La Rioja adopta medidas cautelares en relación con la dermatosis nodular contagiosa (DNC)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOR núm. 63, de 1 de abril de 2026
Palabras clave: Ganadería. Sanidad.
Resumen:
La Resolución que traemos a colación establece medidas cautelares para prevenir la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en el ganado bovino.
La principal consiste en la suspensión temporal de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías y mercados de bovinos en la comunidad autónoma.
Asimismo, los animales procedentes de zonas de riesgo deberán someterse a vigilancia veterinaria oficial durante al menos 21 días, y las explotaciones que los reciban quedarán inmovilizadas durante dicho periodo.
La Resolución exige, además, la desinsectación de todos los bovinos y la limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos de transporte, tanto en movimientos nacionales como internos.
Las medidas estarán vigentes mientras existan zonas de vacunación establecidas por el Ministerio y la Comisión Europea.
Entrada en vigor: El 1 de abril de 2026.
Enlace web: Resolución 661/2026, de 31 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, por la que se adoptan medidas cautelares en relación con la dermatosis nodular
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 25 de noviembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Edilberto José Narbón Lainez)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CV 3810/2025- ECLI:ES:TSJCV:2025:3810
Palabras clave: Energías renovables. Medidas cautelares.
Resumen:
El pronunciamiento analizado resuelve el recurso de apelación interpuesto por una mercantil dedicada a la explotación de instalaciones agropecuarias y piscícolas, así como a la distribución de los productos obtenidos, contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Alicante, que denegó la medida cautelar de suspensión del Decreto n.º 2024/0100 de la Alcaldía de Salinas, relativo a la concesión de licencia urbanística para la instalación de la planta de energía solar fotovoltaica FV Argos, solicitada por otra mercantil que opera en el sector energético.
La apelante alega la afección a fincas rústicas protegidas, a la actividad de enoturismo de la Finca Collado y la incompatibilidad de la ubicación de la planta con zonas LIC y ZEPA. La planta fotovoltaica ocuparía 1.874.450 m² y tendría una potencia instalada de 84,0 MW.
El Tribunal analiza los intereses en conflicto, el periculum in mora y el
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 24 de septiembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Manuel López Agullo)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ AND 13973/2025- ECLI:ES:TSJAND:2025: 13973
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Rehabilitación urbana. Protección de especies.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Asociación SOS Vencejos contra el auto de 15 de julio de 2024 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Málaga, por el que se desestimó la medida cautelar solicitada para suspender autorizaciones de rehabilitación de tejados sin medidas compensatorias para el anidamiento de vencejos, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
La Sala acepta los razonamientos jurídicos del auto apelado, basados en la regulación vigente de medidas cautelares y la jurisprudencia reciente. Para conceder la cautela solicitada, deben cumplirse tres requisitos. En primer lugar, que la ejecución del acto administrativo impugnado cause un perjuicio al recurrente. En segundo lugar, que dicho perjuicio sea irreparable o difícil de reparar. Finalmente, que la suspensión del acto no cause una
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 12 de junio de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Juan Manuel Marín Carrascosa)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ MU 1164/2025 – ECLI:ES: TSJMU:2025:1164
Palabras clave: Aguas. Medidas cautelares. Confederación Hidrográfica del Segura. Masas de agua subterráneas. Sobreexplotación. Cultivos. Prórrogas.
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo formulado por la Asociación Plataforma de Regantes y Usuarios y una Comunidad de Regantes contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 21 de octubre de 2022, publicado en BOE de 19 de noviembre de 2022, relativo a la modificación de las medidas cautelares de masas de agua subterráneas declaradas formalmente en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, refiriendo el recurso contencioso administrativo únicamente respecto a la masa de agua Tobarra-Tedera-Pinilla.
La parte actora fundamenta su demanda en los siguientes hechos:
1º) Respecto al Acuífero Tobarra-Tedera-Pinilla, no comparte la argumentación de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en orden a la escasez de agua en toda la cuenca y el agotamiento de sus
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (A Coruña), de 3 de octubre de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 2.ª, Ponente: María Azucena Recio González)
Autora: Dra. Paula Cisneros Cristóbal, Profesora Ayudante Doctora del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ GAL 6616/2025 – ECLI:ES:TSJGAL:2025:6616
Palabras clave: Sanción ambiental. Medidas cautelares. Ejecución administrativa.
Resumen:
La STSJ de Galicia 6616/2025, de 3 de octubre de 2025, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la mercantil “Multiservicios Contucho, S.L.” contra el Auto núm. 88/2025, de 5 de junio, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Pontevedra, que había denegado la suspensión cautelar de una sanción administrativa impuesta en materia de residuos y suelos contaminados.
El caso tiene su origen en la resolución de 19 de noviembre de 2024 de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, por la que se impuso a la mercantil una multa de 30.000 euros por la comisión de una infracción grave en materia ambiental. Dicha resolución fue confirmada en vía administrativa mediante resolución de la Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, de 31 de marzo de 2025, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la empresa sancionada.
Interpuesto recurso
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