Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 28 de marzo de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 4 Ponente: Beatriz Galindo Sacristán)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AND 4375/2025 – ECLI: ES:TSJAND:2025:4375
Palabras clave: Aguas. Dominio Público Hidráulico. Suelos. Protección ambiental.
Resumen:
El litigio de autos trae causa de la Resolución del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Loja, de 10 de agosto de 2020, que ordenó el restablecimiento y reposición al estado originario de una parcela en la localidad de Riofrío, tras la realización de unas obras sin la preceptiva autorización administrativa. En concreto, i) un muro perimetral de bloques de hormigón de 3 metros de altura y 17 metros de longitud, ubicado en zona de policía y servidumbre de cauce; ii) una escollera de piedra y hormigón en dominio público hidráulico del arroyo Salado, con 10 metros de longitud, 1,5 metros de ancho y 1 metro de altura; y iii) relleno de la parcela para elevarla respecto de las parcelas colindantes.
Esta resolución se impugnó en sede judicial, sobre la cual recayó la sentencia de 11 de febrero de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete), de 1 de septiembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, Ponente: Inmaculada Donate Valera)
Autora: Dra. Paula Cisneros Cristóbal, Profesora Ayudante Doctora del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ CLM 1947/2025 – ECLI:ES:TSJCLM:2025:1947
Palabras clave: Autorización Ambiental Integrada (AAI). Revocación. Caducidad del procedimiento. Dominio público hidráulico.
Resumen:
La sentencia examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por NUTRAVE, S.A., titular de una instalación de sacrificio y procesado de aves en Bargas (Toledo), frente a la Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible de 20 de septiembre de 2021 que desestimó su recurso de alzada contra la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 28 de abril de 2017, por la que se revocó la autorización de vertido integrada en su Autorización Ambiental Integrada (AAI).
Tras incumplimientos reiterados detectados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en los valores límite de emisión de vertidos del matadero (parámetros de pH, DQO, DBO₅ y sólidos en suspensión), respecto de las condiciones fijadas en la AAI concedida en 2008, se inicia el proceso de revocación. A la vista de dichos incumplimientos, la CHT emitió informe preceptivo y vinculante al amparo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 15 de septiembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eusebio Revilla Revilla)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3489/2025 – ECLI:ES: TSJCL:2025:3489
Palabras clave: Aprovechamientos forestales comunales. Información pública. Transparencia. Información ambiental. Ayuntamientos.
Resumen:
La Sala se pronuncia sobre el recurso contencioso-administrativo formulado por un particular contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, de fecha 17 de febrero de 2.025, que estimó parcialmente el recurso interpuesto por aquel contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la petición de información ambiental efectuada el 20 de noviembre de 2023 conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Al efecto, la sentencia de instancia anuló y declaró no ajustada a derecho dicha actuación administrativa del ayuntamiento de Molinos de Duero por estimación de los motivos primero y segundo de la demanda, y reconoció el derecho público subjetivo de la demandante a acceder a la información y documentación ambiental solicitada en
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 26 de febrero de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 3 Ponente: María José Pereira Maestre)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AND 4073/2025 – ECLI: ES:TSJAND:2025:4073
Palabras clave: Cambio de uso. Montes. Agricultura. Espacios Protegidos.
Resumen:
La sentencia que analizamos resuelve el recurso interpuesto por un particular contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Córdoba. El origen del litigio es la denegación administrativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que no autorizó el cambio de uso forestal a agrícola de unas subparcelas ubicadas en el término municipal de Los Blázquez (Córdoba). El particular recurrente argumentó que el terreno en cuestión ha sido destinado históricamente a cultivos agrícolas, especialmente cereal y barbecho, y que dispone de concesión de aguas para riego desde 2011, lo que refuerza su carácter agrícola.
La sentencia de instancia desestimó el recurso, basándose en la catalogación de las subparcelas como Hábitat de Interés Comunitario (HIC) en la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), y en la normativa vigente (Ley 42/2007
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 14 de febrero de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 1 Ponente: Julián Manuel Moreno Retamino)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AND 11552/2025 – ECLI: ES:TSJAND:2025:11552
Palabras clave: Energías renovables. Participación. Competencias. Libre mercado.
Resumen:
La sentencia que traemos a colación resuelve el recurso interpuesto por el Clúster Andaluz de Energías Renovables y Eficiencia Energética (Claner) contra el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (RLISTA). En particular, se impugnan los artículos 71.1.b).3º, 72 y 22.a), que regulan la implantación de infraestructuras de energías renovables, los informes preceptivos para actuaciones con incidencia territorial y la compatibilidad de usos en suelo rústico.
A estos efectos, la actora alega que la regulación supone un obstáculo a la unidad de mercado y a la implantación de energías renovables en Andalucía. Añade que se ha vulnerado el procedimiento de elaboración de la normativa al no haber sido oída la asociación recurrente tras diversas modificaciones del proyecto normativo.
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