Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 13 de enero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Óscar Bosh Benítez)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ ICAN 340/2022 – ECLI:ES:TSJICAN:2022:340
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Autorización Ambiental Integrada. Ruidos. Urbanismo.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve sobre la ejecución de una sentencia. Comenzando por los antecedentes del caso, la sentencia menciona, un Auto de 3 de marzo de 2020, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1, que declaró ejecutada la sentencia de 3 de septiembre de 2009, que encomendó al Ayuntamiento de Arrecife la adopción de medidas correctoras para evitar producir más daños derivados de la presión sonora ocasionada por una central térmica, y mantener una adecuada calidad atmosférica.
Por remisión a su sentencia de 15 de octubre de 2020, la Sala concluye que el motivo principal de la desestimación del recurso versa sobre la falta de prueba a la hora de contravenir las pruebas periciales y las mediciones realizadas, así como un informe técnico de la Consejería de Política Territorial. El Tribunal menciona
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 24 de febrero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Julio Luis Gallego Otero)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AS 535/2022- ECLI:ES:TSJAS:2022:535
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Calidad del aire. Contaminación atmosférica. Emisión de contaminantes a la atmósfera.
Resumen:
Este pronunciamiento resuelve el recurso de apelación presentado por una mercantil, contra la sentencia de 6 de octubre de 2021, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo, por la que se sancionó a la recurrente al pago de una multa de 38.000€, por la comisión de una infracción grave, tipificada en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
La mercantil alega que se han vulnerado las normas esenciales del procedimiento sancionador produciéndose indefensión, y solicita la nulidad de la resolución. Asimismo, considera que, en caso de entender que se ha producido una infracción, esta debe ser calificada como leve a la luz del artículo 30.4.a) de la precitada norma, conllevando el pago de una multa de
Sentencia del TEDH de 10 de mayo de 2022, demanda 47987/15
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Palabras clave: Derechos fundamentales. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Contaminación de suelos. Contaminación de aguas.
Resumen:
En el supuesto de autos, un particular solicita que se reconozca la vulneración de su derecho a la vida privada y familiar reconocido en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por la contaminación producida en el cementerio sito al lado de su casa, que ha afectado a su finca y al agua que consume. Como consecuencia, tanto el actor como su cónyuge sufren insomnio, dolores de cabeza y angustia emocional, al presenciar los entierros tan próximos a su casa. A ello se añade que, si bien en un principio las vistas al cementerio estaban protegidas por árboles, estos fueron talados y ahora las ceremonias son visibles desde el domicilio de esta parte. Asimismo, el cementerio se expandió a lo largo de los años en dirección a la vivienda del afectado, contraviniendo la normativa rusa en materia de salubridad. Indica que
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 17 de febrero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Olga González-Lamuño Romay)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AS 499/2022 – ECLI:ES:TSJAS:2022:499
Palabras clave: Caza.
Resumen:
La sentencia de autos resuelve el recurso presentado por una sociedad de cazadores frente a la Resolución de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, de 4 de marzo de 2020, por la que se declaró terreno cinegético especial y se incorporó a los cotos regionales de caza nº 123 y 161, la anterior Zona de Aprovechamiento Común de Oviedo.
La recurrente solicita la declaración de nulidad del pronunciamiento recurrido y que permanezca la calificación de Terreno cinegético Especial en las 232 hectáreas de terreno denominadas Mina El Cesto, en base a los artículos 47, 18.2, 20, 40, 50, 53 y 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Subsidiariamente, se pide su anulabilidad, por aplicación del artículo 48 de la misma norma. Asimismo, se insta el inicio de un nuevo procedimiento en el que
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 8 de febrero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 151/2022- ECLI:ES:TSJCANT:2022:151
Palabras clave: Acceso a la justicia. Caza. Información ambiental. Instrumentos de planificación. Participación. Ordenación de los recursos naturales.
Resumen:
La sentencia que traemos a colación versa sobre la impugnación de la Orden MED/5/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria.
La recurrente, una asociación que vela por la conservación el estudio del lobo, alega, en primer lugar, un defecto de forma. En concreto, alega la ausencia de un informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente, exigido por la Decreto 129/2006, de 14 de diciembre. A estos efectos la Sala se remite al artículo 2.1.a) del mencionado decreto, para concluir que no existe una obligación de recabar dicho informe en el caso de una orden, sino que la presidencia del Consejo ostenta la potestad para proponer su emisión.
En cuanto a los motivos de fondo, la recurrente
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