Fuente: Europa Press, 25 de junio de 2009
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo estudiará si España vulneró los derechos fundamentales del capitán del petrolero Prestige, Apostolos Mangouras, por mantenerle en prisión preventiva durante 83 días durante la instrucción de la causa que se sigue contra él por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y desobediencia. El capitán considera que los tribunales españoles vulneraron su derecho a la seguridad y a la libertad (regulados en los artículos 3 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), por los 83 días que permaneció en prisión preventiva tras ser detenido por el hundimiento del petrolero frente a las costas gallegas.
El pasado 20 de marzo, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Corcubión concluyó la fase de instrucción del denominado “caso Prestige”, cuya tramitación comenzó en noviembre de 2002. Los procesados en esta causa son el capitán del barco, Apostolos Mangouras; del jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos; y del
Fuente: www.ihobe.net, visto a 17 de junio de 2009
Desde su puesta en marcha Udalsarea 21, la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad ha desarrollado diversas iniciativas en pro del desarrollo sostenible en los municipios vascos. Dentro de esta labor, en 2005 se lanzó por primera vez el Ekitalde “Municipio y clima”, que tras sus dos ediciones ha dado paso a una línea de trabajo en materia de lucha contra el cambio climático.
Entre los logros alcanzados figura la creación de un modelo de ordenanza municipal de lucha contra el cambio climático. En 2009 seis municipios han aprobado esta ordenanza -Durango, Amurrio, Legazpi, Balmaseda, Areatza y Tolosa- y están elaborando, entre otras acciones, una proyección de sus emisiones.
La Guía para la redacción de estrategias locales de lucha contra el cambio climático -recogida en el Cuaderno Udalsarea 21 número 8- es otros de los instrumentos elaborados en el marco de este Ekitalde. Este documento busca orientar a los municipios en la elaboración de sus políticas de cambio climático, ayudarles a fijar objetivos y poner en marcha nuevas acciones a favor del clima.
Las entidades locales cuentan, además, con una línea específica de subvenciones para la
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (BOE, 13 de junio de 2009)
El presente real decreto tiene por objeto el establecimiento de medidas, procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos que sobre el medio ambiente, en particular sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje, y los riesgos para la salud humana puedan producir la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, y, fundamentalmente, la gestión de los residuos mineros.
Incorpora al ordenamiento interno español la Directiva 2006/21/CE, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Tiene carácter básico y pretende unificar y mejorar las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente en elámbito de la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales regulado por la Ley de Minas.
Este reglamento deroga las siguientes disposiciones:
Información y comentario de Montse Valencia, asesora jurídica de Amigos da Terra
La Comisión Europea cuestiona la efectiva aplicación del Convenio de Aarhus en España.
La Comisión Europea viene de dar un plazo de 10 semanas para que el Estado español clarifique qué tipo de medidas adopta a la hora de promover la participación de las ONGs ambientalistas en la elaboración de normas que afectan al medio ambiente
Esta situación ha sido generada por una queja que la organización ecologista WWF España interpuso ante la Representación de la Comisión Europea el pasado mes de febrero, ya que aquélla pretendió, en base a la
El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado mediante Decreto 259/2009, de 26 de mayo (BOJA nº 1110, 10 de junio de 2009) la modificación del Decreto 59/2006 de 14 de marzo por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada (BOJA nº 61, 30 de marzo de 2003), permitiendo que el plazo para la preparación de dicho Plan se amplie un año. La medida ha sido justificada sobre la base de la complejidad de los documentos a elaborar y la necesidad de consensuar sus contenidos con las Administraciones.
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