Título: “La Asamblea Ciudadana para el Clima: ¿Un modelo a seguir en las asambleas ciudadanas regionales y locales?”
Title: “The Citizen Assembly For The Climate: A model to follow in regional and local citizen assemblies?”
Autora: Elsa Marina Álvarez González, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Málaga
Fecha de recepción: 21/02/2022
Fecha de modificación: 23/03/2022
Fecha de aceptación: 24/03/2022
Doi: https://doi.org/10.56398/ajacieda.00180
Resumen:
Tras varias experiencias europeas de democracia deliberativa en materia de medio ambiente (Suecia, Irlanda, Francia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Finlandia y Escocia), España se une a esta oleada con la creación de su asamblea ciudadana para el clima. Se trata de una organización ciudadana reclamada desde la declaración de España en situación de emergencia climática en 2020, que se crea con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y que se ha puesto en marcha definitivamente con la orden ministerial TED/1086/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece su composición, organización y funcionamiento. Dada la singularidad de este proceso participativo dedicamos estas páginas a realizar un análisis de su marco normativo, sus principales características, comparando su estructura y alcance con otras experiencias europeas y nos plantearemos la viabilidad jurídica
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 8 de febrero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Ana María Victoria Martínez Olalla)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 666/2022 – ECLI: ES: TSJCL: 2022:666
Temas Clave: Caza. Órgano consultivo. Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León. Participación. Transparencia. Informes científicos. Nulidad de actos. Invalidez.
Resumen:
La Sala se pronuncia sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) frente al Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre y, de forma indirecta, la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, por haberse dictado el Decreto impugnado en ejecución de la referida Ley.
Me centraré en el único motivo de impugnación que ha sido examinado y acogido por la Sala: el Decreto es nulo de pleno
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 24 de febrero de 2022 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2011/92, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente (arts. 1, 2 y 5 a 8), en conexión con la Directiva 92/43, de conservación de los hábitats naturales (art. 16.1): la decisión administrativa previa por la que se dispensa la aplicación de las medidas de protección de las especies previstas en la Directiva de hábitats en la ejecución de un proyecto (arts. 12 y 13) debe entenderse comprendida en el procedimiento de autorización del mismo previsto en la Directiva de evaluación de impacto ambiental y no requiere participación del público
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, asunto C‑463/20, ECLI:EU:C:2022:121
Palabras clave: Evaluación ambiental. Proyectos. Cantera. Natura 2000. Protección de los hábitats de las especies. Excepción. Autorización. Procedimiento complejo. Participación del público.
Resumen:
El Consejo de Estado de Bélgica plantea dos cuestiones al Tribunal de Justicia en el proceso judicial iniciado por una asociación ambiental (Namur-Est Environnement ASBL) contra la Región de Valonia por la
Decreto 31/2022, de 22 de febrero, por el que se establece la composición y el régimen de funcionamiento de la Mesa Social del Cambio Climático
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña número 8613 de fecha 24 de febrero de 2022
Palabras Clave: Cambio climático. Mesa Social. Participación pública.
Resumen:
En el marco del artículo 31 de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, se establece la creación de la Mesa Social del Cambio Climático. Esta iniciativa prevé organizar la participación de la sociedad civil sobre las políticas climáticas.
El cambio climático es un fenómeno de gran complejidad, cuyos impactos generaran importantes disfunciones tanto en la economía como en la naturaleza, con una tendencia en aumento en lo referente a climas y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.
De sobra es sabido el impacto que genera el los recursos hídricos, los usos del suelo o la continua pérdida de biodiversidad.
Se considera del todo imprescindible la necesaria dimensión social que puede generar el cambio climático, por lo cual, la sociedad civil debe cobrar un
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1 de octubre de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Antonio Parada López)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ GAL 6091/2021 – ECLI:ES:TSJGAL:2021:6091
Palabras Clave: Declaración de impacto ambiental. Evaluación ambiental. Evaluación ambiental estratégica. Instrumentos de planificación. Medio marino. Parques Nacionales. Participación. Turismo sostenible.
Resumen:
En el supuesto de autos, una mercantil recurre el Decreto 177/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, publicado en el Diario Oficial de Galicia Núm. 34 de 18 de febrero de 2019, por los motivos que se exponen a continuación.
Con carácter previo, el pronunciamiento alude a dos hitos normativos relevantes a modo de antecedentes. El primero, el anuncio de 5 de marzo de 2018, del acuerdo de sometimiento del proyecto de decreto por el que se acuerda el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional marítimo-terrestre de las islas atlánticas de Galicia al procedimiento de información pública, al que
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