Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 6 de octubre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Luaces Díaz de Noriega)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 4085/2025 – ECLI:ES: TSJCL:2025:4085
Palabras clave: Instalaciones fotovoltaicas. Autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico. Silencio administrativo. Ordenación territorial. Plan General de Ordenación Urbana. Paisaje protegido. Distancias. Informes sectoriales. Interés público.
Resumen:
La Sala examina el recurso de apelación formulado por la mercantil “Inver Generación 14, S.L.”, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 de Valladolid de 17 de junio de 2024, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado por aquélla contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición de fecha 25 de enero de 2023, interpuesto por la actora contra las resoluciones de la Alcaldía del Ayuntamiento de Renedo de Esgueva de 24 de noviembre de 2022, emitidas en los expedientes administrativos relativos a la autorización de las instalaciones fotovoltaicas «Los Hornillos 1» y «Los Hornillos 2» y por las que se deniega la autorización para instalar placas fotovoltaicas en suelo rústico.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 18 de julio de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Pilar Martínez Ceyanes)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ AS 2014/2025- ECLI:ES:TSJAS:2025:2014
Palabras clave: Acceso a la justicia. Actividades clasificadas. Autorización ambiental integrada. Autorizaciones y licencias. Contaminación atmosférica.
Resumen:
La sentencia de autos resuelve el recurso interpuesto por una organización ambiental, mediante el cual se impugnaron dos resoluciones administrativas (de 4 de octubre de 2022 y 24 de enero de 2023) relativas a la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de una sociedad mercantil en Gijón.
En el suplico de la demanda se solicita: i) declarar no conforme a Derecho la Resolución de 24 de enero de 2023 de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, que anuló los condicionantes sobre el valor límite de emisión (VLE) individual del foco F5 del Sínter B secundario; ii) ordenar a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias que modifique la AAI para establecer un nuevo VLE individual de partículas de 10 mg/Nm³ (media diaria) para el foco F5
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (A Coruña), de 3 de octubre de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 2.ª, Ponente: María Azucena Recio González)
Autora: Dra. Paula Cisneros Cristóbal, Profesora Ayudante Doctora del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ GAL 6616/2025 – ECLI:ES:TSJGAL:2025:6616
Palabras clave: Sanción ambiental. Medidas cautelares. Ejecución administrativa.
Resumen:
La STSJ de Galicia 6616/2025, de 3 de octubre de 2025, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la mercantil “Multiservicios Contucho, S.L.” contra el Auto núm. 88/2025, de 5 de junio, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Pontevedra, que había denegado la suspensión cautelar de una sanción administrativa impuesta en materia de residuos y suelos contaminados.
El caso tiene su origen en la resolución de 19 de noviembre de 2024 de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, por la que se impuso a la mercantil una multa de 30.000 euros por la comisión de una infracción grave en materia ambiental. Dicha resolución fue confirmada en vía administrativa mediante resolución de la Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, de 31 de marzo de 2025, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la empresa sancionada.
Interpuesto recurso
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de junio de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Ignacio López Carcamo)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ:STSJ CANT 669/2025- ECLI:ES:TSJCANT:2025:669
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convenio de Aarhus). Declaración de impacto ambiental. Energía eólica. Energías renovables. Evaluación Ambiental. Paisaje.
Resumen:
El pronunciamiento de autos versa sobre la impugnación de la autorización administrativa previa de un parque eólico por parte de una asociación. En concreto, la actora solicita la anulación de ciertos actos administrativos relacionados con el Parque Campo Alto y otros polígonos eólicos en Cantabria. Constituyen la parte demandada el Gobierno de Cantabria y, como codemandadas, las sociedades mercantiles promotoras del proyecto.
A los anteriores efectos, la actora interpuso un recurso de alzada que no se resolvió en plazo, por lo que entró en juego el silencio administrativo negativo.
Los motivos alegados por la asociación incluyen la falta de respuesta de la Administración a la solicitud de revisión de
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 18 de diciembre de 2025: España ha incumplido la Directiva 91/271/CEE (artículos 3, 4, 5 y 15), sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas
Autor: Mario Martín García, Doctorando en Derecho de la Universidad de Valladolid
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, asunto C-433/23, ECLI:EU:C:2025:981
Palabras clave: Aguas residuales urbanas. Incumplimiento del derecho comunitario. Instalaciones de tratamiento. Vertidos. Zonas sensibles.
Resumen:
A las puertas de finalizar 2025 el Tribunal de Justicia ha resuelto el procedimiento iniciado por la Comisión, que, el 12 de julio de 2023 interpuso recurso por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE frente al Reino de España.
El órgano ejecutivo notificó al Estado miembro la trasgresión años atrás, en 2016. Este primer escrito de requerimiento y la correspondiente respuesta estatal llevaron a que el 13 de febrero de 2020 la Comisión emitiera un dictamen motivado en el que llegaba a la conclusión de que España había incumplido las obligaciones que a este incumbían en virtud de los arts. 3 a 5 y 15 de la Directiva 91/271. Se instó al Reino de España a adoptar las medidas necesarias para que se ajustara al dictamen en el plazo
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