Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 11 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María José Margareto García)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ:STSJ AS 115/2020 – ECLI:ES:TSJAS:2020:115
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Urbanismo. Edificación. Espacios Protegidos.
Resumen:
Un particular impugnó el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (C.U.O.T.A), de 26 de enero de 2017, mediante el que fue denegada la autorización para la legalización de un edificio denominado “cobertizo y cuerpo adosado acristalado en el lateral de la planta baja del edificio de 2 plantas (…)”. Frente a este Acuerdo se interpuso un recurso de reposición, desestimado mediante Acuerdo de la C.U.O.T.A, de 31 de octubre de 2018, asimismo impugnado mediante un recurso contencioso-administrativo, dando lugar el pronunciamiento que ahora analizamos. La autorización solicitada es el trámite previo a la concesión de la licencia urbanística para la realización de las obras descritas en el Proyecto Técnico presentado por un experto arquitecto.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Fernando García Mata)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AR 193/2020 – ECLI:ES:TSJAR:2020:193
Temas Clave: Comunidades Autónomas; Energía eléctrica; Energía eólica; Energías renovables; Fiscalidad ambiental; Principio “Quien contamina paga”
Resumen:
Por una mercantil se interpone recurso contencioso-administrativo contra la Orden HAP 237/2016, de 29 de febrero, por la que se aprueban los modelos de declaración censal, autoliquidación y pagos fraccionados de los nuevos impuestos Medioambientales creados por la Ley 10/2015, de 28 de diciembre de medidas para el mantenimiento de los Servicios Públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la Orden HAP/736/2016 de 1 de julio por la que se modifica la anterior. En concreto, la recurrente es una mercantil dedicada a la producción eólica de energía, y lo que se ataca es el denominado Impuesto Medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, aprobado a través de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
De hecho, lo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Daniel Sanz Heredero)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ M 271/2020 – ECLI: ES:TSJM:2020:271
Temas Clave: Contaminación acústica; Zonificación; Ocio; Mediciones
Resumen:
La Sala examina el recurso formulado por una Comunidad de propietarios frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 28 de junio de 2017, por el que se declara Zona de Protección Acústica Especial el Barrio de Gaztambide, y se aprueba su Plan Zonal Específico así como el establecimiento de los objetivos de calidad acústica perseguidos (los correspondientes al área acústica tipo a, sectores del territorio con predominio de suelo residencial).
La demandante interesa que se deje sin efecto la clasificación de la manzana ocupada por el edificio de la Comunidad como Zona de Contaminación Acústica Baja y se le otorgue la que resulte de la prueba pericial practicada a su instancia; o subsidiariamente que por parte del ayuntamiento de Madrid se lleve a cabo una nueva campaña de mediciones con los medios adecuados que incluyan
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 22 de enero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, Ponente: Ana María Jimena Calleja)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 332/2020 – ECLI: ES:TSJM:2020:332
Temas Clave: Montes de utilidad pública; Catálogo; Competencias; Vía de hecho; Indemnización de daños y perjuicios; Uso y gestión; Pista de esquí; PORN
Resumen:
La “COMUNIDAD DE LA CIUDAD Y TIERRA DE SEGOVIA”, entidad local e histórica que agrupa al Ayuntamiento de Segovia y otros Ayuntamientos y Sexmos de Segovia, Ávila y Madrid, interpone recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta de su solicitud sobre incoación de expediente de procedimiento expropiatorio, con el fin de determinar la indemnización de los daños y perjuicios causados por parte de la Comunidad de Madrid a través de la ocupación por vía de hecho desde el año 2000 hasta la actualidad, de una superficie de seis hectáreas del Monte-pinar denominado “La Cinta” (Peñalara) de 585 has de cabida total, señalado con el nº 113 del Catálogo de montes de utilidad pública; y mientras continúe dicha ocupación mediante la determinación del
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de diciembre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Isabel Fernández Pascual)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CAT 10612/2019 – ECLI: ES:TSJCAT:2019:10612
Temas Clave: Evaluación de impacto ambiental; Autorización administrativa; Aguas; Cauce público; Plan Espacios de Interés Natural; Red Natura 2000
Resumen:
El fondo de la cuestión es la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición, contra la resolución del director de la Agencia Catalana del Agua. Esta resolución aprueba el expediente de información pública del proyecto para la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Osor en el TM de Osor (la Selva), así como la autorización para realizar vertidos a cauce público conforme a lo establecido en los artículos 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de la Ley de Aguas.
La actora, un particular, pretende la nulidad de dicha resolución por la inexistencia de evaluación de impacto ambiental tal y como se prevé en el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, en su artículo 3.1,
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