Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2022 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2000/60, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (art. 4)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, asunto C‑525/20, ECLI:EU:C:2022:350
Palabras clave: Aguas superficiales. Calidad. Programas y proyectos. Masas de agua. Deterioro. Efectos de corta duración.
Resumen:
El Consejo de Estado de Francia plantea dos cuestiones al Tribunal de Justicia en el marco del proceso judicial iniciado por una asociación ambiental ( France Nature Environnement ) contra el Gobierno de dicho país con la finalidad de que se declarase ilegal la modificación introducida en el Código de Medio ambiente por un Reglamento de 2018. La disposición cuestionada permitía ignorar los efectos temporales de corta duración y sin consecuencias a largo plazo a la hora de valorar la compatibilidad de los programas y decisiones administrativas adoptados para prevenir el deterioro de la calidad de las aguas y la asociación demandante sostenía la misma que era contraria al art. 4.1 de
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de abril de 2022: Bulgaria ha incumplido la Directiva 2008/56, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (arts. 5 y 17, apartados 2 y 3)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima), Asunto C-510/20, ECLI:EU:C:2022:324
Palabras clave: Medio marino. Estrategias marinas. Revisión.
Resumen:
La Comisión, tras tramitar el correspondiente procedimiento de infracción contra la República de Bulgaria, interpuso recurso ante el Tribunal de Justicia contra dicho Estado por no haber revisado tempestivamente las estrategias marinas adoptadas en cumplimiento de la Directiva 2008/56 y por no haber notificado a dicha Institución el contenido de dicha actualización.
El Estado demandado, por su parte, alegó el debido cumplimiento, en su día, de sus obligaciones de elaboración de las estrategias marinas iniciales y de notificación de los informes correspondientes así como la dificultad de adjudicar un contrato público convocado con dicha finalidad así como las exigencias procedimentales derivadas de la normativa aplicable (incluido el Derecho europeo).
La Sentencia, tras recordar las obligaciones que impone la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 24 de febrero de 2022 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2011/92, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente (arts. 1, 2 y 5 a 8), en conexión con la Directiva 92/43, de conservación de los hábitats naturales (art. 16.1): la decisión administrativa previa por la que se dispensa la aplicación de las medidas de protección de las especies previstas en la Directiva de hábitats en la ejecución de un proyecto (arts. 12 y 13) debe entenderse comprendida en el procedimiento de autorización del mismo previsto en la Directiva de evaluación de impacto ambiental y no requiere participación del público
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, asunto C‑463/20, ECLI:EU:C:2022:121
Palabras clave: Evaluación ambiental. Proyectos. Cantera. Natura 2000. Protección de los hábitats de las especies. Excepción. Autorización. Procedimiento complejo. Participación del público.
Resumen:
El Consejo de Estado de Bélgica plantea dos cuestiones al Tribunal de Justicia en el proceso judicial iniciado por una asociación ambiental (Namur-Est Environnement ASBL) contra la Región de Valonia por la
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 22 de febrero de 2022, por la que se resuelven una serie de cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa. Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-300/20
Palabras clave: Evaluación ambiental estratégica. Ámbito de aplicación. Normas reglamentarias. Marco de ulteriores proyectos. Condiciones.
Resumen:
La cuestión prejudicial se plantea en el contexto de un litigio entre el Bund Naturschutz de Baviera, asociación de defensa ambiental, y la Comarca de Rosenheim, municipio bávaro, en relación con la legalidad de una Ordenanza relativa a un área de protección paisajística, aprobada sin haber realizado previamente una evaluación ambiental o, al menos, un examen para determinar si dicha Ordenanza podía tener efectos medioambientales significativos.
Destacamos los siguientes extractos:
33. Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si una medida nacional como la Ordenanza Inntal Süd, que tiene por objeto proteger la naturaleza y el paisaje y que establece a estos efectos prohibiciones
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 25 de enero de 2022, por la que se resuelve la cuestión prejudicial relativa a la interpretación de la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa. Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-181/20
Palabras clave: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Paneles solares. Responsabilidad ampliada del productor del producto. Efecto retroactivo.
Resumen:
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13 de la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el contexto de un litigio entre una empresa que explota una central de energía solar y el Ministerio de Medio Ambiente checo en relación con una demanda de indemnización presentada por esa sociedad debido al perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de la supuesta transposición incorrecta de la Directiva RAEE.
En concreto, la empresa opera una central de energía solar que fue puesta en servicio en 2009 y que está equipada con paneles fotovoltaicos introducidos en el mercado después del 13 de agosto de 2005 pero antes del 1 de enero de 2013. Por
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