de las molestias. No obstante, la Sala no acordaba la indemnización de los daños causados por no haberse solicitado en fase administrativa y por entender que la obligación indemnizatoria sería en este caso “subsidiaria o subordinada de la de adoptar esas medidas de modo que no surgiría
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