Sentencia del TEDH de 3 de julio de 2012, demanda núm. 61654/08, Martínez Martínez y Pino Manzano contra España
Autor: Enrique J. Martínez Pérez, profesor contratado doctor de la Universidad de Valladolid
Palabras clave: Contaminación acústica, Suelo urbanizable programado industrial, Canteras, Respeto de la vida privada o del domicilio
Resumen:
Otra vez más, de nuevo, nos encontramos ante una demanda contra nuestro país por contaminación acústica. A los asuntos sobre el exceso de ruido en plantas de tratamiento de residuos sólidos (as. López Ostra, 1994), transformadores eléctricos (as. Ruano Morcuende, 2005), zonas declaradas acústicamente saturadas (as. Moreno Gómez, 2006) o discotecas (as. Martínez Martínez, 2011), se une ahora el caso que nos ocupa, que tiene su origen en una demanda de dos ciudadanos españoles, residentes en un pueblo de Alicante (Redovan), por los ruidos y la contaminación industrial (polvo) procedente de la explotación de una cantera situada a unos 200 metros de su casa, que también era utilizada como taller textil. El edificio se construyó sobre un terreno inicialmente calificado como rústico y luego como suelo urbanizable programado industrial. Su largo periplo judicial comenzó ante la jurisdicción penal, donde fue sobreseída la causa. En el marco de dicho procedimiento el SEPRONA determinó que se superaba sólo mínimamente el nivel  Continuar leyendo …
Sentencia del TEDH de 4 de octubre de 2011, demanda núm. 7153/07, Orlikowscy c. Polonia
Autor: Enrique J. Martínez Pérez, profesor contratado doctor de la Universidad de Valladolid
Palabras clave: Contaminación acústica; Derechos fundamentales; Derecho al respeto a la vida privada y familiar; Construcción ilegal; Contaminación industrial
Resumen:
El presente asunto tiene su origen en una demanda presentada por dos ciudadanos polacos, el señor M. Orlikowski y la señora J. Orlikowska, por la construcción de una carnicería y posterior ampliación de una cámara de ahumado en una parcela adyacente a su casa. Debido a las molestias que les causaba esta actividad, iniciaron hace más de doce años una serie de procedimientos (algunos aún sin resolver) ante las autoridades de supervisión de la construcción con relación a la obra y ante la Inspección Regional del Medioambiente con relación al nivel de ruido. Como consecuencia ello, se ordenó la demolición del ahumadero. En cuanto al ruido, las autoridades nacionales confirmaron que superaba el límite máximo permitido. Sin embargo, posteriormente, se instaló un silenciador que redujo considerablemente el ruido proveniente de la carnicería, tal como comprobaron las autoridades administrativas competentes, ajustándose así a los requisitos de la legislación nacional aplicable en ese momento.
Los demandantes alegan, por un lado, que la duración del procedimiento es incompatible con el requisito de un “plazo razonable” establecido en el artículo 6, párrafo 1. Y, por otro, que se ha producido una violación del artículo 8 del Convenio, ya que el Estado no ha protegido su vida privada y su domicilio contra las graves molestias resultantes de las actividades de la carnicería y de la cámara de ahumado ilegalmente construidos por su vecino. Continuar leyendo …
Sentencia del TEDH de 14 de febrero de 2012, demanda núm. 31965/07, Hardy y Maile c. Reino Unido.
Autor: Enrique J. Martínez Pérez, profesor contratado doctor de la Universidad de Valladolid
Palabras clave: gas natural, sustancias peligrosas, evaluación de impacto ambiental, acceso a la información ambiental, riegos potenciales, [...]
Sentencia del TEDH de 10 de enero de 2012, demanda núm. 30765/08, Sarno y otros c. Italia
Autor: Enrique J. Martínez Pérez, profesor contratado doctor de la Universidad de Valladolid
Palabras clave: residuos sólidos urbanos, acceso del público a las informaciones ambientales, salud pública, fuerza mayor
Resumen:
El asunto que nos ocupa aborda la denominada “crisis de los residuos” que ha acontecido en los últimos años en la región de Campania (Italia). Una situación que llevó a las autoridades italianas a declarar el estado de emergencia desde febrero de 1994 hasta diciembre de 2009, debido a la amenaza para el medio ambiente y para la salud humana que suponía el amontonamiento de grandes cantidades de basuras en las vías públicas.
Para intentar resolver el conflicto se nombró un comisario delegado que presentó un plan de gestión de residuos urbanos que consistió, básicamente, en la implantación de un sistema de instalaciones industriales de valorización térmica alimentado por un proceso de recogida selectiva, para lo cual se licitó la construcción de varios vertederos e incineradoras. Inicialmente, se adjudicó el tratamiento de los residuos a un conjunto de operadores privados. Años más tarde, debido, entre otras razones, a los retrasos y a las deficiencias en el diseño de las fábricas, fueron resueltos los contratos que les vinculaban con la Administración, pasando finalmente a ser gestionado el servicio por empresas públicas. Continuar leyendo …
Sentencia del TEDH de 10 de febrero de 2011, demanda núm. 30499/03, Dubetska y otros c. Ucrania
Autor: Enrique J. Martínez Pérez, profesor contratado doctor de la Universidad de Valladolid
Palabras clave: contaminación industrial, derecho al respeto a la vida privada y familiar, reasentamiento de la población.
Resumen:
El asunto que nos ocupa versa sobre la contaminación industrial procedente de una mina y una planta de procesamiento de carbón propiedad del Estado. Los demandantes, residentes en una zona rural muy cercana a dichas instalaciones, habían estado expuestos durante muchos años, según los estudios de las autoridades nacionales y de diversas entidades privadas, a un alto riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades renales y respiratorias, debido no sólo a la presencia de elevados niveles de concentración de sustancias peligrosas en el aire, sino también a la contaminación de las aguas subterráneas, proveniente de las infiltraciones en las escombreras. Al mismo tiempo, habían sufrido también inundaciones y hundimientos del suelo. Ante esta situación, las autoridades ucranianas decidieron facilitar una nueva vivienda a los afectados en una zona más segura. Pero debido a la demora de sus promesas, cada familia presentó un demanda civil, con resultados diversos: a unos se les confirma el derecho a ser reubicado en otro lugar, mientras que a otros se le deniega, inter alia, porque los responsables de la empresa había tomado ya medidas para limitar la polución.
Como suele ser habitual en este tipo de asuntos, los demandantes alegan que han sufrido una grave injerencia del Estado respecto a los derechos garantizados en el artículo 8 del Convenio. De conformidad con los criterios presentes en la sólida jurisprudencia existente en la materia, la Corte indica que han sido facilitados una cantidad considerable de datos que evidencian que, durante al menos doce años transcurridos desde la entrada en vigor de la Convención respecto a Ucrania, los demandante habían vivido en una zona insegura según el marco legislativo y los estudios empíricos. Asimismo, considera que, aunque los demandantes son libres de moverse a otro lugar, no les resultaba factible llevar a cabo el cambio de residencia sin el apoyo económico del Estado, más aún cuando su actual vivienda había sufrido una importante depreciación al estar ubicada en una zona saturada ambientalmente. Continuar leyendo …
Sentencia del TEDH de 21 de julio de 2011, núm. 38182/03, Grimkovskaya c. Ucrania
Autor: Enrique J. Martínez Pérez, profesor contratado doctor de la Universidad de Valladolid
Palabras clave: contaminación acústica, participación pública, derecho al respeto a la vida privada y familiar
Resumen:
La sentencia que ahora exponemos resuelve una demanda presentada contra Ucrania por la contaminación derivada del intenso tráfico de una carretera. En 1998 las autoridades ucranianas modificaron el trazado de la autopista M04, desviándolo por una calle ubicada en una zona residencial en la ciudad de Krasnodon, donde vivía la demandante (Natalya Grimkovskaya) con sus padres y su hijo menor. Desde entonces su casa se convirtió prácticamente inhabitable; sufrieron vibraciones, polución y ruido constantes por la circulación de vehículos. Además, los numerosos baches que aparecieron posteriormente, originados por las malas condiciones del pavimento, fueros asfaltados con materiales muy baratos, tales como residuos de una mina de carbón cercana con un alto contenido en metales pesados. Ante las quejas de los vecinos, las autoridades sanitarias midieron los niveles de contaminación en la zona, llegando a la conclusión de que el contenido en polvo de cobre y plomo era respectivamente 23 y 7,5 veces superiores a lo permitido en las normas de seguridad aplicables. Tanto la madre como el hijo presentaron diferentes certificados médicos en los cuales se indicaba que padecía graves enfermedades, entre otras, bronquitis crónica e insuficiencia respiratoria. El hospital infantil de la localidad llegó incluso a recomendar el cambio de domicilio al hijo de la demandante al comprobar que éste había vivido en un zona extremadamente contaminada ambientalmente desde su nacimiento.
La demandante interpuso una demanda civil en la que solicitaba a las autoridades municipales una nueva ubicación para su familia y una compensación pecuniaria por los daños causados a su casa y a su salud, que fue finalmente rechazada después de varios recursos. Paralelamente, se instó al fiscal la apertura del procedimiento penal; solicitud que tampoco fue atendida porque se estimó que no había base para vincular la situación denunciada y la conducta de las autoridades competentes. En junio de 2002 la calle fue cerrada al tráfico. Los responsables estatales, aunque reconocieron la urgente necesidad de construir circunvalaciones alrededor de las zonas pobladas, alegaron que no había recursos económicos para ello. En noviembre de 2010 se produjo la reapertura de la carretera sin efectuar las reparaciones precisas. Continuar leyendo …
Sentencia del Tribunal Europea de Derechos Humanos, Tatar/Rumanía, de 27 de enero de 2009
Autor de la nota: Manuel Fondevila Maró, Becario predoctoral del área de Derecho Constitucional de la Universidade de A Coruña.
Palabras clave: Derechos fundamentales y medio ambiente; principio de precaución.
Resumen:
Los señores Vasile Gheorghe Tătar y Paul Tătar, padre e hijo, interponen una demanda contra el Estado de Rumania alegando que la pasividad de las autoridades rumanas ante la actividad, peligrosa para la salud, de la empresa “Aurul”, dedicada a la extracción minera mediante el empleo de cianuro de sodio, desarrollada cerca de su lugar de residencia. Los demandantes alegan que, debido a esta falta de atención por parte de las autoridades rumanas se produjo un accidente en el año 2000 en el que resultaron contaminadas las aguas no sólo de Baia Mare, localidad rumana donde estaba situada la empresa (que ha sido sustituida, mediante la compra de activos, por “Transgold SA”) sino también las aguas del Danubio, resultando por tanto perjudicadas Hungría y en menor medida Serbia y Montenegro. La queja de los demandantes se refiere no sólo a la falta de vigilancia por parte del Estado (accionista de la misma) de las actividades de la empresa en cuestión sino también a la respuesta de las autoridades ante las diversas reclamaciones planteadas, tanto en vía penal como administrativa. Consecuencia de todo ello –alegan – es el agravamiento de la salud del segundo, aquejado de asma. Continuar leyendo …
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