Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre de 2015 (Ponente: Adela Asua Batarrita)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2015
Temas Clave: Cuestión de inconstitucionalidad; Ejecución de sentencia; Nulidad de Reglamento; Convalidación de actuaciones y obras; Aguas; Confederaciones Hidrográficas; Dominio público hidráulico; Políticas de medio ambiente
Resumen:
El Pleno del Tribunal Constitucional examina en este supuesto concreto la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (en adelante, la Sala) en el curso del incidente de ejecución de la Sentencia del mismo órgano judicial, de 24 de noviembre de 2009, que declaró nulo de pleno derecho el Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, por el que se adoptaron medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en la cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.
El problema se plantea en el incidente de ejecución de sentencia que se apertura a instancia de la “Plataforma para la defensa del río Castril Siglo
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 2015
Temas Clave: Aguas; Contaminación; Aguas residuales; Dominio público hidráulico; Información
Resumen:
El seguimiento y evaluación del estado, así como la protección de las aguas frente a sustancias prioritarias constituyen una materia compleja y extensa que convienen integrar en un único texto normativo. Pese a esta afirmación, el legislador ha considerado que cuenta con entidad suficiente como para dar lugar a un desarrollo reglamentario nuevo que no quede incluido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), modificado también por esta norma al igual que dos de los reglamentos de planificación hidrológica.
Proteger el estado de las aguas requiere integrar en su gestión tanto los elementos químicos como los ecológicos, de modo que el programa de medidas se diseñe y desarrolle atendiendo a la consecución del buen estado ecológico y químico. Hasta ahora ambos aspectos se regulaban a través de
Aguas:
GONZÁLEZ GARCÍA, Julio V. “Capítulo XXI. Aspectos básicos de la ordenación de las obras hidráulicas”. EN: González García, Julio V. (Dir.). “Derecho de los bienes públicos” (3ª Ed.). Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, pp. 1473-1518
Autorización ambiental integrada:
CALVO RETUERTO, Jaime. “La intervención administrativa de las actividades sometidas al régimen de autorización ambiental integrada después de la trasposición de la directiva de emisiones industriales al ordenamiento jurídico español”. EN: Pilar López de la Osa Escribano, (Coord.) et al. “La intervención administrativa y económica en la actividad empresarial: el derecho público y la empresa”. Barcelona: Bosch, 2015, pp. 935-954
Cambio climático:
BORRÀS PENTINAT, Susana. “La migración con dignidad para la justicia climática: la situación de los pequeños estados insulares en desarrollo”. EN: Cançado Trindade, Antonio Augusto; Barros Leal, César. “El respeto a la dignidad de la persona humana”. Bairro Cocó (Brasil): Instituto Brasileiro de Direitos Humanos (IBDH), 2015, pp. 237-266
BORRÀS PENTINAT, Susana. “La responsabilidad soberana para fortalecer la seguridad climática”. EN: TOMÁS MORALES, María Susana de. “Retos del derecho ante las nuevas amenazas”. Madrid: Dykinson, 2015, pp. 327-349
Contaminación acústica:
GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique. “El ruido, derechos fundamentales y medio ambiente: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Dominio público:
ARANA GARCÍA, Estanislao. “La Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral: las “soluciones singulares” y las nuevas medidas relativas a los riesgos naturales en la costa”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, n. 295, enero-febrero 2015, pp. 101-135
CHINCHILLA PEINADO, Juan Antonio. “La Ley 2/2013, de Protección y Uso Sostenible del Litoral, y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de costas”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, n. 295, enero-febrero 2015, pp. 137-180
Dominio público hidráulico:
SIMÓN ÁLVAREZ, Cristina. “Requisitos legales del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía”. Ecoiuris: la página del medio ambiente, 14 mayo 2015, pp. 1-5
Dominio público marítimo-terrestre:
JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, Francisco Javier. “Los efectos de la modificación de la Ley de Costas sobre el régimen jurídico de los puertos autonómicos”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, n. 295, enero-febrero 2015, pp. 45-99
MENÉNDEZ REXACH, Ángel. “Definición legal de la ribera del mar: las novedades del Reglamento de Costas”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente,
Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOJA núm. 89, de 12 de mayo de 2015
Temas Clave: Vertidos; Dominio Público Hidráulico; Dominio Público Marítimo-Terrestre; Autorizaciones; Aguas depuradas
Resumen:
A través del artículo único de este Decreto, se aprueba el Reglamento de Vertidos, que tiene por objeto: a) El desarrollo del régimen jurídico de las autorizaciones de vertido a dominio público hidráulico (DPH) y a dominio público marítimo-terrestre. b) El desarrollo del régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas. c) La regulación de la inspección y el control de los vertidos. d) La regulación del Registro de Vertidos de Andalucía.
El legislador autonómico aborda el establecimiento de un régimen actualizado y unificado de las autorizaciones de vertido, en desarrollo de las normas sobre vertidos establecidas en la Sección 2ª del capítulo III, del título IV de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Asimismo, revisa los límites de emisión y objetivos de calidad de las aguas litorales afectadas
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