Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 21 de julio de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Edilberto José Narbón Láinez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 2010/2025 – ECLI:ES: TSJCV: 2025:2010
Palabras clave: Sanción. Buque. Residuo. Autorización. Gestor autorizado. Vehículos al final de su vida útil.
Resumen:
Las mercantiles ECOGIL S.L. y ARDENTIA MARINE S.L. formulan recurso contencioso-administrativo frente a la resolución dictada por el Director General de Calidad y Educación Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, de fecha 4 de mayo de 2023, por la que se acuerda imponerles con carácter solidario una sanción de 95.000,00 euros de multa por la comisión de una infracción de carácter grave, tipificada en el artículo 46.3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (en la actualidad derogada por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular), en relación con el art. 73.1 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 11 de julio de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Esperanza Sánchez de la Vega)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ MU 1418/2025 – ECLI:ES: TSJMU: 2025:1418
Palabras clave: Uso forestal. Infracción. Sanción. Especies vegetales. ZEPA.
Resumen:
La Sala se pronuncia sobre el recurso contencioso-administrativo formulado por dos particulares frente a la Orden de fecha 31 de marzo de 2023, de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, que desestima el recurso de alzada interpuesto por los recurrentes, contra la Resolución dictada por la Dirección General de Medio Natural, de fecha 9 de septiembre de 2022, que les sancionó con una multa de 126.630 €, y la obligación accesoria de restauración del terreno afectado por ser los hechos cometidos constitutivos de una infracción administrativa calificada como muy grave y tipificada en el artículo 67. a) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes -el cambio de uso forestal o la realización de actividades en contra del uso forestal, sin autorización-.
La sanción se impuso por
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 17 de marzo de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, Ponente: Rafael Villafañez Gallego)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 3734/2025 – ECLI:ES: TSJCV: 2025:3734
Palabras clave: Información ambiental. Procedimiento sancionatorio. Responsabilidad medioambiental. Aves protegidas. Actividad administrativa impugnable.
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo formulado por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia (ADENSVA), contra: (i) la desestimación de la solicitud de información ambiental formulada a la Conselleria de Medioambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana; y (ii) la inactividad administrativa sancionadora e inactividad administrativa de exigencia de responsabilidad medioambiental de la propia Conselleria.
Ha sido parte demandada la Generalitat Valenciana.
La parte recurrente interesa que se le facilite por parte de la Administración la información ambiental consistente en la copia de las denuncias y otros documentos emitidos por los agentes medioambientales en los casos de siete informes veterinarios forenses sobre muerte de distintas especies de águilas y un búho real; así como copia de los expedientes sancionadores que se
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 441/2025 de 24 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Jose María Pérez-Crespo Paya)
Autor: Jaime Doreste Hernández. Abogado Ambientalista en Magerit Abogados. Profesor Asociado de Derecho Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Fuente: ROJ: STSJ MU 1810/2025 – ECLI:ES:TSJMU:2025:1810
Palabras clave: Dominio Público Hidráulico. Uso privativo de aguas. Ocupación de cauces. Infracción administrativa. Procedimiento sancionador. Régimen concesional. Ley de Aguas.
Resumen:
La Sentencia del TSJ de Murcia resuelve el recurso de una sociedad mercantil dedicada a la explotación agrícola contra una sanción de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por tres infracciones simultáneas en una explotación agrícola en Vélez Rubio: 1) uso privativo de aguas para riego sin autorización en 57,05 hectáreas; 2) ocupación de tres cauces públicos con diques de piedra; y 3) realización de trabajos que modifican el relieve y las escorrentías en dichos cauces y sus zonas de protección, todo ello sin la preceptiva autorización. El Tribunal desestima todas las alegaciones de la recurrente, que esgrime desde la nulidad por incompetencia del presidente de la CHS hasta la existencia de un supuesto uso de aguas consolidado y reafirma la titularidad pública de las
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (A Coruña), de 3 de octubre de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 2.ª, Ponente: María Azucena Recio González)
Autora: Dra. Paula Cisneros Cristóbal, Profesora Ayudante Doctora del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ GAL 6616/2025 – ECLI:ES:TSJGAL:2025:6616
Palabras clave: Sanción ambiental. Medidas cautelares. Ejecución administrativa.
Resumen:
La STSJ de Galicia 6616/2025, de 3 de octubre de 2025, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la mercantil “Multiservicios Contucho, S.L.” contra el Auto núm. 88/2025, de 5 de junio, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Pontevedra, que había denegado la suspensión cautelar de una sanción administrativa impuesta en materia de residuos y suelos contaminados.
El caso tiene su origen en la resolución de 19 de noviembre de 2024 de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, por la que se impuso a la mercantil una multa de 30.000 euros por la comisión de una infracción grave en materia ambiental. Dicha resolución fue confirmada en vía administrativa mediante resolución de la Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, de 31 de marzo de 2025, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la empresa sancionada.
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