Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOIB núm. 180, de 20 de octubre de 2020
Palabras Clave: Economía. Simplificación administrativa. Administraciones públicas. Declaración responsable y la comunicación previa. Empresas. Construcción. Residuos. Planificación ambiental. Aguas residuales. Educación ambiental. Instalación, acceso y ejercicio de actividades. Urbanismo. Turismo. Transporte Terrestre. Movilidad sostenible. Carreteras. Paisaje. Envases. Proyectos industriales estratégicos. Energías renovables. Evaluación ambiental. Cambio climático y transición energética.
Resumen:
A consecuencia de la pandemia, Islas Baleares se encuentra ante una economía prácticamente paralizada, un consumo interno muy débil y unos mercados turísticos emisores que presentan muchas incertidumbres. En términos laborales, la cifra de parados supera en la actualidad las 200.000 personas. Esta situación requiere adoptar una serie de medidas que estimulen la economía y aporten nuevas perspectivas al tejido productivo del
Acceso a la justicia:
BOEGLIN, Nicolás. Ambiente y Derechos Humanos: el Acuerdo de Escazú a un año de su firma. El Dial: Suplemento de Derecho Ambiental, 05 de noviembre de 2019.
OJEDA-MESTRE, Ramón. El sistema de control internacional de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Dial: Suplemento de Derecho Ambiental, 03 de septiembre de 2019.
Agricultura:
ACEIT JÚNIOR, Luiz Carlos. Direito ambiental e o agronegocio. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, vol. 15, n. 86, marzo-abril 2016, pp. 94 y ss.
CARVALHO DANTAS, Marcus Eduardo de. Posse agrária, posse agroecológica e expansão do princípio da função social. Revista de Direito Ambiental, vol. 21, n. 81, enero-marzo 2016, pp. 17-46.
ESTUPIÑÁN PEDRAZA, Lorena Andrea. La erradicación de cultivos ilícitos en el parque natural nacional Sierra de la Macarena como política pública de base territorial. Global Iure, vol. 5, 2017, pp. 57-71. Disponible en: https://www.jdc.edu.co/revistas/index.php/giure/article/view/359 (Fecha de último acceso 21-10-2020).
IRIBARREN, Federico. Pasado, presente y futuro de las retenciones a los productos agrícolas. El Dial: Suplemento de Derecho Ambiental, 05 de noviembre de 2019.
JORDANO FRAGA, Jesús. Política normativa ambiental de Andalucía 2018:
Ley n.º 11/2020, de 7 de mayo, que establece un régimen excepcional y transitorio para la celebración de acuerdos de reestructuración de la deuda de los municipios a las entidades prestadoras de servicios de abastecimiento y saneamiento
Autora: Amparo Sereno. Investigadora del Observare (UAL) y profesora en el “Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa” (ISCAL)
Fuente: “Diario de la República” (DR) 1.ª serie, Nº 98, de 7 de mayo de 2020
Palabras clave: Agua potable. Aguas residuales. Abastecimiento. Saneamiento. Reestructuración de deudas. Banco Europeo de Investimento (BEI). Covid 19.
Resumen: Esta nueva normativa permite la reestructuración de las deudas contraídas por los municipios con las entidades gestoras que realizan el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales. Tal como consta en su artículo 4º, la ley produce efectos retroactivos a partir de 30 de abril de 2020 y caduca de modo expreso el 31 de diciembre del mismo año. Es decir, que todas las deudas contraídas por los municipios entre 30 de abril y 30 de junio (artigo 2º) podrán ser restructuradas hasta el final de este año. Pues este régimen es transitorio y solamente
Agricultura:
DEMARTY, Jean-Luc; MÖGELE, Rudolf; HANIOTIS, Tassos. 60 ans de polotique Agricole commune. Revue du droit de l’Union Européenne, n. 21, 2019, pp. 17-38
SVABY, D. Una concertación sobre los precios y las cantidades entre varias organizaciones de productores agrícolas y asociaciones de dichas organizaciones puede constituir una práctica colusoria: TJ, Gran Sala, 14 Nov. 2017. Asunto C-671/15: APVE y otros. La Ley Unión Europea, n. 54, 2017
Aguas:
GONZÁLEZ IGLESIAS, Miguel Ángel. Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el Texto Refundido de la de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 d. Ars Iuris Salmanticensis (AIS): revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología, vol. 6, n. 2, diciembre 2018, pp. 248-250. Disponible en Internet: https://revistas.usal.es/index.php/ais/article/view/20183/20660 (Fecha de último acceso 20 de abril de 2020).
OBANDO CAMINO, Iván Mauricio. Fiscalización y sanción administrativa en materia de aguas: comentarios a la reforma de la Ley N° 21.064 de 2018. Revista de Derecho Administrativo Económico, n. 29, enero-junio 2019,
La Rioja modifica el Decreto por el que se aprueba el Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOR número 18. Viernes 14 de febrero de 2020
Temas Clave: Saneamiento; Depuración; Aguas residuales urbanas
Resumen:
El Decreto 39/2019, de 10 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, dispone en su artículo 7.2.3.r) que la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua tiene entre sus competencias la elaboración, coordinación y seguimiento de planes y programas de saneamiento y depuración de aguas residuales.
Además, el artículo 3 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, dice que las Comunidades Autónomas fijarán, previa audiencia de los Ayuntamientos afectados, las aglomeraciones urbanas en que se estructura su territorio.
El
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