Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 de octubre de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Damián Iranzo Cerezo)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 13011/2022 – ECLI:ES: TSJM: 2022:13011
Palabras clave: Urbanismo. Plan Parcial. Plan Especial de Infraestructuras. Suelo urbanizable. Desarrollo sostenible. Demografía. Evaluación ambiental. Fraccionamiento de las evaluaciones. Espacios naturales protegidos. Tendidos eléctricos. Medida correctora. Impacto visual.
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo formulado por “Ecologistas en Acción Madrid-AEDENAT” a través del cual se impugnan:
i) De forma directa, el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas de fecha 5 de abril de 2019 por el que se aprueban definitivamente tanto el Plan Parcial como el Plan Especial de Infraestructuras del Sector S-1 “Los Carriles” del PGOU de Alcobendas.
ii) Indirectamente, la “clasificación como urbanizable sectorizado” de los suelos integrados en el citado Sector S-1 “Los Carriles”, resultado de la aprobación definitiva de la Revisión del PGOU de Alcobendas en virtud de Resolución de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 8 de noviembre de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Antonio Alberdi Larizgoitia)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ PV 2809/2022 – ECLI:ES:TSJPV:2022:2809
Palabras clave: Aves. Comunidades Autónomas. Competencias. Declaración de impacto ambiental. Energía eléctrica. Especies amenazadas. Evaluación de impacto ambiental (EIA).
Resumen:
Se interpone recurso contencioso administrativo por parte de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA contra la Orden Foral 422/2020, de 14 de enero, de la Diputada de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la cual se denegaba la autorización de ejecución de la línea de transporte de energía a 400 Kv Güeñes-Itsaso.
Las razones que sustentaban la denegación de esta autorización se basaban en la existencia de nidos de la especie alimoche, lo que constituiría una vulneración del artículo 57 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (prohibiciones y garantías de conservación del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial); y del artículo 50 del texto
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2022 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Fernando Román García)
Autora: Dra. Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 4852/2022- ECLI: ES: TS: 2022:4852
Palabras clave: Evaluación de Impacto Ambiental. Ámbito de aplicación. Proyecto. Vía verde.
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación núm. 299/2022 interpuesto por la Comunidad de Madrid, contra la sentencia núm. 1.140/2021, de 11 de octubre, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se estimó el recurso contencioso-administrativo núm. 747/2019, planteado contra el Acuerdo de 12 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que aprobó la creación de la vía pecuaria “Cañada Real de Madrid” en los términos municipales de Madrid y Pozuelo de Alarcón, declarando la nulidad de dicho acuerdo. Son partes recurridas, la Administración General del Estado, y particular interesado.
La Sala de instancia consideró nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico por haberse omitido el preceptivo procedimiento de evaluación ambiental del proyecto de creación de la Cañada Real
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 30 de septiembre de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Soledad Gamo Serrano)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 11189/2022 – ECLI:ES:TSJM:2022:11189
Palabras clave: Residuos. Administraciones Públicas. Competencias. Convenios. Circunstancias excepcionales. Vertederos. Parque Tecnológico de Valdemingómez.
Resumen:
La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid contra la sentencia de 21 de junio de 2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 31 de Madrid, que estimó el recurso contencioso administrativo formulado por el Grupo Municipal Mas Madrid y dos particulares contra seis resoluciones dictadas por la Directora General del Parque Tecnológico de Valdemingómez del Excmo. Ayuntamiento de Madrid en fecha 27 de diciembre de 2019.
A través de aquellas resoluciones se autorizó el tratamiento de residuos urbanos consistentes en “Fracción restos”, “Limpieza viaria”, “Voluminosos”, “Cadáveres de animales”, “Restos de poda y jardín” y “Rechazos de planta de tratamiento de envases”, de los treinta
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 27 de octubre de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María encarnación Lucas Lucas)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 4129/2022 – ECLI:ES: TSJCL: 2022:4129
Palabras clave: Avifauna. Zonas de protección. Tendidos eléctricos. Disposición reglamentaria. Acto administrativo. Procedimiento administrativo.
Resumen:
En este caso concreto, la mercantil “I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U” interpone recurso contencioso-administrativo frente a la Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente FYM/79/2020, de 14 de enero, por la que se delimitan las zonas de protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión (BOCyL de fecha 13 de febrero de 2020).
Son codemandadas la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la mercantil Unión Fenosa Distribución, la Sociedad Española de Ornitología y la Federación Ecologistas en Acción Castilla y León.
A través de la Orden
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