Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio
Autor: Dr. Fernando López Pérez. Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: DOE núm. 152, de 6 de agosto de 2018
Temas clave: Autorizaciones y licencias; Declaración de impacto ambiental; Evaluación ambiental estratégica; Grandes complejos de ocio; Instrumentos de planificación; Turismo
Resumen:
Plantea el legislador extremeño una norma que recuerda a las aprobadas por otras Comunidades Autónomas, como la Ley 6/2009, de 6 de julio, de Centros de Ocio de Alta Capacidad de Aragón, y lo que en último término regula es la posibilidad de agilizar la planificación y autorización de grandes espacios de ocio en el territorio.
Justifica el legislador la aprobación de esta norma en varias circunstancias recogidas en la exposición de motivos, como el hecho de que el 90% del territorio de Extremadura es un desierto demográfico (1,5 hab/Km2) o la necesidad de impulsar la implantación de un modelo de desarrollo sostenible en la Comunidad Autónoma, que incentive el desarrollo integral de las zonas rurales en equilibrio con las zonas urbanas a efectos de generación de empleo en el sector servicios en el medio rural. Y en definitiva, «dar cobertura jurídica a cualesquiera
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: María Jesús Vegas Torres)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ M 3807/2018 – ECLI:ES:TSJM:2018:3807
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Declaración de impacto ambiental; Evaluación de de impacto ambiental (EIA); Procedimiento administrativo
Resumen:
Un particular, al parecer vecino colindante de las parcelas donde se suceden los hechos, interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de 3 de diciembre de 2015, que acordó no ser necesario someter un proyecto de rehabilitación de edificios y tendido eléctrico en una finca ubicada en el término municipal de Valdemorillo (Comunidad de Madrid) a ningún de los procedimientos ambientales establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, con cumplimiento de las condiciones establecidas.
Al margen de otras consideraciones analizadas en la sentencia (al parecer, en el trasfondo del pleito subyace una disputa entre propietarios colindantes -recurrente
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2018 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Segundo Menéndez Pérez)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1513/2018- ECLI: ES: TS: 2018:1513
Temas Clave: Concesión minera; evaluación; declaración de impacto ambiental
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación núm. 2706/2016, interpuesto por Mercantil contra sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de fecha 13 de junio de 2016, y recaída en el recurso núm. 468/2013, contra la resolución de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 12 de septiembre de 2013, por la que se estimó parcialmente el recurso de alzada formulado contra la resolución del Director General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 23 de mayo de 2012, por la que se había otorgado a la Mercantil la concesión directa de explotación de recursos de la Sección C), gravas y arena, denominada “La Cabeza”, ubicada en los términos municipales de Casarrubios del Monte, El Viso de San Juan y
Aeropuertos:
DUBREUIL, Thomas. “Mesures compensatoires: le dossier de l’aéroport de Notre-Dame-des-Lanes et les apports de la Loi Biodiversité”. Revue juridique de l’environnement, n. 4, diciembre 2017, pp. 621-628
Auditoría ambiental:
ANTÚNEZ SÁNCHEZ, Alcides F.; RAMÍREZ SÁNCHEZ, Amed. “La potestad inspectiva vs. la auditoría pública: ojeada histórica dentro del derecho administrativo ambiental cubano”. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, vol. 8, n. 3, septiembre-diciembre 2017, pp. 303-342, [en línea]. Disponible en Internet: https://periodicos.pucpr.br/index.php/direitoeconomico/article/view/7586 [Fecha de último acceso 27 de abril de 2018].
Agricultura:
“AGRICULTURA y silvicultura sostenibles”. Revista rural de la UE: la revista de la Red Europea de Desarrollo Rural, n. 23, enero 2017, pp. 16-21, [en línea]. Disponible en Internet: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-enrd-rr-23-2017-es.pdf [Fecha de último acceso 27 de abril de 2018].
SOUSA VIEGAS, Thaís Emília de. “Risco, Meio Ambiente e Agrotóxicos no Maranhão”. Revista de Direito e Sustentabilidade, vol. 2, n. 2, 2016, pp. 188-206, [en línea]. Disponible en Internet: http://indexlaw.org/index.php/revistards/article/view/1307 [Fecha de último acceso 27 de abril de 2018].
Aguas:
DALLA CORTE, Thaís; DALLA CORTE, Tiago. “As Transações de Água Virtual Promovem a Justiça Ambiental?”. Revista de Direito e Sustentabilidade, vol. 2, n. 2, 2016, pp. 20-35, [en línea]. Disponible en Internet: http://indexlaw.org/index.php/revistards/article/view/1250 [Fecha de último
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Espín Templado)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 764/2018- ECLI: ES: TS: 2018:764
Temas Clave: Evaluación de impacto ambiental; declaración; impugnación
Resumen:
La Sentencia seleccionada resuelve el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado y por la Compañía Transportista de Gas Canarias, S.A., contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 2015, por la que estima el recurso contencioso-administrativo número 390/2013, presentado por la Asociación Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla. La Asociación es parte demandada en el recurso de casación.
El recurso contencioso-administrativo se había planteado contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 4 de mayo de 2012, por la que se otorga a Compañía Transportista de Gas Canarias, S.A. autorización administrativa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el término municipal de Granadilla (Tenerife), así como contra la desestimación
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